En los dos casos, estarán integrados por profesionales «de prestigio de ambos países», informó la institución académica, que señala que en el caso de España, dicho observatorio contará con médicos de hospitales de Ávila, Madrid y otras provincias.

El acuerdo fue rubricado por la directora de DMD México, Amparo Espinosa, y la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, quien señaló que la finalidad de estos observatorios consiste en «estudiar, mediante encuestas y datos, cómo es la situación del dolor, especialmente la del dolor crónico»

Los contactos con Amparo Espinosa comenzaron cuando la directora de DMD México cursaba en esa universidad española el máster en Bioética y Formación, hace varios años.

«Estudiando este título, la percepción que tenía de la muerte digna me cambió completamente y, en parte, esta idea del observatorio del dolor va dentro de este cambio», relató Espinosa.

Según comentó, «en México los cuidados paliativos son muy deficientes, incluso en lugares donde hay unidades de cuidados paliativos, a veces los médicos ni siquiera saben que existen ni qué es», añadió, antes de señalar que el «déficit en el acceso» a medicamentos necesarios para tratar el dolor «es un problema complejo» en su país.

En este contexto,y tras la firma del convenio, Espinosa expresó su esperanza de que con estas encuestas «los datos se empiecen a tener en cuenta para concienciar a las autoridades».

El convenio firmado incluye la realización de diferentes encuestas sobre el dolor, su estudio, el establecimiento de un grupo de especialistas en cuidados paliativos, la creación de alianzas con otros observatorios de esta índole y el trabajo de campo.

La DMD es una asociación civil no lucrativa, auspiciada por la Fundación Espinosa Rugarcía, que trabaja para que las personas puedan afrontar el proceso final de su vida con plena autonomía y con respeto a su dignidad personal, según su página web.

09 junio 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

Además, la misma organización ha advertido a los consumidores contra la compra de ese tipo de productos.

«Los complementos alimenticios a base de colágeno están ganando popularidad en las redes sociales, donde algunos influyentes intentan convencer a los consumidores de los supuestos beneficios de estos productos milagrosos», afirmó la organización en un comunicado.

Añade que, aunque «se supone que hidratan la piel, luchan contra el envejecimiento y mejoran la salud de las articulaciones», los fabricantes «no pueden aplicar tales afirmaciones» sin que existan estudios científicos sólidos en los que puedan basarse.

Según la misma organización belga, «hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado de forma convincente» que estos productos con colágeno tengan «propiedades hidratantes o que prevenga eficazmente el envejecimiento de la piel».

Recuerda que las declaraciones de propiedades saludables como «beneficioso para las articulaciones» e «hidratante» no se pueden utilizar libremente ya que «se rigen estrictamente por la normativa europea y deben ser aprobados por la Comisión Europea».

En ese contexto, la organización señala que, «hasta la fecha, no se ha concedido tal autorización al colágeno, pero algunos fabricantes parecen prestar poca atención a estas normas y las indican en los envases de sus productos».

Por ello, Testachats ha presentado una denuncia ante la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA) y ha advertido a los consumidores que no compren estos suplementos «costosos y sin fundamento científico».

16 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

La amplia suma de fiscales generales busca respaldar un plan federal propuesto por Vivek Murthy, cirujano general de EE.UU. y principal portavoz en asuntos de salud pública en el Gobierno federal, para tratar de atajar la crisis de salud mental en niños y jóvenes derivada del uso abusivo de redes.

En una carta al Congreso, los fiscales reconocen: «(…) a veces discrepamos sobre cuestiones importantes, pero todos compartimos una preocupación permanente por la seguridad de los niños en nuestras jurisdicciones, y las plataformas de medios sociales impulsadas por algoritmos amenazan esa seguridad».

La iniciativa está liderada por los fiscales generales de Nueva York, California, Colorado, Kentucky, Misisipi, Nueva Jersey, Oregón y Tennessee.

Muchos de estos estados han emprendido anteriormente acciones legales contra varias empresas de redes, entre ellas Meta (Facebook e Instagram) y TikTok, pero piden un mayor esfuerzo a Washington en esta batalla contra los efectos nocivos de las plataformas sociales.

Entre otros riesgos que pueden suponer para la salud mental de los niños están la exposición a material intimidante, acoso, drogas ilícitas o contenido sexualmente explícito y abusivo, alegan diferentes estados en sus demandas contra las grandes tecnológicas.

«Al ordenar una advertencia del cirujano general sobre las plataformas de medios sociales impulsadas por algoritmos, el Congreso puede ayudar a disminuir esta creciente crisis y proteger a las futuras generaciones de estadounidenses», se añade en el escrito de hoy.

En un comunicado aparte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, añadió que «la recomendación del cirujano general es un primer y sólido paso» para que la gente conozca los «riesgos asociados» a estas plataformas.

El grupo de fiscales generales que suscribieron la misiva coinciden también en que se debe complementar la advertencia con «mayores inversiones para estimular la investigación y la supervisión de las formas de operar de las plataformas de redes sociales».

Vivek Murthy, que ha citado varios estudios donde entre otras cosas se refleja que los adolescentes que pasan más de tres horas al día en redes duplican su riesgo de depresión, ha llegado a comparar TikTok, Instagram o Facebook con el tabaco.

Hasta ahora, el Congreso ha ignorado la petición de Murthy de presentar un proyecto de ley que exija etiquetas de advertencia, pero el Senado aprobó este verano la Ley de Seguridad Infantil en Internet -una propuesta respaldada por Microsoft, X y Snap-, que obligaría a las empresas tecnológicas a proteger a los niños de contenidos peligrosos en línea y a asumir responsabilidades cuando causen daños.

10 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Desde inicios de este año hasta agosto pasado se contabilizaban 21 casos, el 57,1 %, de ellas el 33,3 % en el grupo de edad de 20 a 29 años.

El Ministerio de Salud precisó que la pandemia de la covid-19, –que debido a su forma de propagación obligó a las familias a permanecer durante meses aisladas en sus casas– afectó la salud mental de muchas personas, causando ansiedad, estrés, soledad y depresión, fundamentalmente.

De ahí, argumentó, la necesidad de trabajar en la prevención con aquellas personas que aun no han superado estos síntomas.

Explicó que los ciudadanos pueden acceder a la línea (809)-200-140 para recibir asistencia de un equipo de profesionales capacitados, quienes les orientarán ante alguna situación que están enfrentando, que pudiera afectar su salud mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una causa de muerte muy extendida en el mundo, sobre todo entre la población joven.

Entre 2007 y 2023, alrededor de 590 personas se quitaron la vida en la República Dominicana, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El mayor porcentaje de muertes por esa causa el año pasado se registró en individuos de entre 25 y 45 años, con un 45,3 %, según la ONE.

Tras este grupo de edad, están las personas a partir de los 65 años (14,2 %), mientras las cifras más bajas corresponden a los menores de 15 años.

06 septiembre 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

En un comunicado, la Universidad revela que en estos centros de reconocimiento de conductores (CRC) se puede estar produciendo también una infraestimación del riesgo, ya que actualmente no interponen restricciones a más del 50 % de las personas a las que detectan enfermedades que, a juicio de los investigadores, realmente sí conllevan un peligro.

El estudio, en el que un grupo de investigadores del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) han analizado la implicación de las condiciones psicofísicas sobre la seguridad vial, señala que en los CRC se suelen diagnosticar, sobre todo, enfermedades relacionadas con déficits visuales, auditivos y perceptivo-motores.

En estos casos sí restringen la conducción al 80 o 90 % de personas diagnosticadas estableciéndoles límites («Apto con restricciones», «Interrumpido» y «No Apto»), pero advierten de que esto no sucede en el caso de otras enfermedades como los trastornos mentales o el consumo de sustancias, que también conllevan un riesgo en los conductores pero, a pesar de ello, solo aplican restricciones en un 50 % de los casos.

«En muchos casos las enfermedades no son detectadas, pero tampoco quienes conducen informan sobre ellas», ha advertido el equipo de científicos, que subraya, por ello, la «necesidad» de colaboración entre los Centros de Salud -en los que se tiene un historial médico de la población conductora- y los centros especializados de la DGT para que, así, se puedan imponer restricciones que garanticen una conducción segura.

Por tanto, los investigadores proponen una evaluación más profunda de los conductores, que incluye pruebas médicas, neuropsicológicas, de personalidad especializadas y también una prueba práctica en la carretera, que no debería dirigirse sólo a la población conductora mayor, sino a todos los que padecen enfermedades.

Según los científicos, este modelo ya se implementa en el Reino Unido, donde cuentan con centros especializados en los que se realiza una evaluación profunda que incluye pruebas neuropsicológicas en simulador y en la carretera.

Los expertos sugieren, además, que los periodos de vigencia del carné de conducir sean inferiores a cinco años a partir de los 70, como ocurre en la actualidad.

También se muestran partidarios de un trámite rutinario -similar al de renovación del DNI- para quienes conducen y no tienen problemas de salud.

06 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Mientras que 343 murieron en la respuesta inmediata a los ataques, sea para rescatar a supervivientes o para retirar escombros, 363 más han fallecido desde entonces por las condiciones tóxicas con que desarrollaron su trabajo ese día y los siguientes.

Las cifras, que publica este jueves el portal Gothamist, fueron comunicadas el miércoles durante una ceremonia en el cuartel central de bomberos de Brooklyn.

«Hemos visto morir a más de 360 compañeros por su valentía y su entrega», dijo el comisario Robert Tucker, en el evento en que se inscribió el nombre de 32 nuevas víctimas en un mural, entre las que se cuentan paramédicos o enfermeros del cuerpo.

Los 352 agentes químicos que se identificaron entre los escombros de la conocida Zona Cero se tradujeron en numerosas enfermedades respiratorias, y en los casos más graves derivaron a cáncer de próstata (900 en total) y de otros tipos.

En total, en la Zona Cero trabajaron 15 500 miembros del cuerpo de bomberos, algunos por periodos superiores a treinta días, lo que les hizo respirar aquella atmósfera contaminada.

05 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

William Bryan, de 70 años, viajó con su esposa al condado de Walton, en el noroeste de Florida, donde comenzó a sentir un fuerte dolor en la parte izquierda de su abdomen y se dirigió al hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast.

Allí le aconsejaron extirpar el bazo, una operación que, pese a que Bryan era renuente a someterse en ese hospital local, finalmente consintió, pero falleció en el quirófano, recogieron medios de Florida.

La intervención, realizada el 31 de agosto por el cirujano Thomas Shaknovsky, consistió en una esplenectomía laparoscópica, pero el especialista le extirpó el hígado en lugar del bazo y, además, le seccionó una arteria que irriga el hígado, lo que condujo a una gran pérdida de sangre y la muerte del paciente.

Según un comunicado de la firma de abogados que representa a la familia, el error del médico no fue notificado de inmediato y Shaknovsky identificó la extirpación de hígado como de bazo.

Incluso el cirujano le explicó a la viuda, que ha denunciado a la institución, que el bazo de su esposo estaba tan enfermo que era «cuatro veces más grande» de lo habitual. Pero el informe de un patólogo señaló que el órgano extirpado y «designado» como bazo era un hígado «visiblemente identificable» que estaba parcialmente desgarrado.

Le «persuadieron»

Antes de su muerte, Bryan se había negado repetidamente a someterse a una cirugía, según muestra el informe operatorio. De hecho, el hombre pidió el alta y dijo que quería conducir hasta Alabama para ver a su médico de cabecera, después de ser admitido en el citado hospital de Florida en agosto pasado.

Según los abogados de la viuda, Shaknovsky y otro médico le «persuadieron» de la conveniencia de someterse a una cirugía debido a un problema con el bazo y le advirtieron sobre las «complicaciones graves» que podría tener si no era operado. El bazo, que nunca fue extirpado, presentaba simplemente un pequeño quiste, según los abogados que representan a la viuda.

El Sacred Heart Emerald Coast, un sistema de atención médica católico sin fines de lucro que tiene 140 hospitales en EE.UU., dijo que investiga el caso.

04 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Hasta 5 400 presentaciones de medicamentos comercializadas y disponibles en farmacias pueden generar efectos o interacciones que influyen en la capacidad de conducción, como somnolencia, visión borrosa, reducción de reflejos o mareos, además de afectar a la percepción de las distancias y provocar alteraciones auditivas.

Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, los grupos de medicamentos que más efecto tienen en la conducción en sus diferentes presentaciones (comprimidos, cápsulas, jarabe o píldoras) son los hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, fármacos para el tratamiento de la gripe o catarros, antialérgicos o antihistamínicos, antiepilépticos, contra el párkinson y frente a trastornos psicóticos.

El responsable del área de divulgación científica del consejo, Carlos Fernández Moriano, ha recordado a los automovilistas que los medicamentos con potencial de afectar a la conducción incluyen un pictograma en su envase y prospecto para su identificación.

Fernández Moriano también ha asegurado que tres de cada cuatro conductores que cogen el coche bajo tratamiento farmacológico reconoce no tener información suficiente sobre el efecto de la medicación.

Por ello ha instado a los conductores a que antes de tomar un fármaco lean el prospecto y comprueben si afecta a la conducción y qué precauciones hay que tomar en carretera.

A pesar de ello, este responsable del Colegio de Farmacéuticos ha subrayado que los medicamentos no siempre producen un efecto negativo en la conducción, «y si está bien tomado permite controlar la patología y mejorar la capacidad del paciente al conducir».

Para controlar los posibles efectos adversos, los farmacéuticos recomiendan evitar conducir al iniciar un tratamiento que potencialmente pueda disminuir reflejos o capacidad visual.

También advierten del consumo conjunto de varios medicamentos por el riesgo de que puedan interaccionar entre sí y provocar determinadas alteraciones en la salud y, por supuesto, instan a no consumir alcohol.

En cualquier caso, alertan de que cada situación debe ser valorada individualmente por un profesional sanitario, ya que un mismo medicamento podría no afectar a una persona y sí hacerlo a otra de forma significativa.

12 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Pero al despertarse en el cuarto día sin electricidad oyó cómo Pamela Jarrett, que utilizaba una silla de ruedas y necesitaba una sonda de alimentación, luchaba por respirar. Pidió una ambulancia, pero Pamela fue declarada muerta en el hospital, y el forense atribuyó su muerte al calor.

«Es muy difícil saber que se ha ido, porque esto no tenía que haberle pasado», Janet Jarrett.

Casi dos semanas después del paso de Beryl, las muertes asociadas al calor durante los prolongados cortes de electricidad han elevado el número de decesos relacionados con la tormenta a al menos 23 en Texas.

La combinación de un calor abrasador y vecinos que no tenían cómo poner en marcha el aire acondicionado en los días posteriores a que la tormenta de categoría 1 tocara tierra el 8 de julio, provocó condiciones cada vez más peligrosas para algunos en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.

Beryl dejó sin luz a casi tres millones de hogares y negocios en el apogeo de los apagones, que duraron días o mucho más, y los hospitales reportaron un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor.

La mayoría de la gente volvía a tener electricidad la semana pasada, tras una semana de apagones generalizados. El lento ritmo en la zona de Houston incrementó las dudas sobre si la compañía eléctrica de la región, CenterPoint Energy, estaba suficientemente preparada.

Aunque podrían pasar semanas o incluso años antes de conocer con certeza el coste humano total de la tormenta en Texas, conocer ese número ayuda a planificar el futuro, según los expertos.

¿Qué se sabe de las muertes por ahora?

Justo después de que impactara la tormenta con fuertes vientos e inundaciones, las muertes incluían personas alcanzadas por árboles caídos y gente que se ahogó cuando sus vehículos se vieron sumergidos por las inundaciones. En los días siguientes fallecieron personas que se cayeron cuando cortaban ramas de árboles dañados o que sufrieron problemas de salud asociados al calor.

La mitad de las muertes atribuidas a la tormenta en el condado Harris, donde se encuentra Houston, estaban relacionadas con el calor, según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris.

Jarrett, que cuidaba a su hermana desde que resultó herida en un ataque hace seis años, dijo que su «descarada» hermana había hecho de todo, desde poseer una tienda de antigüedades en Harlem; Nueva York, a trabajar como artista.

«Tenía mucha personalidad», dijo Jarrett, que dijo que su hermana estaba bien de salud antes de que se quedaran sin electricidad en su casa de Spring.

¿Cuándo se sabrá la cifra total de muertos?

Los cortes de luz y las tareas de limpieza siguen en marcha, y es probable que la cifra de muertos siga subiendo.

Las autoridades aún trabajan para determinar si algunas de las muertes ya ocurridas deberían considerarse relacionadas con Beryl. Pero incluso cuando llegan esas cifras, conseguir una imagen clara del coste de la tormenta podría tomar mucho más tiempo.

Lara Anton, vocera del Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas, que utiliza datos del certificado de defunción para identificar las muertes asociadas a la tormenta, estimó que incluso un conteo preliminar podría tomar hasta finales de julio.

En el sistema de estadísticas del estado hay una opción para indicar si la muerte está relacionada con la tormenta, y se pide a los médicos que certifican la defunción que den más información sobre la conexión entre la muerte y la tormenta, explicó Anton.

Los expertos dicen que si bien un conteo de los decesos asociados a la tormenta resulta útil, un análisis del exceso de mortalidad ocurrido durante y después del meteoro puede dar una imagen más completa del coste. Para eso, los investigadores comparan el número de fallecidos en ese periodo con los que se habría previsto en condiciones normales.

El análisis sobre el exceso de mortalidad ayuda a contabilizar muertes que pueden haber sido pasadas por alto, dijo la doctora Lynn Goldman, decana de la facultad de Salud Pública Instituto Milken de la Universidad George Washington.

¿Qué nos dicen las diferentes cifras?

Tanto la estrategia de contar los certificados de defunción como la de calcular el exceso de mortalidad tienen sus propias ventajas cuando se trata de tormentas, dijo Gregory Wellenius, director del Centro para Salud y Clima de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston.

El análisis del exceso de mortalidad da una estimación mejor del número total de fallecidos, de modo que resulta útil para planificar la gestión de emergencias y salud pública, además de evaluar el impacto del cambio climático, dijo.

