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La pavorosa crisis de la COVID-19 y su estela de muerte y sufrimiento, que desnudaron el modelo neoliberal al sacar a flote sus insuficiencias y provocar gran indignación social y mayor demanda de cambios, sobresalieron en Perú durante 2020.
La epidemia de la COVID-19 cayó sobre el país en marzo y puso al descubierto la desprotección social de un sistema estatal de salud en escombros que convive con lujosas clínicas de primer mundo, solo para gente adinerada.
Los hospitales y las salas de cuidados intensivos tuvieron que ser ampliados a marcha forzada, mientras las bolsas de cadáveres desbordaban las morgues y se apilaban en depósitos improvisados y hasta en patios al aire libre.
Escaseaban las medicinas, que las farmacias privadas vendían a precios especulativos por el llamado libre mercado, y largas filas se formaban para comprar a precios de rapiña oxígeno pues los hospitales no tenían suficiente para los contagiados.
Una de las imágenes más impactantes de aquellos días fue la de decenas de miles de hombres, mujeres y niños, migrantes internos que marchaban a pie, en grandes o pequeños grupos, de regreso a sus pueblos de origen, muchos a cientos de kilómetros, huyendo del coronavirus o llevándolo consigo, y del hambre, o que habían quedado en la calle por no pagar la renta de sus viviendas.
Más de 250 médicos fallecidos, al igual que muchos más profesionales de la salud, evidencian que carecían de la protección adecuada y que el personal sanitario, por ser insuficiente, trabajaba con pacientes de coronavirus mucho más tiempo del recomendado.
Solidaridad y confinamiento
El impacto de la COVID-19 tuvo alivio en el denodado esfuerzo de médicos y otros profesionales de la salud, que en las regiones peruanas de Áncash, Arequipa, Ayacucho y Moquegua contaron durante seis meses con el apoyo de 85 integrantes de una brigada médica cubana.
Cerca del final del año, un diario celebraba que por fin Perú había dejado de ser el país con mayor mortalidad, pues otros le habían arrebatado el triste honor y 2020 contaba más de un millón de contagios y cerca de 40 mil muertes.
Un largo confinamiento, con subsidios mínimos para los más pobres y millonarios salvatajes para los grandes empresarios, que además recibieron facilidades para suspender sin salario a sus trabajadores y la crisis disparó las cifras de desempleados.
La admirable resiliencia de los peruanos, acostumbrados a lidiar con terremotos, inundaciones y olas de frío, fue usada por medios y políticos devotos del modelo neoliberal para exhortar a la gente a «reinventarse», o sea, sobrevivir con los quehaceres más insólitos.
Esos panegiristas del libre mercado alegan que al país le pudo ir mucho peor, si no fuera por decenas de miles de dólares guardados como reserva para situaciones como la pandemia, pero muchos preguntan por qué no se usaron antes esos recursos para equipar hospitales, dotarlos de medicinas y preparar más personal de salud.
Crisis económica y social
En lo económico, el largo confinamiento, el cual comenzó a levantarse en julio, dejó una estela de miles de pequeños negocios y no pocos medianos quebrados y una población que descubrió que antes de la pandemia las cosas no iban tan bien como se decía.
Asimismo, la cuarentena contuvo los conflictos sociales que se reactivaron hacia finales de año, con protestas como el bloqueo del acceso a las instalaciones de la trasnacional minera MMG y una huelga del pueblo de Machu Picchu que impidió durante casi dos semanas la visita de turistas al santuario inca del mismo nombre.
Pero la mayor protesta impactó en el buque insignia del modelo neoliberal, la agro exportación, cuyos trabajadores, al no ser escuchadas sus demandas de mejores salarios y condiciones laborales, bloquearon en diciembre la carretera Panamericana en la sureña región de Ica y la norteña de La Libertad.
Los empresarios del sector, que rinde grandes ingresos, disfrutan desde hace más de 20 años de regímenes de excepción, con menores exigencias tributarias y laborales, pese a lo cual se resisten a invertir más en su mano de obra, rasgo esencial del modelo.
Crisis política constante
En lo político, el año abrió con una elección parlamentaria para reemplazar al Congreso disuelto en septiembre de 2019 tras graves contradicciones con el gobierno de Martín Vizcarra y sumido en el desprestigio y la impopularidad.
Las esperanzas de cambio en el nuevo Legislativo que dejaran atrás la política tradicional y el favorecimiento a grandes intereses privados y a ambiciones políticas, se disiparon rápidamente al quedar de lado las promesas electorales de cambio.
El clima de confrontación entre el Gobierno y el Parlamento se convirtió en una guerra de desgaste que el 9 de noviembre derivó en la sumaria vacancia (destitución) parlamentaria de Vizcarra.
Para ello, el mosaico de minorías que conforman el Congreso invocó acusaciones de empresarios, de que sobornaron a Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, por contratos de obras públicas.
La medida desató grandes protestas en todo el país, en las que, según una encuesta, participó más de 40 por ciento de la población y sobre todo jóvenes a los cuales se consideraba descreídos de la política y no defendían a Vizcarra, sino repudiaban al Legislativo.
La protesta incluyó la demanda de una nueva constitución, dando la razón a fuerzas progresistas que en sus análisis sostienen que la de Perú no es solo una crisis política, sino del modelo neoliberal y sus facetas económica, social y político-institucional.
Tres presidentes en poco más de una semana
Solo cinco días bastaron para obligar a renunciar al conservador Manuel Merino, quien como titular del Congreso de la República asumió la presidencia y designó un gabinete ministerial de extrema derecha.
El Parlamento se vio obligado a designar reemplazante a Fransciso Sagasti, escogido, como exigía el rugir de las calles, entre los pocos legisladores que no votaron por la defenestración de Vizcarra, con lo que Perú tuvo tres presidentes en poco más de una semana.
La represión policial contra las protestas dejó dos jóvenes muertos por descargas de perdigones de plomo y cerca de un centenar de heridos, por lo que Merino, su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y su titular del Interior, Gastón Rodríguez, así como varios jefes policiales, son investigados por el Ministerio Público.
Si bien se repitió el ritual de las promesas de cooperación y del inicio de una nueva etapa de concordia entre el Ejecutivo y el Legislativo, las diferencias persisten y hay denuncias sobre una conspiración de la coalición congresal opositora para vacar también al nuevo presidente.
Nadie se anima a apostar que Sagasti, quien solo espera avanzar la reactivación económica y la lucha contra la pandemia y realizar elecciones generales limpias en abril de 2021, logre mantenerse en el cargo hasta el fin de su mandato, en julio próximo.
Vientos de cambio y peligros
La supuesta conjura en marcha, según el diario La República, apunta a postergar los comicios para afrontarlos con buen pie, pues la derecha no ha podido superar sus contradicciones y se presenta dividida.
Por el contrario, las posiciones de la izquierda, que en forma permanente ha reclamado un cambio constitucional, registran un importante avance en las encuestas, pues en dos de estas la demanda fue compartida por 56 y 48 por ciento de los consultados.
La candidata presidencial progresista Verónika Mendoza propuso que en los comicios del 11 de abril de 2021 la ciudadanía decida si quiere o no el cambio de la constitución neoliberal de 1993. Ella ocupa un lugar expectante en los sondeos de opinión, ante lo cual los defensores del modelo dan signos de desesperación.
En ese contexto la demanda de cambios crece, proyectándose sobre las elecciones venideras a favor del progresismo, aunque no debe desdeñarse la posibilidad de una reacción autoritaria de las fuerzas beneficiadas por el modelo vigente desde hace casi tres décadas.
diciembre 30/2020 (Prensa Latina). – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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