Pero «no te dice quién», señaló, y comprender las circunstancias individuales de las muertes por tormenta es importante para mostrar qué es lo que pone en peligro a personas concretas.

«Si sólo te digo que murieron 200 personas, no te cuenta la historia de qué salió mal para estas personas, lo que nos enseña algo sobre qué esperemos que podamos hacer mejor para prepararnos o para ayudar a la gente a prepararse en el futuro», dijo Wellenius.

22 julio 2024|Fuente: AP |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Medios locales relatan que la madre fue sometida a una cesárea en la institución por un costo de 1 000 dólares, pero por complicaciones en la salud del recién nacido, el costo del procedimiento ascendió a 8 300 dólares.

Los familiares intentaron llevar al niño a un hospital público, pero le negaron la salida por la deuda.

Tras el deceso tampoco pudo ser retirado el cuerpo del bebé hasta que la Defensoría del Pueblo intervino varios días después, pues la clínica esperaba un pago de al menos una parte de la deuda.

Para la abogada Sybel Martínez, experta en temas sobre niñez, adolescencia y derechos humanos, hay que clausurar esa clínica donde un recién nacido y su cuerpo fueron utilizados como garantía de pago.

«Estos miserables indolentes, no permitieron a los padres trasladarlo a otra casa de salud, para luego impedirles retirar su cuerpo. Seis días después de su deceso, su cuerpo les fue entregado y eso porque la Defensoría intervino!», manifestó Martínez.

14 julio 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos mil millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales, lo que facilita la circulación de productos adulterados cuya ingestión puede provocar desajustes en la salud de los usuarios y poner en riesgo su organismo.

Al respecto, la agencia sanitaria de la ONU advirtió que estas medicinas pueden contener cantidades nulas o incorrectas de ingredientes activos, representando un peligro significativo para la salud pública.

Entre los factores que promueven dicha problemática está el comercio electrónico de medicamentos a través de fuentes no autorizadas que agravan las consecuencias, además de la complejidad de las cadenas de suministro globales que contribuyen a la distribución de estos productos no autorizados.

Ante esta situación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus subrayó la importancia de adquirir fármacos únicamente a través de farmacias aprobadas y bajo la supervisión de profesionales de la salud, lo cual es crucial para garantizar la seguridad y eficacia de los tratamientos.

La OMS remarcó que cuando los medicamentos no funcionan como deberían, no solo fallan en tratar o prevenir enfermedades, sino que también provocan una pérdida de confianza en las medicinas y en los proveedores de atención médica.

Este fenómeno genera un impacto socioeconómico negativo, contribuyendo a la pérdida de productividad y añadiendo costos al sistema de salud.

La falsificación de medicamentos es uno de los desafíos de salud más urgentes para la próxima década, ya que ningún país tiene los recursos suficientes para abordarlo de manera aislada, por lo que es crucial fortalecer las cadenas de suministro y el acceso a productos médicos seguros y eficaces mediante mecanismos como el Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo de la OMS.

04 julio 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Las causas de estas muertes «aún no han sido verificadas por los médicos» y, por lo tanto, es posible que el número final disminuya, dijo el viernes a la AFP un agente del ministerio de Sanidad japonés.

Muchas personas que habían consumido los mismos suplementos dietéticos, que contienen arroz de levadura roja y se cree que causan problemas renales, también fueron hospitalizadas.

«Aunque la causa directa de hospitalización o muerte no sea la enfermedad renal», ha «quedado claro» que, en algunos casos, el consumo de estos productos ha tenido «indirectamente» repercusiones adversas en el estado de salud de varias personas, indicó la farmacéutica en un comunicado.

La compañía de Osaka, en el oeste de Japón, anunció en marzo la retirada de tres líneas de productos a pesar de que tenía información médica sobre el problema desde el 15 de enero.

El ministerio de Sanidad de Japón ha ordenado a Kobayashi Pharmaceutical un informe diario sobre su investigación interna.

«Hasta ahora [la empresa] no había informado del número preciso de casos examinados, lo cual es extremadamente lamentable», dijo el viernes un portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi.

El arroz de levadura roja (llamado «beni koji» en Japón) se utiliza desde hace siglos en Asia en alimentos, bebidas alcohólicas y en la medicina tradicional china por sus virtudes digestivas y porqué mejora la circulación sanguínea.

Esta levadura contiene una estatina natural, llamada monacolina K, capaz de inhibir la síntesis del colesterol.

28 junio 2024|Fuente: AFP |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

«Se trata de una cifra global ‘a la baja’, ya que en distintos centros y servicios no han querido facilitar los datos, argumentando que dependerá de la evolución futura de la situación». Al respecto, Satse denuncia las dificultades existentes todos los años para conseguir una información que es de interés general.

El cierre programado y progresivo de camas disponibles para el conjunto de la población es una práctica habitual de todas las administraciones sanitarias en los meses de verano, al igual que la suspensión de cientos de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en todos los hospitales y otros centros sanitarios públicos, recuerda.

Por comunidades autónomas, en Andalucía se cerrarán 2 500 camas; 2 079 camas en Cataluña, y en Comunidad Valenciana son 1 002 camas. Un total de 974 en País Vasco; 784 en Galicia; en Extremadura, 617 camas y 600 en Aragón. En lo que respecta a Castilla y León, la previsión es 500 y 490 camas en Asturias.

Por su parte, en Murcia son 300 camas; en Castilla-La Mancha, el cierre previsto afecta a 192 camas; en la Islas Baleares, son 143; y en Navarra, un mínimo de 106 camas cerradas. En Canarias son 70 camas y 54 en La Rioja, mientras que en Cantabria son, al menos, 52 las camas cerradas.

De otro lado, el Sindicato subraya que, un año más, las administraciones públicas no han cubierto el total de las vacantes por periodo vacacional, bajas por enfermedad y otro tipo de situaciones que requerirían sustituir al personal, lo que conlleva un aumento de la sobrecarga laboral para las enfermeras que trabajan los meses de verano.

El porcentaje de personal que no se sustituye llegará hasta el 40-50 % en el caso de alguna comunidad autónoma. «Una realidad que repercute negativamente en la atención a las personas y también en la salud de los profesionales», añade.

Al respecto, Satse apunta que «los porcentajes de sustitución del personal no son datos absolutos, pues se ven ‘maquillados’ precisamente por ese cierre de camas y servicios, que en realidad tiene como objetivo ahorrarse sustituciones moviendo al personal de un servicio a otro».

19 junio 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

La gran mayoría -1 031- de la personas que se quitaron la vida el año pasado fueron varones, frente a las 271 mujeres, según los datos de la citada entidad.

Anteriormente, la tasa de suicidios estaba disminuyendo. Entre 2019 y 2021, alrededor de 1 200 personas se suicidaron cada año en este país centroeuropeo. El aumento, que se registra sobre todo entre los jóvenes, es ‘preocupante, porque los suicidios estaban bajando, y ahora esa cifra es alarmante’, señaló a Efe hoy Alexandr Kasal, investigador del Centro Nacional para la Salud Mental (NUDZ).

‘No sabemos si acabará aquí o cómo continuará’, comentó. Aunque el mayor número de suicidios, en cifras absolutas, se produce en categorías adultas, el incremento ha sido más significativo en las categorías de edad inferiores (de 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 30 a 34). Kasal lo atribuye a los problemas de salud mental que generan las ‘muchas demandas a las que se enfrentan los jóvenes’. ‘Los jóvenes lo tienen complicado, porque entrevén muchas posibilidades y esto les paraliza’, explica. ‘En las redes sociales, donde uno puede ver también en la intimidad de las personas, se enfrentan continuamente a comparaciones’, matiza el experto al comentar un contexto a largo plazo de empeoramiento de la salud mental, con depresión y ansiedad como enfermedades prevalentes.

El problema, añade, es que en las redes sociales ‘se habla sólo de éxito, de ser un tipo ‘top’, de demostrar algo, y no se abordan los fracasos, lo que crea ansiedad’.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas que intentan suicidarse es quince veces el número de suicidios consumados. En la República Checa ese indicador se mide por el número de personas hospitalizadas tras un intento de suicidio, que asciende anualmente a unas 3 000 personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos. ‘Es importante darse cuenta que tras un suicidio no hay una sola causa, sino más bien una combinación’, afirma también Kasal.

Al respecto, aludió a las consecuencias psíquicas de las restricciones impuestas durante la pandemia, que dejaron huella en la salud mental de las personas, así como el desempleo o la inflación. Además, si bien las personas y sus allegados tienen a su disposición servicios sanitarios y teléfonos de emergencia donde pueden recibir ayuda, el experto admitió problemas de acceso a los servicios de salud.

Con todo, a pesar del aumento del pasado año, las cifras en la República Checa son estándar respecto al resto de la Unión Europea (UE). ‘No nos distinguimos, no mostramos una tendencia anormal, sino que estamos en la media de Europa’, asegura Kasal, coautor del plan nacional para la prevención del suicidio 2020-2030 y que trabaja en su aplicación en el marco del proyecto europeo ImpleMENTAL.

El 10 de septiembre es el Día Internacional para la Prevención de Suicidio, y con este motivo en la República Checa, entre otras actividades, se organizará una marcha de los familiares de personas que se suicidaron, con el objeto de lanzar un mensaje de esperanza. Para Kasal, es importante que ‘se hable del tema en los colegios, que no se estigmatice’, algo que ayudará a que las personas busquen ayuda antes.

6/09/2023

Fuente: (SwissInfo) Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

En un artículo publicado recientemente en Advanced Science, investigadores del Instituto Metodista de Investigación de Houston utilizaron un dispositivo nanofluídico implantable inventado por ellos para administrar anticuerpos monoclonales CD40 (mAb), un prometedor agente inmunoterapéutico, a una dosis baja sostenida a través de la semilla nanofluídica liberadora de fármacos (NDES). El resultado, observado en modelos murinos, fue la reducción de tumores a una dosis cuatro veces inferior a la del tratamiento inmunoterápico sistémico tradicional.

«Uno de los hallazgos más interesantes fue que, aunque el dispositivo NDES sólo se insertó en uno de los dos tumores del mismo modelo animal, observamos una reducción del tamaño del tumor sin el dispositivo», afirma la Dra. Corrine Ying Xuan Chua, coautora del estudio y profesora adjunta de nanomedicina en el Instituto Académico Metodista de Houston. «Esto significa que el tratamiento local con inmunoterapia fue capaz de activar la respuesta inmunitaria para atacar otros tumores. De hecho, un modelo animal permaneció libre de tumores durante los 100 días de observación continuada.»

El adenocarcinoma ductal pancreático se diagnostica con frecuencia en estadios avanzados. De hecho, alrededor del 85% de los pacientes ya presentan enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico.

Los investigadores del Houston Methodist están estudiando una tecnología de administración nanofluídica similar en la Estación Espacial Internacional. El laboratorio de nanomedicina de Grattoni en el Metodista de Houston se centra en plataformas implantables basadas en nanofluidos para la administración controlada y a largo plazo de fármacos y el trasplante de células para tratar enfermedades crónicas.

La inmunoterapia es prometedora para tratar cánceres que antes no tenían buenas opciones terapéuticas. Sin embargo, como la inmunoterapia se administra por todo el cuerpo, provoca muchos efectos secundarios que a veces son duraderos, si no de por vida. Al concentrar la administración directamente en el tumor, se protege al organismo de la exposición a fármacos tóxicos y se reducen los efectos secundarios, lo que esencialmente permite a los pacientes sometidos a tratamiento tener una mejor calidad de vida.

«Nuestro objetivo es transformar la forma de tratar el cáncer. Consideramos que este dispositivo es un enfoque viable para penetrar en el tumor pancreático de forma mínimamente invasiva y eficaz, lo que permite una terapia más focalizada utilizando menos medicación», afirma el doctor Alessandro Grattoni, coautor del estudio y director del Departamento de Nanomedicina del Instituto Metodista de Investigación de Houston.

El dispositivo NDES consiste en un depósito de fármaco de acero inoxidable que contiene nanocanales, creando así una membrana que permite la difusión sostenida cuando se libera el fármaco.

Otras empresas de tecnología médica ofrecen implantes intratumorales liberadores de fármacos para terapias oncológicas, pero están pensados para un uso de menor duración. El dispositivo nanofluídico del Houston Methodist está pensado para una liberación controlada y sostenida a largo plazo, evitando el tratamiento sistémico repetido que suele provocar efectos secundarios adversos.

Se están llevando a cabo investigaciones de laboratorio adicionales para determinar la eficacia y seguridad de esta tecnología de administración, pero los investigadores desearían que se convirtiera en una opción viable para los pacientes con cáncer en los próximos cinco años.

Los colaboradores del Instituto Metodista de Investigación de Houston en este estudio son Hsuan-Chen Liu, Daniel Dávila González, Dixita Ishani Viswanath, Robin Shae Vander Pol, Shani Zakiya Saunders, Nicola Di Trani, Yitian Xu, Junjun Zheng y Shu-Hsia Chen.

Esta investigación recibió financiación de Golfistas contra el Cáncer y de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH-NIGMS R01GM127558).

Abril 13/2023 (EurekAlert!) – Tomado de la sección News Release. Copyright 2023 by the American Association for the Advancement of Science (AAAS). Traducido por DeepL Traductor 2023.

En Haití, en cuanto a los casos penales y de homicidio, para que la Justicia pueda investigar correctamente y tomar una decisión objetiva, necesita obligatoriamente fe una investigación forense.

‘La justicia penal no puede funcionar sin la medicina forense. Sea quien sea el criminal, este saldrá en libertad si el tribunal no dispone de información clara que demuestre que esa persona no solo está muerta, sino quién la mató’, afirmó el director del instituto, Jean Armel Demorcy, en declaraciones a EFE.

Sin embargo, esa institución ha dejado de existir en realidad desde hace casi dos años, ante la total indiferencia de las autoridades estatales.

Al servicio de una justicia que no sirve a nadie

‘En 20 años de autopsias periódicas, la justicia nunca me ha llamado para preguntarme qué he encontrado’, aseguró Demorcy, quien señala que desde que se creó el organismo solo ha habido un juicio en el que se haya recurrido al instituto. Y ni siquiera fueron los tribunales, sino organizaciones de mujeres. Para 11 millones de haitianos, solo hay dos médicos forenses.

Uno vive en Haití. La otra persona es una doctora que reside entre Haití y Estados Unidos tras escapar de un intento de secuestro en la nación caribeña. En 20 años se han realizado entre 2.000 y 3.000 autopsias. El último caso emblemático tratado por el instituto antes de que cayera en el abandono fue la autopsia del presidente haitiano, Jovenel Moise, asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

Herramienta fundamental para la justicia

La sociedad va un poco por delante del Estado en este tema. Rara vez la Fiscalía, a través de un juez de la Instrucción, exige una autopsia en el marco de una investigación que está llevando a cabo, criticó el experto. Esto causa un gran impacto entre la población, porque hay muchos casos de muertes sospechosas.

La gente (afectada) te llama, pero no encuentra la respuesta que necesita, porque no hay autopsia, dijo Demorcy. ‘Entonces, es el reino de la impunidad porque no puedes dar explicaciones a la gente.

Esto refleja una disfunción total del sistema judicial, que no puede desempeñar su papel’, afirmó.

Sin embargo, según la ley haitiana, en cualquier caso de muerte sospechosa o violenta, es necesario una autopsia para determinar las causas y las circunstancias.

En la mentalidad haitiana, ninguna muerte es natural. De ahí la importancia de una herramienta como el Instituto Médico Legal. ‘No se debe enterrar a alguien que ha muerto de forma sospechosa o violenta sin una autopsia’, dijo Demorcy, calificando de violación flagrante de la ley la abrumadora mayoría de casos de personas que han muerto de forma sospechosa o violenta enterradas sin autopsia.

La medicina forense deja de existir

‘Esto significa que el Estado no existe. Esta es una de las oportunidades que tiene el Estado de manifestarse.

Esto es para garantizar el orden social. De lo contrario, es el reino de la impunidad, es el reino del ajuste de cuentas’, se lamentó. Advirtió, a manera de ejemplo, que ‘cuando matan a tu familia y el Estado no puede garantizar el esclarecimiento de las circunstancias para condenar al agresor, cuando conoces al agresor, la venganza parece inevitable’.

Sin laboratorio, sin personal, sin material y sin presupuesto, la medicina forense en Haití está colapsada.

Las consecuencias de su inexistencia son investigaciones que se prolongan indefinidamente y la prolongada detención preventiva que domina el sistema judicial haitiano desde hace al menos dos décadas.

Desde 2002 hasta hoy, apenas se han nombrado dos empleados. Un secretario y un administrador. El resto del personal técnico que se espera que dirija el instituto forense nunca es de la incumbencia del Estado.

Un instituto totalmente disfuncional

‘La gota que colmó el vaso se produjo a finales de 2021, el instituto se encuentra en una situación totalmente disfuncional’, afirmó Demorcy.

El último dinero que se recibió del Ministerio de Justicia fue en 2021. Después, nada. En 2012, el órgano de investigación criminal fue dotado de un marco jurídico mediante un decreto que lo sitúa bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, que debe garantizar su funcionamiento, incluso dotándolo de material, y del Ministerio de Salud Pública, que debe nombrar a su personal. A pesar de las peticiones para el aumento del personal, nunca se ha hecho.

Por ello, en 2021 se constató que el instituto ya no funcionaba. ‘Ya no realizamos autopsias. Somos totalmente disfuncionales. En estos momentos no podemos realizar ninguna pericia’, sentenció Demorcy.

marzo 05/2023 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

A través de un comunicado, ANAR recuerda que es ‘positivo’ hablar de las conductas suicidas ‘para evitar que el suicidio se convierta en un tema tabú’, pero insiste en la necesidad de que no se difundan los procedimientos que se llevan a cabo para quitarse la vida.

Un comunicado que ha querido emitir tras las noticias aparecidas en los últimos días sobre casos de posibles suicidios en los que están implicados menores de edad.

Y se remite al estudio recientemente publicado sobre ‘Conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España (2012-2022)’ que se realizó a partir de las casi 600 000 peticiones de ayuda recibidas a través de sus líneas de ayuda a lo largo de los diez últimos años.

ANAR ha ayudado a 9 637 menores de edad que expresaron conductas suicidas, ya fuera ideación o intento de suicidio. De estos, 3 097 se pusieron en contacto con la fundación cuando ya habían iniciado el intento de suicidio.

El 63,8 por ciento de estos casos atendidos se ha concentrado en los últimos tres años, coincidiendo con la pandemia.

‘Los medios de comunicación tienen un papel creciente en la socialización de las personas, y por ello pueden jugar un papel activo en la prevención del suicidio’, recalca ANAR.

La fundación se une a estas recomendaciones para los medios de comunicación:

– Evitar emplear calificativos que hagan el suicidio deseable y atrayente como ‘rápido’, ‘sencillo’ o ‘indoloro’.

– No asociarlo a actos de heroicidad, glorificación, romanticismo o valentía, que lo justifiquen o normalicen.

– No utilizar titulares excesivamente alarmistas.

– No describir explícitamente el lugar, el método usado y cómo lo obtuvo la víctima, ni otros detalles de la muerte que puedan resultar ofensivos para ellos, sus familiares y entorno social. Mucho menos si pueden contribuir a su imitación. La referencia a ciertos escenarios asociados con el suicidio aumenta el riesgo de que se recurra a ellos.

– Evitar dar una visión simplista, ni basada en la especulación, como por ejemplo ‘se suicida por acoso’.

El suicidio es un fenómeno multifactorial que nunca se puede atribuir a una sola causa

– En lugar de centrarse en casos aislados, ofrecer estadísticas y datos objetivos, de fuentes confiables, contextualizando el problema social y contando con expertos/as en conducta suicida.

– No utilizar fotografías del entorno en el que se ha producido el suicidio, ni que reproduzcan la nota de suicidio, o de los bancos de imágenes que muestren métodos de suicidio.

– Extremar la precaución cuando el suicidio es de una persona famosa o provoca especial alarma social por su edad, el método elegido o la situación en la que se gestó.

– Referirse a la muerte por suicidio como un hecho, no como un logro o forma de afrontamiento. Y a las personas afectadas como personas con conducta suicida.

– Evitar los estereotipos de género, étnicos, de condición sexual, cultural o socioeconómica de las personas.

– Enfocar la información desde una perspectiva positiva, de recuperación, como un problema que se puede superar. Puede resultar muy útil contar con testimonios de personas que lo hayan superado.

– Informar sobre factores de riesgo o protección y señales de alarma puede contribuir a prevenir el suicidio.

– Tener siempre en cuenta el impacto sobre las familias y otros sobrevivientes en términos del estigma y el sufrimiento psicológico.

febrero 25/2023 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

En tanto, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 cayó al cuarto lugar entre las 10 principales causas al provocar 30 680 fallecimientos entre enero y junio de 2022 tras ocupar el primer lugar en el mismo periodo de 2021, cuando el Inegi documentó 139 820 defunciones relacionadas.

La segunda causa de muerte en el primer semestre del año pasado fue la diabetes, con 59 996, y la tercera fueron los tumores malignos (44 533).

Siguen las enfermedades del hígado en quinto lugar (20 608 muertes), las enfermedades cerebrovasculares (18 632) y los accidentes (18 258).

La lista la terminan los homicidios (15 561), la influenza y neumonía (14 805), y las enfermedades pulmonares (9 433).

Esto implica que cerca de cuatro de cada diez defunciones estuvieron relacionadas con enfermedades del corazón y diabetes en México, que ocupa los primeros lugares del mundo en sobrepeso y obesidad.

A diferencia de otros años, las tres principales causas de muerte fueron las mismas en hombres y mujeres. Los datos del Inegi provienen de los registros administrativos de los certificados de defunción del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos del Ministerio Público. El organismo autónomo documentó en la primera mitad de 2022 un total preliminar de 439 878 fallecimientos, un decremento de 144 272 frente al mismo periodo de 2021.

En medio de la pandemia de covid-19, que ha dejado más de 330 000 muertes reconocidas en México, el país registró los dos años con más fallecimientos por cualquier causa en 2021, con más de 1,12 millones, y en 2020, con cerca de 1,08 millones, según el Inegi.

De las muertes registradas en los primeros seis meses de 2022, el 56,5 % fueron de hombres, el 43,4 % de mujeres y el resto de género no especificado. Los hombres tuvieron una tasa de 39,69 muertos por cada 10 000 habitantes, mientras que las mujeres una de 29,03. La principal diferencia entre los géneros fueron los homicidios, que representaron la séptima causa de muerte de los hombres, con 13 495 decesos, mientras que en las mujeres no figuró dentro de las 10 principales.

enero 25/2023 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El estudio sobre la Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022) analiza casi 600.000 peticiones de ayuda relacionadas con conducta suicida que responden a los múltiples tanteos que hacen los menores que necesitan varias llamadas para expresar lo que les ocurre y casi 10 000 intervenciones, y constata que en diez años los intentos de suicidio se han multiplicado por 26.

En total, la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), que tiene una línea de ayuda telefónica a través de los números 900 202010 y 600 505152, ha atendido en los últimos diez años 9 637 casos de conductas suicidas de niños y adolescentes, de los que 3 097 ya habían iniciado la tentativa de quitarse la vida.

‘¿Qué habría sido de estos 3 097 niños en situación extrema si la Fundación ANAR no hubiese intervenido?’, se ha preguntado, en rueda de prensa, el director de programas, Benjamín Ballesteros.

También la ideación suicida suma en estos tres años el 63 % de las intervenciones atendidas, de las que 2 278, el mayor pico de la década, han tenido lugar en estos últimos ocho meses.

En rueda de prensa, la directora de las líneas de ayuda de ANAR, Diana Díaz, ha subrayado que la conducta suicida es síntoma de un problema serio que hay detrás, pero ‘la visión de túnel’ del menor le impide ver la salida.

El objetivo de ANAR es ayudar a los menores a buscar una solución, conseguir apoyo para su entorno familiar e identificar dónde tienen que acudir, para ello hay una guía de recursos sociales con más de 16 000 puntos de ayuda.

El hecho de que los casos se disparen en los años de la covid se debe a la plena digitalización de los menores y a que la pandemia ha acrecentado problemas de salud mental con un aumento de las autolesiones, que son un predictor de la conducta suicida, ansiedad, depresión y trastornos de conducta.

El perfil del menor con conducta suicida

El 57 % de las llamadas a los teléfonos de ayuda de ANAR las realizan niños y adolescentes si bien han crecido las de amigos o conocidos e incluso educadores, que suman ya el 45 %.

Cuando la consulta la realiza una persona adulta en el 85 % de los casos se trata de un familiar y en el 71 %, de la madre.

La edad del niño o adolescente con conducta suicida se mueve en un intervalo de 13 a 17 con una media de 14 años en el caso de ideación y de 15 cuando es tentativa.

El nivel de estudios en un 62,6 % de los casos es alumnado de Secundaria, un 14,8 % está en Primaria y un 13,9 % cursa Bachillerato.

Destaca que el rendimiento es bajo en el 56 % de los casos, igual que la satisfacción escolar (66,7 %). No ocurre lo mismo con los menores de 10 años donde se observa un rendimiento y satisfacción alto.

Crecen las consultas de menores de familias migrantes

Las consultas por conducta suicida de menores de familias migrantes prácticamente se han duplicado en los últimos años pasando del 24 % en 2019 al 41 % este año.

De hecho, una adolescente de 13 a 17 años, de familia migrante, víctima de agresión sexual, con antecedentes de fuga y autolesiones es uno de los perfiles más frecuentes y cuando entra en contacto con ANAR ya ha iniciado el intento de suicidio.

Nueve de cada diez menores que presenta esta conducta vive con algún familiar, el 47,6 % con ambos progenitores y un 28 % solo con su madre. A lo largo de estos años, el porcentaje de familias monoparentales se ha ido reduciendo, mientras que ha ido aumentando el de familias migrantes.

Acoso escolar, ciberbulling y agresión sexual

El acoso escolar y el ciberbulling son el problema que más predomina entre los menores con ideación suicida, seguido del maltrato físico y psicológico y la agresión sexual por alguien cercano a la víctima.

También la violencia de género padecida en el entorno puede tener un efecto traumático generando miedo, terror e impotencia.

En el 70 % de los casos, los menores sufren estas situaciones diariamente y un 68 % lleva más de un año con el problema que en el 86 % de los casos es de gravedad alta.

Pese a este escenario, solo el 44 % de los niños ha recibido tratamiento psicológico.

diciembre 01/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Y es que, según recientes estudios, las agresiones sexuales con sumisión química de las víctimas suponen ya el 20,9 por ciento de los casos. La principal droga utilizada en estas violaciones es el alcohol, si bien los agresores emplean también otras sustancias psicotrópicas, como la escopolamina (SCP), más conocida como burundanga, que es muy difícil de detectar porque su rastro desaparece de forma muy rápida en el organismo.

El nuevo test ideado por los investigadores del Instituto IDM de la UPV, el CIBER-BBN y el BAM permite detectarla rápidamente, ‘en apenas quince minutos’. Para ello, se ha diseñado una tira reactiva sobre la que se deposita un nanosensor basado en nanopartículas cargadas con un indicador fluorescente (rodamina B) y funcionalizado con una puerta molecular que responde específicamente en presencia del estupefaciente. Para su lectura se utiliza algo tan cotidiano como un teléfono móvil.

‘Con un móvil y en menos de un cuarto de hora podremos saber si ha habido un intento de agresión sexual por sumisión química con esta droga. Para ello bastará con tomar una pequeña muestra de saliva o de la bebida y sumergir la tira; si hay droga, el nivel de fluorescencia aumentará rápidamente, debido a la liberación del colorante del nanosensor depositado. Una vez han transcurrido los 15 minutos se toma una foto con el teléfono móvil donde comparándolo con una muestra que no contiene el estupefaciente se puede comprobar verdaderamente la presencia de burundanga’, ha explicado la investigadora del Instituto IDM en la Universidad Politécnica de Valencia, Eva María Garrido García.

Además de para la detección de burundanga, el test desarrollado por el equipo de la UPV, el CIBER-BBN y el BAM permite detectar MDPV (metilendioxipirovalerona), la llamada droga caníbal, de forma simultánea y usando la misma muestra de saliva o bebida. Además, podría ampliarse a otras sustancias.

‘La sustancia psicoactiva más comúnmente asociada a las agresiones sexuales con sumisión química es el alcohol, pero hay drogas en circulación que pueden llegar a incapacitar a la víctima. Entre ellas está la droga caníbal, pero también la ketamina, el GHB o el flunitrazepam. Nuestro sistema, gracias a su versatilidad, puede adaptarse también para la detección de estas y otras sustancias en muestras líquidas. Y lo que es más importante, en cualquiera de los casos, puede ser utilizado por cualquier persona, sin necesidad de tener un conocimiento experto’, ha destacado el investigador Ramón Martínez Máñez.

El equipo del IDM y el CIBER-BBN validó estos nuevos test en diferentes ensayos de liberación cinética desarrollados en sus laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia y en colaboración con el Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) de Berlín.

noviembre 28/2022 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, presentó un documento inicial sobre la legislación prevista para regular la distribución y el consumo controlados de cannabis con fines recreativos entre los adultos.

La adquisición y posesión de entre 20 y 30 gramos de cannabis recreativo para consumo personal también pasaría a ser legal.

El Gobierno de coalición llegó a un acuerdo el año pasado para introducir una legislación durante su mandato de cuatro años que permita la distribución controlada de cannabis en tiendas autorizadas.

Muchos países de la región ya han legalizado el cannabis para fines medicinales limitados, incluida Alemania desde 2017. Otros han despenalizado su uso general, pero no lo han legalizado.

Según el documento, el autocultivo privado se permitiría de forma limitada. Además, las investigaciones en curso y los procedimientos penales relacionados con casos que ya no son ilegales se terminarán.

El Gobierno también introducirá un impuesto especial sobre el consumo y desarrollará programas de educación y prevención del abuso de cannabis.

La legalización del cannabis podría reportar al país unos ingresos fiscales anuales y un ahorro de costos de unos 4 700 millones de euros (4 700 millones de dólares) y crear 27 000 nuevos puestos de trabajo, según una encuesta realizada el año pasado.

Alemania presentará el documento a la Comisión Europea para su evaluación previa y solo elaborará un proyecto de ley cuando la Comisión apruebe el plan, añadió el ministro.

‘Si la Comisión de la UE dice que no al enfoque actual de Alemania, nuestro Gobierno debería buscar soluciones alternativas. No limitarse a decir: Bueno, hemos hecho todo lo posible’, dijo Niklas Kouparanis, director general del Grupo Bloomwell, una de las mayores empresas alemanas de cannabis.

La asociación de farmacéuticos de Alemania advirtió de los riesgos para la salud de la legalización del cannabis y dijo que pondría a las farmacias en un conflicto médico.

octubre 27/2022 (Reuters) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Un grupo de trabajo perteneciente al Consejo Legislativo, órgano asesor del Ministerio de Justicia, presentó un borrador con las recomendaciones, reseñó la prensa nacional.

El texto propone castigos de más de cinco años de prisión para las personas que tengan relaciones sexuales con un niño por debajo del nuevo límite propuesto, excepto si se trata de otro menor con la misma edad o cercano al rango.

Los expertos promueven además integrar los delitos de relaciones sexuales forzosas y cuasi forzosas en las disposiciones legales, así como incluir entre las violaciones al estatuto aquellos actos en los que no se utiliza la ‘agresión o amenaza’

A propósito, la nueva ley castigaría los actos sexuales que se hacen ‘difíciles de rechazar’ teniendo en cuenta ocho razones específicas, entre las cuales figuran causar miedo debido a circunstancias inesperadas, preocupación por las desventajas debidas a las diferencias de estatus económico o social, control psicológico e influencia de sustancias tóxicas.

También pretende establecer como nuevos delitos el voyeurismo (comportamiento sexual que consiste en buscar placer en la observación de otras personas en situaciones eróticas), regulado hasta ahora por ordenanzas municipales, y el grooming (ciberacoso sexual cometido por adultos a niños o adolescentes para luego abusar de ellos o incluirlos en redes de pornografía).

El objetivo de la propuesta es actualizar el Código Penal según las nuevas realidades asociadas a los delitos sexuales y en respuesta a solicitudes realizadas por las víctimas. La última revisión de este tipo tuvo lugar en 2017 tras 110 años de invariabilidad, destacó el sitio digital del periódico

octubre 24/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Reyero publicó este lunes 3 de octubre el libro ‘Morirán de forma indigna’, editado por Libros del K.O., sobre las circunstancias en las que murieron miles de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid-19 y sobre las decisiones políticas que se tomaron aquellos días.

El título reproduce una frase que le escribió al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 22 de marzo de 2020, cuando conoció los protocolos que impedían el acceso a los hospitales a determinadas personas.

En una entrevista con la Agencia Efe, Reyero afirma que decidió escribir el libro cuando el Partido Popular (PP ) y Vox tumbaron en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias después de las elecciones de mayo de 2021.

‘Me fui en silencio (el 2 de octubre de 2020) con la esperanza de poder explicar mi gestión durante ese periodo, pero se me bloqueó la oportunidad de hacerlo y decidí escribir un libro para entender mejor lo que pasó’, explica precisamente cuando se cumplen dos años de su dimisión como consejero del primer Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Mucha gente se hubiera salvado con una atención adecuada

Al ser preguntado si se podrían haber evitado los miles de muertes que hubo en las residencias, responde: ‘Nunca lo sabremos’.

‘Si cualquiera de nosotros nos ponemos malitos, lo normal es que nos lleven a urgencias y a un hospital para que nos curen, pero esa oportunidad se impidió a muchas personas con una situación de dependencia no muy elevada. Una persona, por ir en silla de ruedas o por estar en una residencia, no podía optar a entrar en un hospital’, señala.

Tampoco se les ofrecieron otras alternativas porque podrían haber sido atendidos en las propias residencias o se les podrían haber dado camas en los hospitales privados, pero ‘no se derivó a nadie a las camas de los hospitales privados, excepto si tenían una póliza privada‘, indica.

El exconsejero se muestra convencido de que hubiera habido gente que se hubiera salvado si hubiera tenido una atención adecuada, pero ‘en cualquier caso, los que hubieran muerto lo hubieran hecho en unas condiciones mucho más dignas y no simplemente aplicándoles morfina y sedación, como ocurrió en muchos casos, por los testimonios que conocemos de las propias residencias’.

Los protocolos, una auténtica aberración

Los protocolos de derivación de las residencias a los hospitales fueron, a su juicio, ‘una auténtica aberración’, algo que ‘como sociedad no nos podemos permitir porque es una discriminación absoluta y una vulneración de derechos fundamentales de las personas mayores, que tienen el mismo derecho que los demás a recibir atención sanitaria y hospitalaria’.

Reyero rechaza el edadismo de la sociedad española -la discriminación hacia las personas de más edad- que respiró aliviada, una vez que conoció que la covid-19 afectaba fundamentalmente a personas mayores y se extendió la idea de que ‘les tocaba morir’.

‘Me rebelo ante esa discriminación que me parece absolutamente injusta’, asevera el exconsejero antes de subrayar que ha escrito el libro ‘por los que estuvieron, por los que están y por los que estaremos, porque al final todos llegaremos a esa situación’.

‘Cuando tengamos 80 años y estemos en una silla de ruedas en una residencia, ¿admitiremos que no se nos derive a un hospital por nuestra propia condición? Me parece un tema ético que como sociedad democrática avanzada no nos podemos permitir’, recalca.

Precisa que conoció los protocolos cuando ya estaban enviados y que no participó ‘en ningún momento’ en su elaboración, que comenzó el 13 de marzo de 2020, siendo la Comunidad de Madrid la única región en la que se utilizaron esos procedimientos por escrito.

octubre 03/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Nota:

El Partido Popular (PP)es un partido político español situado entre el centroderecha​​ y la derecha política​​​. Fue fundado el 20 de enero de 1989 para sustituir a la antigua Alianza Popular

Vox ​​​ es un partido político español de ideología ultraconservadora​​ y ultranacionalista​​​​ fundado el 17 de diciembre de 2013. Vox está calificado por especialistas​ como un partido de ultraderecha, ​ de derecha radical, populista​ o de extrema derecha.​​

La cantidad de ex soldados que solicitan un reembolso del gobierno por las compras de cannabis medicinal aumentó desde unas 100 en 2014, cuando Health Canada introdujo nuevas reglas, a más de 18 000 en la actualidad, según datos del gobierno.

La auditoría encontró que se gastaron en marihuana un total de 156 millones de dólares canadienses (USD 118 millones) en el último año, más que en todos los demás medicamentos recetados combinados, y se prevé que esto se duplique a 321,5 millones de dólares canadienses (USD 243 millones) para 2026.

«Cada vez más veteranos buscan reembolsos por CMP (cannabis con fines médicos), ya sea porque los tratamientos convencionales no logran aliviar su dolor o porque causan efectos secundarios negativos», dijo el informe.

El 80 % usó tres gramos de marihuana o menos por día.

El informe reveló que a 45 veteranos se les había recetado cannabis medicinal a pesar de haber sido diagnosticados con un trastorno por abuso de sustancias. Y 195 ex soldados que compraron marihuana también recibieron reembolsos por antidepresivos, antipsicóticos, benzodiacepinas u opioides.

En un tercio de los casos no había pruebas de que un médico hubiera recetado cannabis al veterano, y en muchos otros hubo poco o ningún seguimiento médico.

Los auditores concluyeron que el departamento de Asuntos de Veteranos debe mejorar la supervisión del programa y «comprometerse con los expertos en salud para desarrollar una política más sólida y un marco de monitoreo que apoye las necesidades de salud de los veteranos y sus familias».

En Canadá el uso recreativo del cannabis es legal desde 2018 y el uso médico está autorizado desde 2001.

septiembre 16/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Las cifras afloraron cuando la víspera se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio por medio de una gran campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pretende concientizar, sensibilizar y movilizar a toda la población sobre la importancia de la salud mental, en especial en la prevención del suicidio.

Los datos a nivel mundial son alarmantes cuando cada 40 segundos una persona se privó de la vida antes de la pandemia de la covid-19, cifra que este año puede llegar a cada 30 segundos, mientras que cada dos una persona en el mundo tiene pensamientos suicidas.

En El Salvador, durante la década anterior, las inmolaciones afectaron a la población de hombres de manera mayoritaria y las armas de fuego, los plaguicidas, la intoxicación y el ahorcamiento fueron de los métodos más frecuentes utilizados.

Durante los últimos 12 años, en promedio 80-85 por ciento de los suicidas fueron masculinos y un 15-20 por ciento mujeres.

septiembre 12/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

«Estableceremos sistemáticamente un marco para que los servicios médicos se brinden con certeza en caso de una emergencia», señaló el primer ministro, Fumio Kishida, en la 97 reunión del grupo de trabajo a cargo del enfrentamiento a la pandemia.

Las sanciones se impondrán a los hospitales de atención médica avanzada y a los de apoyo regional ante violaciones contractuales, los cuales perderán sus designaciones especiales y la posibilidad de ser elegibles para la remuneración preferencial por servicios médicos, reseñó la prensa nacional.

Serán penalizadas también las personas sospechosas de poseer el SARS-CoV-2 que ingresen al territorio nacional y no informen sobre su estado de salud durante el periodo de cuarentena, como parte de los protocolos de bioseguridad.

Estas medidas integran un nuevo paquete gubernamental dirigido al manejo de futuras contingencias sanitarias, el cual incluye además la creación de una agencia de gestión de crisis de enfermedades infecciosas, comunicó la oficina de Kishida.

Asimismo, se establecerá un mecanismo para la atención ambulatoria, el refuerzo de las funciones e infraestructura de los centros de salud, el aseguramiento de suministros, la mejora del sistema de vacunación y la garantía de la eficacia de las medidas preventivas.

Los proyectos de ley que ampararán las sanciones a hospitales y personas naturales, así como el surgimiento de la nueva instancia oficial, se discutirán este año en una reunión extraordinaria de la Dieta (Parlamento bicameral) y en la sesión ordinaria de 2023 respectivamente.

 septiembre 03/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

«Firmé el Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 242 de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados; una de las regulaciones más sólidas a nivel regional, para permitir el consumo del cannabis procesado y dar alivio a miles de pacientes», ha expresado el presidente panameño en su cuenta de Twitter.

Cortizo ha anunciado, además, la creación de la Dirección Nacional para el Monitoreo de las Actividades Relacionadas con el cannabis medicinal, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, para el control, vigilancia y supervisión de las actividades requeridas».

Las personas que podrán consumir cannabis en el país centroamericano serán aquellas con prescripción médica, siguiendo un fuerte control y supervisión a través de un «riguroso y confiable sistema de registro de pacientes».

«El propósito de todo esto es que Panamá tenga el mejor modelo de gestión para la industria del cannabis medicinal. Nuestra intención es promover en el mediano y largo plazo el establecimiento de empresas locales y extranjeras que puedan abastecer el mercado interno utilizando materias primas producidas en Panamá», ha indicado Cortizo en declaraciones recogidas por ‘Corteo’.

septiembre 01/2022 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El año pasado se suicidaron 164 mil personas, un aumento de 7,2 por ciento con respecto a 2020, cuando ocurrieron 153 mil casos de este tipo.

La cifra fue de alrededor de 139 mil en 2019, según registros publicados.

En 2021, la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes se situó en 12, que es el nivel más alto desde 1967, de acuerdo con el diario Hindustan Times.

La mayor cantidad de incidentes de este tipo se registró en Maharashtra con 22 mil 207 y le siguieron Tamil Nadu (18 mil 925), Madhya Pradesh (14 mil 965), Bengala Occidental (13 mil 500) y Karnataka (13 mil 56).

Según el informe, estos cinco estados suman el 50,4 por ciento del total de suicidios en el país.

Los problemas domésticos y las enfermedades fueron la principal causa de estos casos en la India el año pasado, con el 33,2 y el 18,6 por ciento, respectivamente, del total.

En cuanto a la profesión, los asalariados son el grupo más numeroso en estas pérdidas de vida por segundo año consecutivo, con más de 42 mil, uno de cada cuatro en 2021.

También en 2020, los jornaleros representaron la mayor parte de estos decesos, con 37 mil 666 de 153 mil 52, mientras miles de trabajadores perdieron sus medios de vida durante los dos primeros años de la pandemia de covid-19.

Un total de 10 mil 881 personas del sector agrícola murieron por esta vía en 2021 y las amas de casa representaron el 51,5 por ciento de los suicidios femeninos (23 mil 179 de 45 mil 26), señaló el informe.

agosto 30/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Las diferencias del estado de salud entre individuos a edades avanzadas son el resultado de las predisposiciones genéticas y las respuestas fisiológicas al estilo de vida, la alimentación o la calidad del sueño a lo largo de la vida.

Un equipo internacional, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sugiere dos vías para estimar la edad biológica con mayor poder predictivo que las ya existentes y sintetizan información de medidas de salud como la talla, el peso o la presión arterial. El trabajo, que se publica en la revista PNAS Nexus, muestra que la edad biológica puede predecir la esperanza de vida de una persona.

“Tener una edad biológica superior a la cronológica implica un mayor riesgo de morir a una edad temprana. El cálculo de la edad biológica es relativamente fácil porque se utiliza información que se obtiene de manera rutinaria: talla, peso, presión arterial y medidas bioquímicas de sangre, como glucosa o colesterol. Esto podría ayudar al diagnóstico temprano del deterioro fisiológico y anticipar posibles problemas de salud y otras condiciones de salud subyacentes”, dice Alberto Palloni, investigador del CSIC en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía.

La investigación propone dos vías de estimación: la estimación dependiente y la estimación no-dependiente.  En ambos casos, el deterioro biológico se obtiene a través de un modelo de ecuaciones estructurales (una técnica de análisis estadístico multivariante) y se asocia con información adicional.

“En la estimación dependiente el deterioro biológico se asocia con el riesgo de morir, de forma que la edad biológica resultante es un indicador muy preciso de muerte prematura. Esta forma de estimación permite asociar el deterioro biológico no solo con el riesgo de morir sino con otros indicadores de enfermedad futura, por ejemplo, el riesgo de tener una discapacidad o una enfermedad cardiovascular. Por su parte, en la estimación no-dependiente el deterioro biológico se asocia con la edad cronológica para estimar la edad biológica, no depende de información adicional”, apunta el investigador del CSIC.

El impacto de una mayor edad biológica

En el trabajo, en el que, además del CSIC, participan científicos de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y de la Universidad de Wisconsin, se ha empleado la base de datos sobre salud más grande de Estados Unidos, la National Health and Nutrition Examination Survey, que incluye información sobre 9.389 hombres y mujeres de entre 30 y 75 años. Estos individuos fueron entrevistados entre 1988 y 1994 y durante esos años se les tomaron diferentes medidas de salud. Además, se les hizo un seguimiento hasta diciembre de 2015 para saber cuántos de ellos habían fallecido.

“Los datos analizados sugieren que el deterioro fisiológico avanza más rápidamente entre las mujeres, las personas con menor educación y las personas de origen mexicano y afrodescendientes no hispanos en Estados Unidos. Es decir, los individuos más desfavorecidos tienen una edad biológica mayor y, por tanto, un envejecimiento acelerado”, comenta Hiram Beltrán-Sánchez, profesor en el departamento de Ciencias de la salud comunitaria de UCLA. Entre las mujeres, por ejemplo, el riesgo de morir aumenta 129 % por cada año de edad biológica superior a la edad cronológica. En el caso de los hombres, el riesgo es algo menor, alrededor del 124 %.

Los resultados, que se han obtenido en el marco del proyecto ERC Advanced Grant ECHO, liderado por el investigador del CSIC, aportan información relevante sobre la esperanza de vida a partir de los 65 años. “Desde de esa edad, cuando la edad biológica supera en un año a la edad cronológica supone una reducción de la esperanza de vida en torno a dos años. Si la edad biológica es cinco años superior, la disminución es aún mayor, llegando a vivir en promedio nueve años menos. Lo sorprendente ha sido comprobar cómo pequeños incrementos en la edad biológica con respecto a la edad cronológica se traducen en un mayor riesgo de morir”, señala Beltrán-Sánchez.

Enfermedades futuras y mortalidad temprana

Los indicadores de edad biológica ya se están empezando a usar en el área clínica. “Aquellos que utilizan información biológica como la que proponemos y los indicadores epigenéticos han sido implementados como medidas alternativas de la edad biológica de las personas. Estos indicadores, que suelen denominarse relojes biológicos, se usan como medidas del posible deterioro fisiológico que ha acumulado el paciente y estarían relacionados con el desarrollo de enfermedades futuras”, apunta Palloni.

Aunque el estudio no incluye indicadores epigenéticos en la estimación de la edad biológica, los autores indican que su método tiene el potencial de poder añadir dicha información y lograr así una mayor precisión de predicción.

 agosto 29/2022 (SINC)

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania, recoge que Moderna considera que la vacuna de Pfizer y BioNTech «infringe» las patentes que Moderna presentó entre 2010 y 2016 sobre su tecnología ARNm.

«Esta tecnología innovadora fue fundamental para el desarrollo de la propia vacuna de COVID-19 de ARNm de Moderna. Pfizer y BioNTech copiaron esta tecnología, sin el permiso de Moderna, para hacer su vacuna», ha sentenciado la compañía en un comunicado.

«Estamos presentando estas demandas para proteger la innovadora plataforma tecnológica de ARNm en la que fuimos pioneros, en cuya creación invertimos miles de millones de dólares y que patentamos durante la década anterior a la pandemia de COVID-19. Esta plataforma, que empezamos a construir en 2010, junto con nuestro trabajo patentado sobre los coronavirus en 2015 y 2016, nos permitió producir una vacuna segura y altamente eficaz contra la COVID-19 en un tiempo récord después de la pandemia. Mientras trabajamos para combatir los retos sanitarios en el futuro, Moderna está utilizando la plataforma tecnológica de ARNm para desarrollar medicamentos que podrían tratar y prevenir enfermedades infecciosas como la gripe y el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), así como enfermedades autoinmunes y cardiovasculares y formas raras de cáncer», ha añadido el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

Moderna se comprometió a no hacer valer sus patentes relacionadas con la COVID-19 mientras continuara la pandemia. En marzo de 2022, cuando la pandemia entró en una nueva fase y el suministro de vacunas ya no era un obstáculo para el acceso en muchas partes del mundo, Moderna actualizó su compromiso.

Dejó claro que, aunque nunca haría valer sus patentes para cualquier vacuna contra la COVID-19 que se utilizara en los 92 países de ingresos bajos y medios de COVAX, Moderna esperaba que empresas como Pfizer y BioNTech «respetaran sus derechos de propiedad intelectual y consideraría una licencia comercialmente razonable en caso de que la solicitaran para otros mercados». «Pfizer y BioNTech no lo han hecho», aseguran.

La directora jurídica de Moderna, Shannon Thyme Klinger, ha afirmado que la compañía «creem que Pfizer y BioNTech copiaron ilegalmente las invenciones de Moderna, y han seguido utilizándolas sin permiso». «Moderna espera que Pfizer y BioNTech compensen a Moderna por el uso continuado de las tecnologías patentadas. Nuestra misión de crear una nueva generación de medicamentos transformadores para los pacientes cumpliendo la promesa de la ciencia del ARNm no puede lograrse sin un sistema de patentes que recompense y proteja la innovación», ha apotillado.

Moderna ha aclarado que «no pretende retirar del mercado» la vacuna de Pfizer, y que tampoco está solicitando «una medida cautelar para impedir su futura venta». Además, Moderna no pide daños y perjuicios en relación con las ventas de Pfizer a los países de ingresos medios y bajo y no solicita daños y perjuicios por las ventas de Pfizer en las que el Gobierno de Estados Unidos sería responsable de cualquier daño. La compañía tampoco reclama daños y perjuicios por actividades ocurridas antes de marzo de 2022.

Así copió pfizer la tecnología de moderna, según la compañía.

Moderna cree que Pfizer y BioNTech copiaron dos características clave de las tecnologías patentadas de Moderna que son fundamentales para el éxito de las vacunas de ARNm.

«Cuando surgió la COVID-19, ni Pfizer ni BioNTech tenían el nivel de experiencia de Moderna en el desarrollo de vacunas de ARNm para enfermedades infecciosas, y siguieron a sabiendas el camino de Moderna para desarrollar su propia vacuna», explica Moderna.

En primer lugar, la compañía esgrime que Pfizer y BioNTech «llevaron a pruebas clínicas cuatro candidatas a vacunas diferentes, que incluían opciones que se habrían alejado de la vía innovadora de Moderna». «Sin embargo, Pfizer y BioNTech decidieron finalmente proceder con una vacuna que tiene la misma modificación química del ARNm que la vacuna de Moderna. Los científicos de Moderna empezaron a desarrollar esta modificación química que evita provocar una respuesta inmunitaria indeseable cuando se introduce el ARNm en el organismo en 2010 y fueron los primeros en validarla en ensayos con humanos en 2015″, alegan.

En segundo lugar, Moderna denuncia que, «a pesar de tener muchas opciones diferentes», Pfizer y BioNTech «copiaron el enfoque de Moderna para codificar la proteína de espiga de longitud completa en una formulación de nanopartículas lipídicas para un coronavirus». «Los científicos de Moderna desarrollaron este enfoque cuando crearon una vacuna para el coronavirus que causa el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) años antes de la aparición de COVID-19″, añaden.

Por último, Moderna aclara que «ninguno de los derechos de patente que Moderna pretende hacer valer está relacionado con la propiedad intelectual generada durante la colaboración de Moderna con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para combatir la COVID-19″. «Dicha colaboración comenzó solo después de que las tecnologías patentadas en cuestión se demostraran exitosas en los ensayos clínicos de 2015 y 2016″, concluyen.

agosto 27/2022 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El fallo se produjo después de que otro juez federal en Texas tomó una determinación en sentido opuesto esta semana, prohibiéndole al gobierno federal aplicar una interpretación legal de la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia que requeriría que los hospitales del estado provean servicios de aborto en caso de que la salud o la vida de la madre esté en peligro.

En Idaho, la prohibición estatal establece que llevar a cabo un aborto en cualquier «embarazo diagnosticable clínicamente» será un delito grave castigado con hasta cinco años de prisión. Buena parte de la ley del estado aún entrará en vigor el jueves, pero el juez de distrito B. Lynn Winmill determinó que el estado no puede procesar a nadie que realice un aborto en una situación de emergencia médica.

Eso es debido a que los abortos en esos casos parecen regirse por una ley federal de atención médica que requiere que los hospitales que reciben fondos del programa Medicare proporcionen «tratamiento estabilizador» a sus pacientes, dijo Winmill.

Ello incluye casos en los que la salud de una paciente embarazada esté en riesgo grave, y casos en los que continuar el embarazo podría resultar en un serio deterioro de las funciones corporales de una persona o en una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.

La suspensión en la aplicación de la medida en Idaho continuará hasta que se resuelva una demanda que impugna la prohibición, decretó el juez en su fallo por escrito.

El Departamento de Justicia federal demandó a Idaho un estado de gobierno republicano este mes con el argumento de que la prohibición al aborto programada para entrar en vigor el jueves viola la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA). La ley del estado penaliza todos los abortos practicados en «embarazos diagnosticables clínicamente», pero les permite a los médicos defenderse a sí mismos ante un tribunal, argumentando que el procedimiento era necesario para evitar el fallecimiento de la madre.

El portavoz de la fiscalía general del estado, Scott Graf, dijo que la agencia no comentaría sobre el fallo debido a que el caso aún continúa su proceso en las cortes.

Winmill dijo que el caso no era sobre el derecho al aborto, sino sobre si la ley federal o la estatal tiene primacía en esta situación. El juez en el caso de Idaho señaló que estaba claro que la primacía era de la ley federal.

En Texas, un juez federal tomó la postura contraria. Texas había demandado el mes pasado al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a su titular, Xavier Becerra, argumentando que la EMTALA no requiere que los doctores administren servicios de aborto si ello incurriría en una violación a la ley estatal.

En su fallo de la noche del martes, el juez de distrito James Wesley Hendrix impidió temporalmente al gobierno federal aplicar la directriz en el estado, señalando que ello obligaría a los médicos a poner la salud de una persona embarazada por encima de la salud del feto o embrión, a pesar de que EMTALA «no dice nada sobre el aborto».

Realizar un aborto crea una «condición médica de emergencia» en el feto o embrión, escribió el juez.

«Debido a que el estatuto no hace mención de la cuestión, la directriz no puede responder cómo es que los médicos deben evaluar los riesgos de la madre y de su hijo no nacido», señala la orden del juez. «Tampoco pueden crear un conflicto con la ley estatal donde no existe. Por lo tanto, la directriz es desautorizada».

El Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que se encuentra en el proceso de revisar la decisión legal para determinar su siguiente paso.

agosto 26/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

¿Tenemos todos un doble en algún lugar? Las redes sociales han hecho que se compartan miles de fotografías que han puesto de manifiesto que el fenómeno de los ‘falsos gemelos’ —personas que se parecen sin tener ningún parentesco— es más frecuente de lo que se creía.

Ahora, un estudio publicado en la revista Cell Reports por el grupo de Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, profesor de Investigación ICREA y catedrático de Genética en la Universidad de Barcelona, demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo.

El equipo ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían, aunque no fueran familia, junto con un análisis de ADN. La investigación reveló que una fuerte similitud facial está asociada con variantes genéticas compartidas.

La existencia de estos dobles ha sido motivo de atención en las artes y en la cultura popular, pero nunca había sido abordada desde el punto de vista científico. “Lo que hemos hecho nosotros, es recopilar material biológico de estos individuos extremadamente parecidos —también llamados look-alike en inglés o doppelganger en alemán— para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud”, dice Esteller.

Para llevarlo a cabo, los autores reclutaron a un grupo de dobles humanos a partir del trabajo fotográfico de François Brunelle, un artista canadiense que lleva fotografiando a personas que se asemejan en todo el mundo desde 1999. Y se centraron en las fotos de cabezas de parejas de individuos parecidos.

Algoritmos de reconocimiento facial y ADN de saliva

Luego, determinaron una medida objetiva del parecido de los pares de personas semejantes, utilizando tres algoritmos diferentes de reconocimiento facial.

Además, los participantes completaron un exhaustivo cuestionario biométrico y de estilo de vida y proporcionaron ADN de saliva para el análisis multiómico. “Este conjunto único de muestras nos ha permitido estudiar cómo la genómica, la epigenómica y la microbiómica pueden contribuir al parecido humano”, explica Esteller.

Según detalla el investigador a SINC, “primero las personas con parecidos razonables fueron sujetas a programas de reconocimiento facial que permitieron descubrir parejas de individuos que eran casi indistinguibles entre sí, y luego analizamos su secuencia de ADN, su perfil epigenético y su composición de microbios —microbioma—. Descubrimos que los dobles humanos comparten variaciones similares de su ADN, particularmente en lo que se refiere a genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente”.

 “El principal hallazgo es que estas parejas de dobles sin parentesco comparten variantes genéticas —cambios en su ADN—, por eso, son tan parecidos, mientras que sus diferencias son debidas a la distinta composición de su epigenoma —la modificación química del material genético denominada metilación que regula la expresión de los genes— y al diferente contenido de bacterias y virus en sus cuerpos”, destaca el científico.

“Debido a que la población humana ha llegado ya a unos 7 900 millones de personas, es cada vez más probable que se produzcan estas repeticiones”, agrega Esteller.

Además, comenta que “resultó curioso comprobar que la semejanza de estas parejas de dobles no solo se ceñía a las características faciales, sino que afectaba a otras propiedades físicas —altura y peso—. También se extendía a ciertos rasgos del carácter y comportamiento, como el tabaquismo y la educación”.

Posibles aplicaciones en medicina forense y criminalista

Algunas limitaciones del estudio son el pequeño tamaño de la muestra, el uso de imágenes 2D en blanco y negro y el predominio de participantes europeos. A pesar de estas salvedades, los resultados pueden proporcionar una base molecular para futuras aplicaciones en diversos campos como la biomedicina, la evolución y la medicina forense.

“Nuestro trabajo abre muchas líneas de investigación, pero destacaría dos: primero, proporciona las bases para que mediante el análisis de la imagen y forma de la cara se puedan diagnosticar enfermedades genéticas; y segundo, permite, a partir de una muestra de ADN desconocida, reconstruir la cara de la persona a la que pertenece ese material genético, uno de los grandes deseos de la medicina forense y criminalística”, concluye Esteller.

agosto 25/2022 (SINC)

Referencia:

Joshi RS, Rigau, Manel Esteller et al. “Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show genetic similarities”. Cell Reports. Volume 40, Issue 8, 2022, 111257, ISSN 2211-1247,https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111257

De acuerdo con el estudio, las personas alrededor de los 20 años pertenecen al grupo etario con mayor cantidad de autolesiones fatales (mil 837), de las cuales mil 92 eran mujeres, reseñó la agencia Kyodo.

Taisuke Nakata, participante de la pesquisa, declaró al medio de prensa japonés que las mujeres con trabajos no regulares tienden a verse más afectadas económicamente.

El también profesor asociado de la Universidad de Tokio asume que los jóvenes son más propensos y vulnerables al aislamiento debido a restricciones de comportamiento impuestas en el periodo analizado para frenar la propagación del SARS-CoV-2.

Los suicidios sumaron alrededor de 21 mil entre 2020 y 2021, superando las estadísticas de los dos años anteriores, según datos oficiales.

Luego de analizar las estimaciones basadas en las tendencias históricas y compararlas con las cifras reales, los investigadores nipones concluyeron que ocho mil 88 personas atentaron contra su vida debido al impacto de la crisis sanitaria.

En Japón las muertes autoprovocadas tienden a aumentar cuando sube la tasa de desempleo, señaló el artículo.

A propósito, el gobierno comunicó en marzo pasado que los despidos y las rescisiones de contratos laborales ascendieron a 130 mil 178 desde el inicio de la pandemia de la covid-19.

Un informe del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, recogió que en 2021 las bajas involuntarias de los centros de trabajo oscilaron entre las mil y tres mil mensuales, mientras que en 2020 llegaron en ocasiones a superar las 10 mil.

Casi la mitad de los afectados hasta mayo de 2020 (unos 59 mil 686) pertenecían al segmento de trabajadores no regulares, entre los cuales predominan las mujeres, como puntualizó el profesor Nakata.

agosto 17/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Más allá de las profundas repercusiones que las leyes sobre el aborto están teniendo en la atención médica, especialmente en la medicina reproductiva, los miembros del clero, los trabajadores sociales e incluso los bibliotecarios han expresado su preocupación por estar expuestos a la responsabilidad penal o civil por el simple hecho de discutir el tema.

Esos temores tienen fundamento, señaló Joseph Thai, profesor de la Universidad de Oklahoma que enseña sobre derecho constitucional y la Corte Suprema. Thai describe las nuevas leyes antiabortistas de Oklahoma, que incluyen sanciones penales y civiles, como las más estrictas del país hasta el momento y de gran alcance tanto en su contenido como en su alcance.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en junio para anular la sentencia del caso Roe vs. Wade y eliminar el derecho constitucional de las mujeres al aborto, desencadenó inmediatamente una ley de Oklahoma de 1910 que convierte en delito, castigado con dos a cinco años de prisión, para toda persona que «aconseje» o proporcione cualquier otro medio para que una mujer se someta al procedimiento. Esa ley sólo permite el aborto para salvar la vida de la madre.

«Ese lenguaje omnicomprensivo puede convertir en delincuente a cualquiera y a todos los que ayuden a una mujer a abortar o proporcionen información sobre el acceso al aborto -incluyendo a un cónyuge, otro miembro de la familia, un amigo, un compañero de clase o de trabajo, un bibliotecario o incluso a un conductor de Uber-«, dijo Thai.

«Del mismo modo, los empleadores que se han comprometido a pagar los abortos de sus empleados como parte de su cobertura de salud reproductiva y sus compañías de seguros se enfrentan a la responsabilidad penal».

agosto 16/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Diagnosticada con estrés postraumático por lo ocurrido en un hospital en el norte de España en 2012, Alkorta recurrió a la ONU luego de fracasar en los tribunales españoles.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU estableció en julio que soportó intervenciones injustificadas que constituían violencia obstétrica, entre ellas una cesárea sin consentimiento, inmovilización de sus brazos y prohibición de estar acompañada por su pareja.

«Desde que ha salido la resolución del CEDAW, más de cien mujeres se han puesto en contacto conmigo diciendo que a ellas también» les ha pasado, relata a la AFP Alkorta, vasca de 36 años.

Es algo «que no se habla por el dolor que genera, por la vergüenza, por el hecho de (pensar que) tendría que ser así», afirma.

El fallo del CEDAW, para quien la violencia obstétrica, un «fenómeno generalizado y sistemático», es aquella «sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud», pidió a España compensar a Alkorta por los daños físicos y sicológicos y velar porque se respeten los derechos reproductivos de las mujeres en los sistemas de salud y de justicia.

Esta decisión se produjo en momentos en que activistas en Europa buscan visibilizar la violencia obstétrica, muchas veces no reconocida.

Incluso algunas asociaciones médicas ponen en cuestión que pueda hablarse de violencia obstétrica.

«Las mujeres están contando otra historia», replica Alkorta.

Pesadillas, insomnio, recuerdos traumáticos…Las secuelas para Alkorta fueron muchas tras el calvario que comenzó cuando rompió aguas a la semana 38.

En el hospital en San Sebastián, en el País Vasco (norte), le administraron oxitocina para inducir el parto sin explicación médica, pese a que estaba teniendo contracciones. Según ella, el personal comenzó a ponerse agresivo ante sus preguntas.

Al día siguiente, los ginecólogos decidieron hacerle una cesárea, sin consultarla y pese a que una matrona le aseguró que el parto progresaba.

«Les dije que me explicaran despacio, porque estaba muy cansada, y la explicación fue que sacarían el niño y que eran 40 minutos y listo», señala Alkorta, ahora madre de tres niños.

Con los brazos atados, un protocolo en algunos hospitales durante las cesáreas, y sin su esposo, impedido de acompañarla, sintió que quedó «totalmente vendida».

No fue sino luego de horas que Alkorta pudo abrazar a su hijo, totalmente sano.

En Europa, escasean las estadísticas sobre violencia obstétrica, pero según activistas, las mujeres rutinariamente sufren de falta de información, comportamientos groseros o degradantes de parte del personal médico y, en algunos casos, prácticas peligrosas.

Una reciente iniciativa en Serbia para «Detener la violencia obstétrica» recogió 70 000 firmas en cinco días. Una de sus demandas era que el estado costeara un acompañante en la sala de parto, ya que actualmente algunos hospitales públicos cobran por permitirlo.

Según la petición, muchas mujeres en Serbia han sufrido insultos, humillaciones, negligencia y mala praxis médica.

Países como España e Italia han creado observatorios para la violencia obstétrica, pero según los activistas, pocos casos llegan a los tribunales.

«Nos contactan muchas madres que han sufrido partos traumáticos, pero casi ninguna termina presentando una demanda», afirma Nina Gelkova, de la organización búlgara Rodilnitza.

En sus alegaciones ante el CEDAW, España, que respaldó a la justicia del país que absolvió al hospital, aseguró que no hay partos «a la carta».

«Yo no buscaba un parto a la carta, para nada, yo buscaba un trato humano y no lo recibí», responde Alkorta.

«Yo no estoy en contra de las intervenciones que están justificadas, salvan muchísimas vidas, pero el límite siempre tiene que ser el consentimiento y el respeto», subraya.

Francisca Fernández Guillén, abogada de Alkorta, explica que el personal médico o los familiares pueden minimizar las experiencias traumáticas durante el parto.

«En ocasiones, la pareja o la familia aconsejan a la mujer olvidar lo ocurrido», dice Fernández.

Pero la situación parece estar cambiando.

El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), Daniel Morillas, indicó que en sus 16 años de trabajo como ayudante de parto ha sido testigo de una toma de conciencia de los derechos de las madres y de su rol activo al dar a luz, aunque piensa que aún queda camino por recorrer.

«Lo primero que tenemos que hacer para luchar contra la violencia obstétrica, es reconocer su existencia», señaló. Por suerte, muchos médicos y matronas «se han dado cuenta de que sí existe y están intentando cambiar», agrega.

agosto 04/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

En España se han producido 1 149 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 —año en que se empezaron a contabilizar los crímenes machistas— hasta hoy. Es uno de los países más avanzados a la hora de contabilizar y diferenciar estos asesinatos.

Sin embargo, estas cifras no se recopilan bajo el paraguas de la violencia de género ni se contrastan de igual forma en la mayoría de las naciones.

Por ello, un grupo de investigadoras, liderado por Catherine D’Ignazio, directora del Data + Feminism Lab del MIT, han publicado un artículo, la revista Patterns , donde detallan los esfuerzos de diez organizaciones de Estados Unidos, España, Bolivia, Brasil y Puerto Rico que trabajan para completar los datos sobre los feminicidios en el mundo.

“En 2017, 87 000 mujeres fueron asesinadas, pero desconocemos cuántos de esos crímenes están relacionados con el género. Necesitamos saber quiénes eran y qué relación tenían con su asesino. Los datos contextuales son básicos para entender la violencia de género», dicen las autoras

“El feminicidio, el resultado más extremo de la violencia de género, es un problema mundial. En 2017, 87 000 mujeres fueron asesinadas en el mundo. Sin embargo, no sabemos cuántos de estos crímenes están relacionados con el género. Necesitamos tener acceso a información sobre quiénes eran estas mujeres y qué relación tenían con su asesino. Estos datos contextuales que faltan son fundamentales para entender la violencia contra las mujeres”, afirman las autoras.

Vacío de datos y falta de visibilidad de los feminicidios  

Opinan que este vacío de conocimiento provoca, en parte, la falta de visibilidad del feminicidio. Además, indican que “los asesinatos de mujeres y niñas negras o indígenas a menudo no son cubiertos por los medios de comunicación porque no se consideran de interés periodístico”. Y reiteran que “muchos países no conservan información exhaustiva sobre los asesinatos de mujeres y niñas”.

El equipo de investigadoras explora el concepto de counterdata (contra datos), una información que recopila incidentes de asesinatos relacionados con el género de diversas fuentes.

D’Ignazio explica a SINC que estos contra datos “son datos recogidos por ciudadanos, organizaciones sociales y activistas al margen de las ‘instituciones de recuento’ oficiales. Los individuos y grupos utilizan cada vez más la producción de este tipo de información como estrategia para exigir que un estado, los medios de comunicación o el público en general presten más atención al problema generalizado de los feminicidios”.

Las activistas —señala esta experta— “producen datos con la finalidad de desafiar la negligencia de los gobiernos, así como para presionar a las instituciones para que midan el feminicidio y la violencia de género de manera diferente”.

Las activistas producen datos con el fin de desafiar la negligencia de los gobiernos y presionar a las instituciones para que midan el feminicidio y la violencia de género de manera diferente, Catherine D’Ignazio, directora del Data + Feminism Lab del MIT

Por su parte, Isadora Cruxen, profesora de Empresa y Sociedad en la Queen Mary University de Londres, dice a SINC que “la noción de ‘contra’ también adquiere un significado adicional en el trabajo de las activistas, en la medida en que buscan desafiar las narrativas mediáticas que culpan a las víctimas de la violencia de género y recuperar, honrar y recordar las vidas de las mujeres asesinadas”

Helena Suárez Val, investigadora del CIM Warwick (Reino Unido) y otra de las coautoras, comenta a SINC que este trabajo “proporciona un caso de estudio de las prácticas de datos feministas sobre el feminicidio. Nuestro análisis es muy específico y no pretendemos que los resultados puedan o deban generalizarse a otras formas de activismo de datos”.

Trabajo emocional con los datos para documentar la violencia

Sin embargo, agrega, “hay aspectos de nuestra metodología que pueden ser replicados. Por ejemplo, el enfoque en el trabajo emocional involucrado en las prácticas de datos que documentan la violencia”.

Las investigadoras reconocen el tremendo peso que esta recopilación de información puede suponer para las activistas que la recogen. “No es fácil leer diez casos de feminicidio y ponerlos sobre una mesa, desglosarlos, tener que poner un nombre, una edad, unas circunstancias y todo ese detalle sin que te afecte emocionalmente”, señala una activista entrevistada por el equipo.

Las autoras se plantean cómo podrían desde sus campos de investigación —el estudio de datos críticos, la ciencia de datos y la interacción persona-ordenador— apoyar y sostener las prácticas de las activistas de los contra datos. Y así, destacan, “ayudar a sanar a las comunidades y hacer que el Estado, las corporaciones y los medios de comunicación rindan cuentas por su papel en el mantenimiento de la opresión y la violencia”

Respecto al negacionismo de la violencia de género, ejercido por movimientos y partidos de la ultraderecha, Catherine D’Ignazio apunta a SINC que lo ve “como parte del contragolpe que se produce cuando el movimiento feminista consigue importantes logros legislativos o culturales”.

Se trata de “una forma de intentar reprivatizar la violencia de género y volver a situarla en el ámbito privado, en un asunto exclusivamente interpersonal o doméstico. Esta es una de las razones por las que las concepciones feministas de esta violencia son tan importantes. El feminicidio como concepto afirma directamente que la violencia de género es estructural y no [solo] interpersonal; está relacionada con la subordinación de género sistémica de las mujeres; y, por tanto, es una responsabilidad fundamental de los estados, garantizar que las ciudadanas tengan derecho a vivir una vida libre de violencia”, concluye la experta.

agosto 02/2022 (SINC)

Referencia:

D’Ignazio, C., Cruxên, I., Val, H. S., Cuba, A. M., García-Montes, M., Fumega, S., … & So, W. (2022). Feminicide and counterdata production: Activist efforts to monitor and challenge gender-related violence. Patterns, 3(7), 100530.

En caso de que un cráneo impacte contra el suelo, un bordillo, otro vehículo o cualquier obstáculo robusto, la evidencia científica apunta indudablemente a que, si se lleva un casco, se sufrirán menos daños y probablemente se sobrevivirá a más de una situación letal.

Por ello, las personas que van en moto en España tienen la obligación de portarlo; y a los ciclistas se les recomienda encarecidamente que hagan lo propio. Pero, ¿por qué los peatones no tienen por qué llevar uno? ¿Y por qué no plantear que los pasajeros de coches lo hagan también, teniendo en cuenta que poseen un nada despreciable riesgo de contusiones y traumatismos craneoencefálicos importantes en caso de accidente?

Los cascos reducen la deceleración a la que se expone el cráneo, reparten la zona de impacto y evitan el contacto directo de este con el objeto.

No hay una respuesta clara a las anteriores preguntas, pero en torno a ellas discurre un debate en el mundo ciclista acerca de si es conveniente extender el uso del casco, si hay que forzarlo en ciertas personas y situaciones (menores de 16 años y en vías interurbanas, según la legislación española) o si imponerlo a todos los ciclistas como ocurre en Australia, Nueva Zelanda, Namibia, Argentina, Sudáfrica y algunos estados de Canadá.

Argumentos a favor de usar siempre un casco

Esta prenda debe ceñirse a una homologación europea y estar preparada para cumplir tres funciones, según una recopilación de literatura del Departamento de Transporte de Reino Unido sobre los cascos de bicicleta: reducir la deceleración a la que está expuesto el cráneo y el cerebro en caso de impacto, repartir la zona de impacto a lo largo de su superficie en lugar de concentrarse en un punto concreto, y evitar el contacto directo entre el cráneo y el objeto o lugar con el que impacta.

En las pruebas de homologación, los cascos deben ser capaces de aguantar impactos con un pico de aceleración de hasta 250 g, que es el máximo de fuerza que una cabeza adulta puede soportar sin que llegue a una lesión irreversible, y se ensayan en condiciones que simulan una caída libre en superficie plana y contra un bordillo.

Con estos requisitos, se puede afirmar que los cascos de bicicleta cumplen su labor. La Agencia para la Protección y Promoción de la Salud de Ontario (PHO), recopiló en un documento en agosto de 2015 la literatura científica (57 artículos en total) relativa al impacto de la legislación obligatoria en el uso del casco.

Las legislaciones más exigentes con llevar casco se asocian a menos hospitalizaciones, lesiones graves y muertes relacionadas con el uso de la bicicleta

Así, extraen que las legislaciones más exigentes al respecto se asocian a más uso, menos hospitalizaciones, menos lesiones en la cabeza, menos lesiones graves y menos muertes relacionadas con el uso de la bicicleta.

Por ello, las campañas televisivas de promoción del casco en la bici se centran en este mensaje: llevar un casco en un accidente puede suponer la diferencia entre sobrevivir o no.

Una investigación que exploró la rentabilidad del uso obligatorio del casco en Países Bajos, con una población  ciclista de 13,5 millones de usuarios, encontró que se podrían reducir 2.942 casos de traumatismo cerebral —la lesión con más mortalidad entre ciclistas que acuden a emergencias— y 46 muertes.

Por su parte, el Balance de siniestralidad vial 2021, publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, revela que ocho de los 31 ciclistas fallecidos en ese año no hacían uso del casco.

Forzar el casco conlleva un menor uso de la bici

Eso sí, los autores del documento de Ontario observan que en las legislaciones donde el casco es obligatorio a todas las edades se percibe un menor empleo de la bicicleta por parte de niños y adolescentes.

“Para conseguir los beneficios para la salud de ir en bici, al tiempo que se evitan impactos negativos —como reducir la participación ciclista—, la implementación de leyes sobre su utilización debería considerarse junto a otros factores, como una infraestructura ciclista segura o educación sobre su uso, para que pueda influir en la eficacia de esta ley, la participación ciclista y la seguridad”, concluye el documento.

En las legislaciones donde el casco es obligatorio a todas las edades se percibe un menor empleo de la bici por parte de niños y adolescentes

Australia y Nueva Zelanda son los países en los que más se ha estudiado cómo ha bajado la participación ciclista después de la aprobación de medidas que obligan a toda su población, independientemente de la edad, a portar un casco. De hecho, Australia fue el primero del mundo en introducir tal legislación, en 1990, mientras que el país kiwi hizo lo propio en 1994.

La última Encuesta nacional sobre la participación ciclista en Australia, que exploró en 2019 el uso de la bici comparado con datos de 1985/86 — esto es, antes de la obligación completa del casco—, es una muestra de esto: un 35,1 % menos de australianos mayores de 9 años usa la bici cada día en comparación con 1985, a pesar de que la población del país ha aumentado un 62 %.

Al igual que el caso de Ontario, la participación ciclista desciende más entre niños y adultos jóvenes, mientras que la población mayor de 40 años que se crió en una época sin esta ley no se ha desanimado tanto a pedalear.

Por su parte, la Autoridad de Seguridad del Transporte Terrestre de Nueva Zelanda estimó con una encuesta que la participación ciclista —en este caso estimaban el número de viajes anuales— cayó un 26 % entre 1989 y 1998, a pesar de que la población de este país creció un 11 % durante este periodo.

A pesar de esto, es fácil entender el beneficio transversal para la salud propia y pública que supone usar más la bici: menor mortalidad asociada por causas que se ‘alejan’ gracias al ejercicio físico, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducción de los niveles de contaminación atmosférica, menos accidentes de tráfico, menos mortalidad de ciclistas en accidentes de tráfico, mejora de la salud mental con una reducción de los niveles de estrés  percibido y de ansiedad, entre otros efectos que se siguen estudiando.

La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendió en la presentación de la Estrategia por la Bicicleta de este país que la bicicleta “no es un medio de transporte más: produce valor para la sociedad en términos de movilidad, habitabilidad, salud, medioambiente, equidad y de sociabilidad. Produce beneficios no solo para los que se desplazan en bicicleta, sino para el resto de la ciudadanía al liberar espacio y reducir la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos”.

La bicicleta no es un medio de transporte más: produce valor para la sociedad en términos de movilidad, habitabilidad, salud, medioambiente, equidad y de sociabilidad. Y también libera espacio y reduce la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos, Raquel Sánchez, ministra de Transportes.

Por todo lo anterior, que haya menos gente yendo en bici se percibe como algo negativo y si se puede, a evitar. Pero, ¿compensaría el ‘daño colateral’ de reducir el número de ciclistas a cambio de proteger nuestras cabezas? Un estudio de 2012 compara mediante un modelo los beneficios para la salud de llevar un casco frente al aumento de la morbilidad por dejar de hacer ejercicio al no coger la bici.

Así, estima que en aquellos países donde hay buena participación y seguridad ciclista (Países Bajos, Dinamarca y Suecia) una ley de obligatoriedad del casco tendría “un gran impacto negativo no intencionado sobre la salud”; mientras en otras naciones con menos ciclistas “el casco hará poco para que los usuarios se sientan seguros” y una ley en este sentido “puede hacer una pequeña contribución positiva a la salud neta de la sociedad”.
Una hipótesis sugiere que los ciclistas con casco asumen más riesgos

Llevar casco también conlleva riesgos directos
A este debate hay que añadir una paradoja: existen casos en los que el casco expone a riesgos viales e incluso dificulta de manera directa su uso de la bici. Un paper presentado en la Conferencia Nacional de Seguridad Vial de Telford (Reino Unido) de 2019 buscó cómo ha variado la tasa de accidentes en bici por hora de pedaleo o por milla recorrida en países con legislaciones que obligan a una parte o toda la población a llevar cascos de bici (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá) y Reino Unido.

Un estudio de 2019 en Reino Unido mostró que cuanto más se usa el casco, más tasa de accidentes ocurre, especialmente en las extremidades superiores.

Así, el estudio mostró que cuánto más se usa el casco, más tasa de accidentes ocurre. Esto destaca especialmente en las extremidades superiores: los ciclistas que portan casco muestran más tasa de lesión en esta parte del cuerpo que los que no lo visten.

¿Por qué ocurre esto? No se sabe con seguridad, pero el autor, Colin Clarke, ingeniero mecánico, plantea que puede deberse a la compensación de riesgo, (una hipótesis que plantea que los ciclistas que visten un casco serán más propensos a tomar más riesgos y a realizar una conducción más temeraria), desequilibrio causado por la propia protección o problemas de visión periférica por el diseño de algunos de ellos.

Esther Anaya, investigadora de movilidad ciclista y una de las responsables del Observatorio de la Bicicleta Pública en España, explica a SINC la importancia de tener una visión periférica suficiente y cómo el casco podría ser un obstáculo para ello. Así, destaca que la prenda, a pesar de cumplir sus funciones de protección en golpes, “dificulta esa movilidad de cuello y cabeza y, por tanto, esa percepción del ambiente”.

En último lugar, están los estudios de Ian Walker, profesor de Psicología Medioambiental en la Universidad de Surrey (Reino Unido), donde investiga sobre seguridad vial, opciones de viaje, consumo de energía, uso de agua e infraestructura construida. Walker, que mantiene el récord Guinness, de la travesía más rápida de Europa en bicicleta, ha generado un importante cuerpo de evidencia,  dedicado a cómo los conductores efectúan los adelantamientos a ciclistas y qué factores afectan a que se realice de manera más o menos segura.

El primer paper dedicado a este asunto consistió en un experimento en el que él, como autor y sujeto de investigación, analizaba la distancia a la que le adelantaban los vehículos dependiendo de si llevaba casco, su posición en la carretera o si vestía una peluca larga para parecer una mujer vista desde atrás.

Los conductores cambian su estrategia de adelantamiento dependiendo de la apariencia del ciclista y, cuando llevan casco, los coches adelantan a una distancia significativamente más corta, según una investigación de Ian Walker

Este artículo, publicado en 2007, mostró que los conductores cambian su estrategia de adelantamiento dependiendo de la apariencia del ciclista y que precisamente, cuando vestía casco, los coches adelantaban a una distancia significativamente más corta.

Otra investigación publicada en 2013 reanaliza el set de datos conseguido en el experimento de 2007 para intentar rectificar los resultados del primero (spoiler: no pudieron) y centrarse en el factor del casco de bici. Así, confirmaron que había una asociación entre portar casco y ser adelantado por un vehículo motorizado a una distancia más cercana que cuando no se hacía.

Ir en bici tiene muchos beneficios para la salud, pero hay que optimizar la seguridad de sus usuarios.

Ponerse (o no) el casco es una decisión política

¿Se le debe exigir lo mismo en prevención de accidentes al vehículo de dos ruedas a pedales que a la caja de metal con airbags, control de tracción y sensores? Para Esther Anaya es evidente que no: “Una cosa es ir metido en una lata, desplazarte con protección, velocidad y ese espacio con ciertos derechos y prioridades que otros no tienen; y otra es desplazarte con el cuerpo al aire, con exposición a la vista y con la desprotección física de una bicicleta o persona que camina”.

Desde su punto de vista, la decisión es individual “según la percepción de riesgo de cada uno”, pero la implicación de hacerlo por ley es política. El debate sobre llevar o no el casco, según la doctora en Investigación en Política Medioambiental, conecta con la pregunta de a quién se le deposita la responsabilidad de la seguridad vial.

En el debate sobre la responsabilidad de la seguridad vial, deben incluirse las dinámicas de poder en cuanto al reparto y al uso del espacio vial

En esta controversia, opina, deben incluirse las dinámicas de poder sobre el reparto y uso del espacio vial y en quién se deposita la responsabilidad en caso de accidente. “Aunque a mí no me gusta llamarlos así porque se pueden prevenir”, precisa.

Precisamente, Ian Walker considera que la polémica sobre obligar al uso del casco es una discusión improductiva. “Sugerir que los ciclistas deben comprar y llevar un elemento de protección para permanecer seguros no dista mucho de sugerir que los no fumadores deben comprar y llevar máscaras de gas como solución a ser fumadores pasivos”.

“Ambas acciones ‘funcionan’ técnicamente, pero sitúan toda la responsabilidad —y una carga económica— en el perjudicado no consentidor. En el caso de los cascos de bici, es una ‘solución’ que sirve para mantener un status quo en el que personas que escogen un modo de transporte saludable, limpio y socialmente responsable son sistemáticamente marginalizados en su competición por un limitado espacio público frente a los que escogen usar vehículos motorizados”, concluye.

julio 27/2022 (SINC)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) señaló que la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y de Partos (EMTALA) exige a los centros médicos que determinen si una persona que busca tratamiento puede estar de parto o si enfrenta una emergencia médica, y que le proporcionen tratamiento.

«Si un médico cree que una paciente embarazada que se presenta en un servicio de urgencias está experimentando una situación médica de emergencia según la definición de la EMTALA, y que el aborto es el tratamiento estabilizador necesario para resolver esa situación, el médico debe proporcionar ese tratamiento», afirma la guía de la agencia. «Cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción por la vida de la persona embarazada o establece la excepción de forma más estricta que la definición de condición médica de emergencia de EMTALA, esa ley estatal queda sobreseída».

El HHS indicó que las condiciones de emergencia incluyen «el embarazo ectópico, las complicaciones de la pérdida del embarazo o los trastornos hipertensivos emergentes, como la preeclampsia con características graves.»

«Es fundamental que los proveedores sepan que el deber profesional y legal de un doctor u otro personal médico calificado de proporcionar tratamiento médico estabilizador a un paciente que se presenta en el departamento de emergencias y se encuentra con una condición médica de emergencia prevalece sobre cualquier ley o mandato estatal directamente en conflicto que pudiera prohibir dicho tratamiento», escribió el secretario de Salud, Xavier Becerra, en una carta dirigida a los proveedores de atención médica.

El departamento dice que su orientación no refleja una nueva política, sino que simplemente recuerda a los médicos y proveedores de sus obligaciones existentes.

«Bajo la ley federal, los proveedores en situaciones de emergencia están obligados a proporcionar atención estabilizadora a alguien con una condición médica de emergencia, incluyendo el aborto si es necesario, independientemente del estado en el que vivan», dijo la administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Chiquita Brooks-LaSure.

julio 13/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.

«El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse», dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.

El Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé «degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca».

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, «ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación».

Sin embargo, el colectivo feminista sostiene que la joven, que en el ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral, «desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto».

La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Según el colectivo, que reproduce una cita de la joven, ella «sentía que algo salía, estaba oscuro y no lograba ver lo que expulsaba». Añaden que se asustó y entró en pánico, «todo era confuso, ya que era primeriza»

Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.

Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Solo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.

El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco «valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de género a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico».

Herrera dijo a la AP que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso «Manuela vs El Salvador». En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como «Manuela», que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos.

El colectivo afirma que a «Manuela» se le negó atención médica mientras estaba detenida y la CIDH condenó al Estado salvadoreño por el caso y le exigió no perseguir ni criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.

Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.

julio 06/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Para no pocos analistas, el fallo es un giro hacia el conservadurismo extremo, cuyas implicaciones políticas, sociales y económicas impactarán sobre millones de personas en ese país.

«Después de casi 50 años, la misma Corte en un movimiento inaudito acaba de poner fin a ese derecho», expresó a Prensa Latina la doctora Rosemari Mealy, quien calificó de «muy peligrosa» esta supresión de la potestad de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos «.

La eliminación de este derecho puede llevar a la proscripción de ese procedimiento médico en cerca de la mitad de los estados norteamericanos. Trece de ellos contaban con las «leyes gatillo» (ley de activación automática) diseñadas para ilegalizar la interrupción del embarazo casi desde la caída de Roe.

Según publicó el diario The New York Times, el propio día de la sentencia, el pasado 24 de junio, nueve estados habían vetado el aborto.

Una investigación de Planned Parenthood, organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo, advirtió que alrededor de 36 millones de mujeres en edad reproductiva en 13 estados serán privadas de ese derecho luego del fallo.

«Es un riesgo claro para la salud de todas ellas, en especial para las mujeres negras que se verán afectadas de manera desproporcionada por la falta de acceso a la atención sanitaria y las disparidades raciales en cuanto a la riqueza», añadió la doctora Mealy.

Una encuesta de Gallup publicada 24 horas antes de la decisión, mostró que la confianza del público en el alto tribunal estaba en su punto más bajo en casi 50 años de sondeos. Solo uno de cada cuatro adultos expresó tener «mucha» o «bastante» confianza en el Tribunal, cinco puntos porcentuales menos que en 2014.

Camino extremo y peligroso

Sin dudas, la Corte -compuesta por nueve jueces, seis conservadores y tres liberales- evidenció su cercanía a ciertas posturas políticas con sus últimos veredictos.

En un país donde hay más tiroteos que días del año, el tribunal resolvió el 23 de junio declarar inconstitucional una ley estatal de Nueva York que data de más de un siglo, relacionada con el porte de armas de fuego ocultas en espacios públicos.

Dos días antes decidió acortar la separación entre la Iglesia y el Estado al permitir que fondos públicos sean utilizados para mantener escuelas religiosas, una conclusión cuestionada por ser esa una sociedad que proclama su laicidad desde la fundación.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, al disentir aseguró que el veredicto estaba en línea con otras medidas recientes de la Corte para ampliar la libertad religiosa.

Acusó a la mayoría conservadora de derribar «el muro de separación entre la iglesia y el Estado, que los artífices de la Constitución lucharon por construir».

Entretanto, algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe podría sentar un precedente para que el Supremo revoque otros derechos civiles.

El juez conservador Clarence Thomas afirmó que sus colegas deberían «reconsiderar todos los precedentes de este Tribunal (el Supremo) sobre el debido proceso sustantivo, incluyendo Griswold, Lawrence y Obergefell».

Se refería a revisar las sentencias de Grisworld vs. Connecticut (1965), que garantiza el derecho a la anticoncepción; Lawrence vs. Texas (2003), que dio vía legal a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo; y Obergefell vs. Hodges (2015), que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario.

Para el magistrado, la Corte Suprema tiene el deber de «corregir el error». Al respecto, el actual mandatario advirtió que Thomas llamó «explícitamente a reconsiderar el derecho a la igualdad matrimonial, el derecho de las parejas a tomar sus decisiones sobre la anticoncepción».

Este -acotó Biden- es un camino extremo y peligroso al que nos lleva ahora el Tribunal.

Detalles de Roe vs. Wade

La historia se remonta a 1969, cuando Norma McCorvey, entonces de 25 años, utilizó el seudónimo de Jane Roe para desafiar las leyes de Texas sobre el aborto, ya que en ese momento estaba prohibida la práctica al no estar contenida en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre corriera peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, de ahí el nombre de la batalla legal: Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada del tercer hijo cuando denunció que fue víctima de una violación al presentar su caso en tribunales; sin embargo, rechazaron el alegato y la obligaron a llevar a término el embarazo.

La apelación llegó a la Corte Suprema en 1973, cuando su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Carta Magna porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte determinaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos y concluyeron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

Mientras, la reciente decisión del Supremo de anular el caso Roe contra Wade parte al país en dos en relación con la posibilidad de acceder a un aborto legal.

Pero lo ocurrido no fue sorpresivo. A principios de mayo la prensa estadounidense filtró un borrador de la opinión del juez Samuel Alito, en la cual daba la estocada a Roe y la versión final no difería significativamente de lo ya publicado.

El origen de la sentencia de la Corte Suprema el día 24 de junio se remonta a un caso específico: Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson, en el que se impugnaba una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación.

Lynn Fitch, la fiscal general del sureño estado, pidió al Supremo que mantuviera la ley de Misisipi y eliminara la histórica decisión Roe vs. Wade.

De manera que la mayoría conservadora del máximo tribunal de la nación dio el espaldarazo a la ley de Misisipi (6-3) y derogó Roe (5-4).

No pocos analistas sostienen que tras el fallo las mujeres pertenecientes a minorías raciales, colectivos marginados y rentas más bajas serán las más impactadas.

Datos de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades revelan que, en los Estados del sur, los más conservadores, más de la mitad de las féminas que abortaron en 2019 eran negras e hispanas, y del total nacional cerca del 40 por ciento no llegaba a los 25 años.

Más de 930 mil abortos se realizaron en Estados Unidos en 2020, frente a 862 mil 320 en 2017.

En algunos territorios como Misisipi y Oklahoma hubo un sensible incremento de interrupciones. Ambos estados disponen de esas leyes gatillo que prohíben automáticamente el aborto en el primer y segundo trimestre tras la decisión del Supremo.

Escenario caliente

En estados donde existen criterios sobre el aborto muy divididos -como Pensilvania, Michigan o Wisconsin— la legalidad del procedimiento podría determinarse en cada legislatura, según el gobierno de turno, sean demócratas o republicanos.

Al propio tiempo la sentencia abre la brecha para que se desencadene una avalancha de batallas legales en varios ámbitos, por ejemplo, si los residentes en un estado podrían viajar a otro para abortar.

Lo cierto es que la proximidad de las elecciones de mitad de mandato apunta a que el tema forme parte del ambiente electoral.

«Los demócratas, devastados, esperan que la ira galvanice a los votantes» o «los liberales sufrieron una devastadora derrota con la anulación de Roe», fueron algunos de los titulares publicados en medios estadounidenses.

Unos seis de cada 10 ciudadanos consideran importante que los candidatos que se postulan para el Congreso este año apoyen el acceso al aborto.

De acuerdo con un sondeo de Morning Consult-Politico, aplicado los días 24 y 25 de junio, alrededor del 62 por ciento de los entrevistados dijo que era «muy importante» o «algo importante» apoyar a los candidatos con una postura favorable al derecho al aborto.

Además, el 59 por ciento estuvo de acuerdo en que la interrupción del embarazo debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

En ese sentido, alrededor del 52 por ciento de los encuestados apoyan firmemente o al menos un poco que el Congreso adopte un proyecto de ley para codificar como ley el fallo de Roe contra Wade.

Los demócratas se enfrentan a un complejo panorama de cara a los comicios del 8 de noviembre que renovarán 34 de los 100 escaños del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes. También se elegirán gobernadores y legislaturas estaduales.

El problema es que sobre el bolsillo de los votantes repercuten la inflación, los altos precios de la gasolina y de otros productos básicos. Además, lidian con la fatiga de los electores por más de dos años de pandemia de la covid-19 y con crisis como los niveles récord de migrantes irregulares en la frontera sur.

Así, las brasas que lanzó la Corte Suprema solo atizan el hervidero social en una nación ya quebrantada por la polarización, la retórica política incendiaria exacerbada durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), la creciente violencia con armas de fuego e insurrecciones antidemocráticas.

julio 01/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Al igual que en otra indagación realizada en 2020, tal fue la proporción de ciudadanos participante en favor de esa opción para enfermos terminales con sufrimientos insoportables.

Mientras un 25 por ciento se mantuvo en contra y un 20 todavía no tiene posición tomada.

Entre los partidarios del Frente Amplio al apoyo a la legalización de la eutanasia alcanza un 63 por ciento y entre los votantes de la coalición gobernante es del 55.

Cifra apreció que se trata de un tema sobre el cual la mayoría de la población tiene una posición muy estable en el tiempo y según la experiencia recogida de otros países, el apoyo o rechazo dependerá fuertemente del texto concreto de la ley.

A este respecto, diputados frenteamplistas señalaron avances en unificación de su proyecto con el que impulsa el legislador del Partido Colorado, Ope Pasquet, con la intención de presentar una propuesta firme al Parlamento a mitad de julio.

En especial, lograron acuerdos para derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica e incluir la disposición que exime «de responsabilidad» al profesional actuante.

junio 30/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Por tercer día consecutivo, los defensores del derecho al aborto se movilizaron para protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular lo que muchos consideraban un derecho adquirido desde hace casi 50 años.

Cientos de personas se reunieron para una vigilia con velas la noche del domingo frente al tribunal superior, cerca del Capitolio en Washington.

En un país fragmentado, entre estados que ya negaron o negarán próximamente el derecho al aborto, garantizado desde 1973, y los que lo mantendrán o incluso lo fortalecerán, las diferencias de opinión han dado lugar a choques durante las movilizaciones en su mayoría pacíficas del fin de semana, lo que provocó decenas de detenciones y algunos casos de vandalismo.

En pocas horas, ocho estados impusieron desde el viernes -con Misuri a la cabeza- prohibiciones inmediatas al aborto y un número similar hará lo mismo en cuestión de semanas.

En un primer vistazo a las batallas legales que se avecinan, la organización proveedora de servicios de aborto más grande del país, Planned Parenthood, presentó una demanda en Utah para bloquear la prohibición decidida en ese estado.

Los gobernadores demócratas de Michigan y Wisconsin intervinieron a su vez para tratar de mantener la legalidad del aborto en esos dos estados del Medio Oeste.

Kristi Noem, gobernadora republicana de Dakota del Sur, donde el aborto ya ha sido prohibido en todos los casos, incluso de violación e incesto, calificó el fallo de la corte de «maravillosa noticia en defensa de la vida».

Hablando en «This Week», de la cadena televisiva ABC, Noem también expresó su apoyo a la legislación que prohíbe los «abortos por telemedicina» en los que un médico prescribe píldoras para interrumpir un embarazo, algo que puede llegar a convertirse en un recurso para las mujeres que quieran abortar en estados donde ya es o será ilegal hacerlo.

El gobernador Asa Hutchinson, de Arkansas, argumentó por su lado que «obligar a alguien a llevar a término un embarazo» para salvar a un bebé por nacer constituye un empleo «apropiado» del poder del gobierno.

Los estados deberían ayudar a las madres y a los recién nacidos con más servicios, incluida la adopción, dijo en «Meet the Press», de NBC.

El republicano se opuso, no obstante, a reclamos de prohibición del aborto a nivel federal, un objetivo final de numerosos sectores de la derecha religiosa, o de imponer restricciones a la anticoncepción, algo que en Arkansas «no se va a tocar», según dijo.

El presidente Joe Biden condenó el fallo de la Corte Suprema como un «trágico error».

La mayor esperanza del presidente de que esa decisión se revierta es que los votantes defiendan el derecho al aborto en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Mientras tanto, los demócratas han prometido defender los derechos reproductivos de las mujeres de todas las formas posibles.

En Wisconsin, donde podría volver a entrar en vigor una ley de 1849 que prohíbe el aborto, excepto para salvar la vida de la madre, el gobernador Tony Evers dijo que ofrecerá clemencia a cualquier médico que se enfrente a un proceso judicial, según medios locales.

La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, prometió por su lado «luchar como el infierno» por defender el derecho al aborto y dijo que una orden judicial temporal ha sido presentada en ese sentido.

La candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, dijo a CNN que en los próximos días su estado prohibirá todos los abortos después de las seis semanas de embarazos. «Es espantoso, y si soy gobernadora, haré todo lo posible para revertirlo», anunció.

La congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez advirtió que escenarios de pesadilla pronto pueden volverse realidad, ya que las mujeres que se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados deberán viajar largas distancias a estados donde el aborto sigue siendo legal o someterse a abortos clandestinos.

«Obligar a las mujeres a tener embarazos en contra de su voluntad las matará. Las matará», clamó la legisladora en declaraciones a NBC, instando a Biden a explorar la apertura de clínicas de atención médica en tierras federales en estados conservadores para ayudar a acceder a los servicios de aborto.

Según una encuesta de CBS publicada el domingo, el 59 % de los estadounidenses y el 67 % de las mujeres desaprobaron el fallo de la corte.

junio 27/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El polémico párrafo 219a del Código Penal, aprobado en 1933 poco después de que Adolf Hitler se arrogara plenos poderes, prohibía la «publicidad» para la interrupción voluntaria del embarazo.

Los médicos que detallaban los métodos de aborto que empleaban corrían el riesgo de «hasta dos años de prisión o una multa».

Los partidos de la coalición gubernamental, los socialdemócratas (SPD), los Verdes y los Liberales (FDP), votaron a favor de la supresión de esta prohibición, mientras que los cristianodemócratas (CDU) y la extrema derecha (AfD) votaron en contra.

La derogación del párrafo 219a era un compromiso del contrato de coalición rubricado en noviembre por los partidos de gobierno.

La ley aprobada permitirá también anular las condenas a multas impuestas en los últimos años a médicos que proporcionaban información en su sitio internet sobre el aborto.

En junio de 2019, dos ginecólogos berlineses, Bettina Gaber y Verena Weyer, fueron multados con 2 000 euros cada una por el mismo motivo.

En este contexto, los médicos habían preferido retirar de su sitio web toda información sobre el tema y se negaban a aparecer en las listas proporcionadas por los planes familiares.

Ante la indignación suscitada por las dificultades judiciales de los médicos, el gobierno de la ex canciller Angela Merkel había decidido, a principios de 2019, flexibilizar ligeramente esta legislación, permitiendo a los ginecólogos y hospitales advertir en su sitio internet que practican el aborto.

En cambio, siempre se les prohibía detallar los métodos que empleaban.

El aborto sigue siendo un camino difícil en Alemania, a pesar de estar a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres en la década de 1970.

Una mujer que desee abortar en las primeras 12 semanas de embarazo debe participar en una consulta obligatoria en un centro autorizado. El objetivo de esta entrevista es «incitar a la mujer a continuar su embarazo», según el legislador.

Salvo excepciones (poner en peligro la vida de la madre, violación…), el aborto, cuyo costo puede alcanzar varios cientos de euros, no es reembolsado por las cajas de seguro médico.

Cada año se practican unos 100 000 abortos en Alemania, pero la tendencia es a la baja en los últimos años.

junio 24/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Los adultos mayores que habitan en el campo son víctimas de la débil cobertura y acceso al sistema de salud, situación que, junto a la falta de ingresos fijos como una pensión, y de una red de apoyo emocional, hace que aumente el riesgo de suicidio frente a los que viven en zonas urbanas, según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El suicidio en la población adulta mayor es un problema de salud pública grave que no ha recibido la atención que merece desde los sectores académicos y gubernamentales. En personas mayores de 60 años, esta situación se ha asociado principalmente con factores como el deterioro de la salud mental o la depresión, o a una enfermedad crónica. No obstante, la falta de ofertas en servicios de salud, sobre todo para las personas que viven en la ruralidad, conlleva a un deterioro más acelerado y prematuro que, en muchos casos por dolores extremos, lleva a los adultos mayores a tomar la fatídica decisión.

En su trabajo doctoral en Salud Pública de la UNAL, Ivonne Ordóñez Monak encontró que, aunque existe una tendencia a que los adultos mayores tengan una tasa más alta de suicidio que el resto de la población, algunos casos se podrían evitar si se disminuyen las brechas de inequidad.

Para llegar a estos resultados, la investigadora analizó información entre 2009 y 2013 de los expedientes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, además de las Estadísticas Vitales (EE. VV.) publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante este mismo periodo, para que fueran comparables entre sí.

Además, visitó 44 municipios en los que reposan los archivos de los casos reportados y se revisaron 1 167 carpetas para identificar distintas variables socio demográficas como estado civil, situación económica y antecedentes médicos, entre otros.

También realizó un análisis cualitativo con base en las entrevistas a algunos de los familiares de los mayores fallecidos, así como narrativas forenses e historias clínicas. Así, determinó que se presentaron 1 023 casos en hombres (87,66 %) y 144 mujeres (12,34 %), equivalente a 7 casos de suicidio masculino por cada suicidio femenino. Según la investigación, Arauca es el departamento con las mayores tasas de suicidio en esta población, seguido de otras zonas distantes del país.

Temor a la dependencia incrementa los temores

Según las entrevistas realizadas a los familiares de los hombres, algunas razones por las cuales presentan una tasa más alta es porque tienen temor de perder las capacidades que les permiten ser autónomos e independientes, e incluso, ser proveedores del hogar.

«Mientras que las mujeres tienen un rol social bien definido con sus hijos y nietos, en los hombres se da la tendencia a estar más relegados, situación que estaría asociada con una sensación de pérdida del sentido de la vida que los lleva a cometer suicidio», explica la investigadora.

Agrega que “la falta de estabilidad económica los golpea muy duro. Saber que dependen de sus hijos, o que van a depender, es muy difícil de asimilar para ellos”.

“Solo el 13 % de la población evaluada alcanzó a pensionarse, y como a su edad difícilmente pueden acceder a un empleo estable, algunos de ellos deciden trabajar en la informalidad y terminan en la indigencia, lo que refuerza sus problemas de salud y podría predisponer al suicidio”, anota.

De otra parte, para el 74 % de las mujeres, entre las razones que las llevaron al suicidio se encuentran enfermedades mentales como alzhéimer, depresión y demencia; para un 57 % de los hombres las motivaciones tenían que ver con el desarrollo de enfermedades como cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), afecciones cardiovasculares y diabetes.

Ahorcamiento, el mecanismo más común

Los hechos han sucedido en las viviendas en horas de la mañana, y el mecanismo más común es el ahorcamiento para los dos sexos, seguido de arma de fuego en los hombres e intoxicación en las mujeres.

“Es evidente que el tema del envejecimiento requiere acciones y respuestas urgentes en torno a políticas de protección social, garantía de los derechos de las personas mayores y envejecimiento activo en el marco de la equidad y la justicia social”, indica la doctora.

Y advierte que los resultados cuantitativos, pero, sobre todo, la información cualitativa analizada, evidencia las debilidades en la formación de talento humano en salud, respuesta social y disponibilidad de redes de apoyo para las necesidades en salud física y mental de la tercera edad en Colombia.

“Aunque existen acciones asistenciales, preventivas y programas sociales, no son diseñadas de manera específica para este grupo poblacional, o no están siendo efectivas para mitigar y apoyar los retos que implica el envejecimiento de nuestros adultos mayores”, concluye.

junio 20/2022 (Dicyt)

Referencia:

Ordóñez Monak, I. Exploración de la relación entre el fenómeno del suicidio en el adulto mayor y las condiciones de inequidad desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Colombia: 2009-2013. Repositorio Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

En el marco de los trabajos de la subcomisión que estudia en el Congreso de los Diputados la posible regulación del empleo medicinal del cannabis, Jazz Pharmaceuticals ha celebrado un seminario en Madrid en el que ha advertido de que las autoridades deben priorizar «a la hora de tomar decisiones clínicas» la seguridad que ofrecen los medicamentos a diferencia de los compuestos no elaborados ni regulados por las compañías farmacéuticas.

En el seminario han participado la directora médica de Jazz Pharmaceuticals España y Portugal, Rosana Cajal, el profesor de la Universidad de Alcalá, Francisco Zaragozá y la presidenta de la Sociedad Española de Epilepsia, Mar Carreño.

La directora médica de la farmacéutica ha expuesto que en otros países se utilizan siempre primero los medicamentos aprobados por las autoridades para las indicaciones concretas (su compañía tiene dos a base de cannabis) por delante de los productos no aprobados por las autoridades, puesto que estos últimos carecen de evidencia científica.

Los medicamentos garantizan la eficacia, la seguridad y la calidad. Es fundamental que colaboremos para que toda la población entienda y distinga bien lo que es un medicamento de lo que no lo es», ha dicho Cajal.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Epilepsia ha asegurado además que el cannabidiol (CBD) se presenta como una sustancia sin riesgos que se puede usar para casi cualquier cosa, pero no es así.

«Lo cierto es que de los productos no regulados desconocemos casi todo, la concentración, el porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC) así que sí hay riesgos, especialmente para las personas que ya toman otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central», ha explicado esta doctora, que ha advertido de que en los concentrados no regulados no hay seguridad con respecto a la presencia de esa sustancia.

Jazz reivindica que la mayoría del conocimiento sobre el uso medicinal del cannabis lo ha descubierto esa compañía en los 20 años de investigación. «El CBD no es una sustancia inocua, puede presentar riesgos de seguridad reales si no se utiliza bajo la supervisión y el control de un profesional», reseña Rosana Cajal.

Además, Zaragozá ha pedido seguir investigando sobre los posibles efectos terapéuticos del cannabis y realizar ensayos clínicos para todas las sustancias que se dirijan a los pacientes.

junio 13/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El menor, que quedó en esa condición a consecuencia de un incidente ocurrido en su casa, está siendo tratado actualmente en el Royal Hospital de Whitechapel, en el este de Londres.

Los médicos consideran que el niño está en muerte cerebral y que debería ser desconectado de las máquinas que lo mantienen con vida, mientras que sus padres, Hollie Dance y Paul Battersbee, naturales de Southend (Essex), sostienen que su corazón continúa latiendo y quieren que el tratamiento continúe.

La jueza británica Emma Arbuthnot dictaminó que Archie está «muerto» y que los doctores podrían frenar «de manera legítima» sus cuidados.

Los abogados que representan al hospital habían solicitado a la magistrada que mediara en este caso a fin de determinar qué medidas redundarían en los mejores intereses del niño.

Archie sufrió daños cerebrales el pasado 7 de abril, cuando sus padres lo encontraron inconsciente. Entonces indicaron que creían que el menor, que no volvió a recobrar la conciencia, había participado en algún «desafío online».

Según señaló en un dictamen escrito Arbuthnot, «el cese irreversible de la función de las células madre neuronales se ha establecido de manera concluyente».

«Doy permiso a los profesionales médicos del Royal London Hospital para cesar la respiración asistida a Archie Battersbee; extubarle; cesar la administración de medicamentos y no intentar ninguna reanimación cardíaca o pulmonar cuando cese la potencia cardíaca o cesen los esfuerzos respiratorios», declaró la jueza.

La magistrada también indicó que, si Archie «continúa con ventilación mecánica, el desenlace probable es la muerte repentina y las perspectivas de recuperación son nulas».

«No encuentra placer en la vida y su daño cerebral es irrecuperable», concluyó.

La familia, que apelará el dictamen, se mostró «devastada y extremadamente decepcionada» tras semanas de lucha judicial.

«Me siento asqueada porque el hospital y la jueza no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia. No creo que se le haya dado a Archie el tiempo suficiente. Desde el principio nos hemos preguntado: ¿Por qué estas prisas?«, afirmó la madre en declaraciones a la prensa.

 «Su corazón todavía late, me ha apretado la mano y, como madre, sé que él todavía está ahí», agregó.

 junio 13/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Según la investigación realizada por el Colegio Real de Enfermería (RCN), la discriminación es aún más palpable en las edades comprendidas entre los 35 y 44 años.

Mientras el 68 por ciento de las enfermeras blancas y el 64 por ciento de las que pertenecen a grupos étnicos mixtos en esas edades dijeron que recibieron ascensos, las cifras entre las asiáticas y las negras fue de 38 por ciento y un 35 por ciento, respectivamente, agregó el RCN.

El RCN exhortó al gobierno británico a tomar medidas para enfrentar el racismo en el país europeo.

La discriminación racial experimentada por el personal de enfermería en sus puestos de trabajo es muy impresionante, afirmó el coordinador de igualdad y diversidad de la organización gremial, Bruno Daniel.

Agregó que la pandemia de covid-19 contribuyó a poner en evidencia el racismo estructural imperante en los servicios de salud y de atención social.

El estudio recoge también el testimonio de la enfermera de raza negra Olanike Babalola, quien dijo que nunca fue promovida en su labor, a pesar de tener calificaciones altas en la atención a pacientes con diabetes.

Aunque tengo amplios conocimientos, no me dan la oportunidad de ponerlos en práctica, mientras una encuentra que sí se la ofrecen a las enfermeras blancas. Eso es realmente racismo, discriminación, sentenció.

El RCN, que entrevistó a más de 10 mil enfermeras para la investigación, pidió al gobierno del Reino Unido tomar medidas legales para eliminar tales prácticas dentro de los servicios de salud, y las disparidades a la contratación, retención y promoción del personal.

También llamó a las autoridades a exigir mayor responsabilidad a los empleadores a la hora de proteger a las minorías étnicas.

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra admitió, por su parte, que necesita «hacer más» en ese sentido, aunque señaló que el número de empleados negros y de otras minorías étnicas en el sector es más alto que nunca.

junio 09/2022 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El grupo de investigación ‘Biocontrol y prevención de enfermedades en acuicultura’ de la Universidad de Málaga ha corroborado en estudios in vivo con ratones que durante el examen forense de un cuerpo un análisis microbiológico podría ofrecer la cantidad y tipología de las bacterias post mortem que determinan con más rigor el momento del fallecimiento de un cadáver.

Para ello, y tras comprobar que pasadas 12 horas tras la muerte disminuían, plantean acotar los tiempos de análisis que revelen en qué momento concreto se produjo la defunción según las diferentes etapas de descomposición.

Para ello, han utilizado técnicas encargadas de procesar datos del campo de la microbiología, aplicando estudios moleculares para obtener datos tangibles más exhaustivos de la hora a la que se ha producido la muerte de un cuerpo. Actualmente, la mayoría de las técnicas empleadas para la realización de autopsias son de tipo cualitativos, como la rigidez cadavérica.

Además, este equipo plantea que se orienten las horas entre las distintas fases de análisis que se aplican en las autopsias. En concreto, proponen que se tome como referencia partir de las 12 horas tras la muerte, momento a partir del cual han observado diferencias significativas en la tanatomicrobiota, es decir, el conjunto bacteriano que reside en un cuerpo tras su defunción.

En concreto, han aplicado técnicas moleculares basadas en PCR (reacción en cadena de polimerasa) y análisis de imagen para gestionar una gran cantidad de datos biológicos derivados del análisis de una secuencia concreta de ADN de las bacterias intestinales postmortem, el fragmento 16S. “Estudiamos esta parte determinada del ADN de los microorganismos que hay en la tanatomicrobiota porque es específica de cada bacteria. Es como el DNI de cada una de ellas, la información que las identifica y las diferencia unas de otras”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Málaga, Ángel Martínez Aragonés, autor del estudio.

Según esta investigación, titulado ‘Estudio mediante técnicas moleculares del tanatomicrobioma intestinal en la estimación del intervalo post mortem temprano empleando un modelo de ratón’ y publicado en la Revista Española de Medicina Legal, el análisis de este fragmento de ADN permiten disponer de información cuantitativa sobre la tipología y la cantidad de bacterias existentes en la hora exacta de la muerte con un margen de error de aproximadamente una hora y media en las primeras 24 horas sin vida de un cuerpo.

Por ello, el equipo de investigación apuesta por acotar los tiempos de análisis a partir de las 12 horas tras la muerte, ya que en esa franja observaron diferencias significativas en el conjunto de los microorganismos post mortem. “Los estados de descomposición varían en función de estas ventanas de estudio. Cuando se produce la ruptura abdominal y se abre el cadáver, la tanatomicrobiota tiende a diferenciarse más que la que tenía en vida. Las bacterias tienen que adaptarse al nuevo estado de entropía y la estabilización conlleva su tiempo”, detalla el responsable de este trabajo.

Este trabajo propone tomar como referencia espacios temporales de descomposición. Así, en este estudio fija el punto de inflexión donde comienza a cambiar la diversidad bacteriana a partir de las 12 horas tras la supuesta hora de la muerte. “Los cambios que soportan las bacterias en el nuevo escenario tras la muerte se suceden con rapidez y variablemente. Si los espacios temporales de estudio son amplios, esto imposibilita determinar con rigurosidad el momento concreto de la muerte”, subraya Aragonés.

Autopsias en ratones

Para obtener estos resultados, el equipo de investigación realizó experimentos in vivo en ratones de laboratorio que no hubieran tenido ningún tratamiento previo, simplemente alimentados con agua y pienso, y a los que se les iba a practicar la eutanasia.

Diseccionaron ejemplares de ratones fallecidos durante 24 horas de descomposición y obtuvieron muestras intestinales con una extracción de ADN. “Examinamos parte del intestino posterior y del colon ascendente, una de las regiones que más interesa a la comunidad científica para el estudio del tanatomicrobioma porque concentra una gran cantidad de microorganismos”, señala Aragonés.

Posteriormente, realizaron una PCR para amplificar el fragmento del gen 16S de todas las bacterias y aplicaron técnicas de electroforesis en gel para separarlos según su composición. Tras ello, obtuvieron el fragmento de 16S separado de todas las bacterias. “Este proceso nos permitió tener una fotografía real y completa de la tanatomicrobioma”, apunta el autor del trabajo.

Con esta información, el equipo de investigación concluyó que pasadas 12 horas tras la muerte disminuía la diversidad de bacterias. “Al tender a la estabilización y moderarse los cambios, los datos obtenidos mediante técnicas de aprendizaje automático o modelos predictivos son más precisos para determinar a qué hora se ha producido la muerte de un cuerpo según los datos que nos revelan las bacterias que contiene”, concluye Aragonés.

mayo 16/2022 (Dicyt)

Referencia:

Aragonés A.M., Martínez-Manzanares E., Tapia-Paniagua S.T.: Estudio mediante técnicas moleculares del tanatomicrobioma intestinal en la estimación del intervalo post mortem temprano empleando un modelo de ratón, Revista Española de Medicina Legal,2022, ISSN 0377-4732, https://doi.org/10.1016/j.reml.2021.09.004.

A diferencia de la eutanasia, que solo puede aplicar un médico y ya es legal en Colombia, el paciente podrá ahora suministrarse un fármaco letal con la supervisión de un doctor.

«El médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, actúa dentro del marco constitucional», señaló la corte en un fallo difundido recientemente.

Por una votación de seis a tres, la Corte Constitucional derogó un artículo del código penal que castigaba con 12 a 36 meses de prisión a quien asistiera un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma.

De acuerdo con la Fundación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la diferencia entre la eutanasia legal en Colombia desde 1997- y el suicidio asistido «es, básicamente, quién administra el fármaco».

«En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado», explica la ONG internacional.

A pesar de ser el único país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en despenalizar la eutanasia, la ley colombiana seguía sancionando a quien inducía o prestaba ayuda a una persona que decidía terminar con su vida.

Un 69,2 % de los colombianos está de acuerdo con la eutanasia, incluso en pacientes no terminales, según una encuesta de la firma Invamer.

Con el fallo, «la ayuda al suicidio, cuando es llevado a cabo por un médico y se cumplen unos requisitos estrictos, deja de ser un delito», resumió en la emisora W Radio el abogado Lucas Correa, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desclab), que impugnó la ley.

Según el tribunal, esta práctica será permitida solo para personas que estén bajo «intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable». Se trata de las mismas condiciones vigentes para acceder a la eutanasia, que en principio estaba reservada para pacientes terminales, pero fue flexibilizada el año pasado por el mismo tribunal.

Quienes incumplan estos requisitos siguen expuestos a penas de hasta nueve años de prisión.

España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo también permiten la eutanasia, mientras que Suiza, Austria, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos y de Australia reglamentan el suicidio asistido bajo diferentes condiciones, según datos de la Fundación DMD.

Al menos 157 personas han recibido la eutanasia en el país, de acuerdo con cifras oficiales.

Para la corte, la ley impugnada desconocía «la dignidad humana y los derechos a la vida digna, la muerte digna y el libre desarrollo de la personalidad».

El gobierno del conservador Iván Duque intervino durante la discusión en el tribunal para oponerse a la despenalización del suicidio médicamente asistido, argumentando que esta decisión debería ser tomada por el Congreso.

«Adicionar otra opción de muerte médicamente asistida sin la debida y adecuada discusión a profundidad puede tener repercusiones negativas», advirtió el ministerio de Salud en un escrito enviado a la corte.

El Ejecutivo aún no ha reaccionado al fallo.

A pesar de las decisiones de la justicia, los pacientes que buscan acceder a la eutanasia en Colombia denuncian trabas en los hospitales encargados de llevar a cabo el procedimiento.

Es el caso de Martha Sepúlveda, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica cuya eutanasia fue cancelada a última hora por un comité médico con el argumento de que aún tenía «altas probabilidades» de sobrevivir.

Sepúlveda impugnó esa decisión y recibió la eutanasia.

En su fallo reciente, la corte exhortó al congreso a «eliminar las barreras aún existentes para el acceso» a la muerte digna.

mayo 13/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El doctor Brian Sims entró en la sala de partos y le explicó con delicadeza que los bebés nacidos tan pronto probablemente no vivirían. Le dijo a Butler que podía mantenerlos cómodos mientras morían.

Pero ella le suplicó entre lágrimas: «Dale a mis gemelos una oportunidad de sobrevivir».  Y lo hizo.

Hasta hace poco, intentar salvar a los bebés nacidos tan pronto habría sido inútil. Butler estaba en el quinto mes de su embarazo, un día después de las 21 semanas de gestación. Es decir, siete semanas antes de lo que los médicos consideraban «el límite inferior de viabilidad», o lo más pronto que un bebé podía sobrevivir fuera del útero. Pero en el último medio siglo, la ciencia médica ha ido desplazando lentamente ese límite hacia abajo.

Y eso ha hecho que la viabilidad -una palabra que muchos asocian con el debate sobre el aborto- sea clave en las decisiones sobre bebés desesperadamente deseados al borde de la vida.

Cada vez son más los bebés extremadamente prematuros que reciben tratamiento para salvar su vida y sobreviven.

Un estudio fundamental publicado este año en la revista médica Journal of the American Medical Association, en el que se analizaron casi 11 000 nacimientos de este tipo en una red de investigación neonatal que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud, reveló que el 30 % de los bebés nacidos con 22 semanas, el 56 % de los nacidos con 23 semanas y el 71 % de los nacidos con 24 semanas vivieron al menos hasta estar lo suficientemente sanos como para ser enviados a casa si los médicos intentaban salvarlos.

Estos avances se produjeron de forma gradual y silenciosa, ya que la noción de viabilidad recibió mucha más atención en el ámbito del aborto. La viabilidad se menciona 36 veces en el borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía el fallo del caso Roe contra Wade.

La sentencia sobre el aborto, que tiene décadas de antigüedad, afirma que la Constitución protege el derecho de la mujer a abortar antes de la viabilidad, un criterio que Mississippi considera arbitrario.

Pero la viabilidad no tiene nada que ver con la gran mayoría de los abortos; más del 99 % de los abortos se producen en la semana 21 o antes, según las estadísticas federales. Así que, aunque la viabilidad es fundamental para la ley del aborto, el meollo de la discusión en torno al procedimiento se reduce a un desacuerdo sobre si alguien debe tener la opción de interrumpir un embarazo y en qué casos.

Mientras tanto, la viabilidad es una preocupación real cada vez mayor para los que cuidan de los bebés prematuros, ya que la ciencia sigue bajando la línea cada vez más.

Y también en este ámbito hay una gran tensión ética.

Más allá del riesgo de muerte, los bebés con «viabilidad límite» son muy susceptibles de sufrir discapacidades como parálisis cerebral, deficiencias cognitivas, ceguera y graves problemas pulmonares. A menudo, los padres y los médicos se enfrentan a una pregunta desgarradora que deben responder juntos: ¿Cómo deciden qué hacer?

«Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas intervenciones», comentó la doctora Barbara Warner, experta en medicina neonatal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. «¿Debemos hacerlas?».

En el caso de los gemelos de Butler, la respuesta fue afirmativa. Curtis y C’Asya Means vinieron al mundo el 5 de julio de 2020, en el hospital de la Universidad de Alabama, con menos de medio kilo de peso cada uno y lo suficientemente pequeños como para caber en la mano de un adulto.

Sus distintas trayectorias reflejan las dos caras de la prematuridad extrema.

C’Asya solamente vivió un día. Butler guarda sus cenizas en una pequeña urna de color rosa y plata.

Curtis se convirtió en el «micropremiado» más precoz del mundo: le salieron los dientes, probó los alimentos sólidos y anduvo por la casa en su andador.

Cada año nacen en Estados Unidos unos 380 000 bebés prematuros, es decir, antes de las 37 semanas de un embarazo típico de 40 semanas. Unos 19 000 llegan antes del tercer trimestre.

Los bebés que nacían tan pronto se enfrentaban a perspectivas poco alentadoras hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue entonces cuando la tecnología de las incubadoras evolucionó, la neonatología se convirtió en una especialidad y se empezaron a utilizar ampliamente dos medicamentos: los esteroides durante el embarazo para acelerar el desarrollo pulmonar del feto y el «surfactante» sintético que se administra a los bebés para mantener abiertas sus vías respiratorias.

Durante muchos años, el «límite de la viabilidad» se mantuvo en torno a las 24 semanas, dijo la doctora Elizabeth Foglia, neonatóloga del Hospital Infantil de Filadelfia. Durante su residencia en pediatría, entre 2006 y 2009, «esos eran los pacientes que más pronto interveníamos y los que más nos preocupaban».

Las complicaciones siguen siendo frecuentes, aunque tres décadas de investigación muestran un aumento progresivo de las tasas de supervivencia de los bebés nacidos entre las 22 y 25 semanas. Los cuidados para estos bebés también siguen siendo intensos.

Incluso hoy en día, no es inusual que los microprematuros pasen hasta un año en el hospital, y los costos pueden ascender a millones de dólares. La mayoría de estos bebés pasan tiempo conectados a respiradores, se calientan en incubadoras y reciben líquidos y nutrición a través de tubos. Su piel, tan delicada como la de una víctima de una quemadura, necesita cuidados meticulosos.

En el futuro, los médicos esperan que sobrevivan más microprematuros.

¿Una de las razones? Salvarlos será cada vez más aceptado y común. El año pasado, el influyente Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos actualizó sus recomendaciones para decir que los esteroides antes del nacimiento pueden considerarse si se planea la reanimación a las 22 semanas. Anteriormente, la medida no se recomendaba para bebés tan pequeños.

Y más adelante, los científicos están trabajando en equipos para salvar vidas adaptados a cuerpos más pequeños y en un útero artificial que esperan que algún día pueda hacer crecer un feto fuera de una persona.

Estos avances seguramente provocarán más dilemas éticos.

«Siempre habrá un límite de viabilidad. Dónde esté ese límite puede cambiar con el tiempo a medida que evolucione la tecnología y nuestra capacidad para atender a bebés cada vez menos maduros», dijo Foglia. Pero dondequiera que esté ese límite, «la supervivencia puede ser posible, pero no está garantizada. Y la supervivencia sin discapacidad no está ciertamente garantizada», señaló.

mayo 12/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.