El 85 % de los 1 933 médicos que acudieron al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) entre 2023 y 2024 presentaban trastorno mental y el 15,1 % patologías adictivas, de las que el 25,8 % era por abuso de alcohol, el 42,3 % por consumo de drogas y el 31,7 % por patología dual -dependencia del alcohol y drogas-.

Son los datos hechos públicos este jueves por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc) en el marco del XI Congreso y II Encuentro Internacional del Paime que se celebra en Alicante, que revelan que la cifra de facultativos atendidos ha aumentado un 13 % respecto al informe 2021-2022 y supone la mayor de la serie histórica desde 2011, cuando comenzaron a realizar los estudios bienales.

Baja la adicción al alcohol, pero sube a las drogas

Las consultas por trastornos mentales se han mantenido, las de adicción al alcohol han bajado (de un 5,6 % a un 3,9 %), mientras que las realizadas por adicciones a drogas, como cocaína, cannabis y benzodiazepinas, han aumentado más del doble (del 3 % al 6,4 %). Las demandas por patología dual han disminuido del 6,5 % al 4,8 %.

Desde la puesta en marcha del Paime en 1998 se han atendido a 10 000 médicos, según ha detallado la vicepresidenta primera de la OMC y coordinadora nacional del programa, Isabel Moya, que ha destacado la «robustez y eficacia» de un recurso sanitario único en España, concebido «para garantizar la buena praxis médica y la seguridad del paciente».

Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco concentran el 67 % de los casos nuevos atendidos en este periodo, y han incrementado «significativamente» en Andalucía (un 5 % más que en el anterior período), en Madrid (4,8 %) y en la Comunidad Valenciana (2,3 %), mientras que en Cataluña ha habido un descenso del 9 % y en el País Vasco del 1,7 %.

Aumentan los casos complicados con riesgo

De los 1 933 casos, 111 han requerido ingreso hospitalario y el 21 % (en 2023) y un 20,6 % (en 2024) han sido calificados de casos complicados (un 5 % más que en el estudio previo), de los cuáles un 50,6 % acarreaba riesgo para la praxis, un 39,4 % conflictos en el entorno laboral y un 10 % han cambiado de centro de trabajo.

«Los casos complicados son aquellos que no les es suficiente con una intervención estándar y requieren una gestión intensiva, prolongada y coordinada. Aumentan el riesgo para el médico, para el ejercicio profesional y para terceros», ha advertido Moya.

En este sentido, ha destacado el incremento de un 20 % de los contratos terapéuticos, que se aplican cuando «el médico es muy problemático, tiene baja adherencia al tratamiento o existe una discordancia» y requiere un seguimiento más estrecho para garantizar su recuperación y la seguridad en la práctica clínica.

En los dos últimos años analizados se han formalizado 405 nuevos contratos y actualmente 533 profesionales mantienen un contrato terapéutico activo, la cifra más alta desde la puesta en marcha del programa en 1998.

Moya ha remarcado también que de los facultativos que precisaron ingreso hospitalario, el 71,6 % recibió el alta y se reincorporó a su puesto de trabajo «sin ningún peligro ni para él ni para los ciudadanos». El 28,4 % fue una alta administrativa con diversas opciones (jubilación, inhabilitación, cambio de domicilio…).

La mayoría de médicos llega al Paime por iniciativa propia

Del total de médicos atendidos, el 68 % estaba trabajando al inicio del programa, el 28,6 % se encontraba de baja laboral, el 2 % estaba en paro y el 0,6 % tenía inhabilitación profesional temporal.

Los datos revelan que la gran mayoría de los profesionales llegan al programa de forma voluntaria: un 67 % espontáneamente y casi un 32 % de forma voluntaria pero inducida, bien por otros colegas (29 %) bien por los propios psiquiatras (21 %).

Por edad, el mayor número de casos se encuentra en la franja de 31 a 40 (26,6 %), aunque preocupa el aumento entre los más jóvenes, menores de 30 años, que ya suponen el 17,3 %.

Y por sexo, es mayor el porcentaje de médicas afectadas por problemas de salud mental y/o adicciones. El 67 % de ellas pide ayuda en el programa Paime, frente al 33 % de profesionales varones, tendencia ascendente en los últimos años.

Respecto a la nacionalidad, el 83 % de los médicos son españoles y entre el 15 % de extranjeros, los que más acceden al programa son latinoamericanos, en concreto venezolanos (4,2 %) y colombianos (2,9 %).

Los médicos de familia y sobre todo en ciudades

El médico que más frecuentemente acude a este programa es el médico de familia (teniendo en cuenta que es una de las especialidades mayoritarias), aunque también hay una alta incidencia en pediatría, psiquiatría, anestesiología y reanimación y medicina interna.

En cuanto al desempeño laboral, la mayoría de los médicos que pidieron ayuda trabajan en el ámbito urbano (88 %) y en el sistema público de salud (83 %), mientras que el 10 % lo hace en la sanidad privada y el 7 % en ambos.

El coste anual del Paime es de más de 2,5 millones de euros, ha añadido Moya, que ha afirmado que «invertir en salud mental del médico es ahorrar costes al sistema y proteger al paciente». 

19 febrero 2026 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) de España ha resaltado la importancia de aumentar la conciencia sobre los riesgos que suponen las enfermedades infecciosas y las pandemias para la salud humana, animal y ambiental.

«La preparación, la colaboración entre diferentes profesiones y los planes preventivos son factores decisivos para agilizar el tiempo de respuesta a la hora de enfrentar cualquier amenaza epidémica», ha destacado la OCV en el marco del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

Para prevenir brotes y minimizar las consecuencias de futuras epidemias y pandemias, la OCV subraya la importancia de contar con equipos multidisciplinares y de trabajar desde un enfoque integrado One Health-Una Sola Salud. «La interconexión entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente es incuestionable, y los veterinarios tenemos un rol clave en esta estrategia global», apuntan desde la Organización.

En este sentido, la OCV lamenta que «solo el 1 % del gasto sanitario en España se destina a prevención, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias». «Es crucial destinar más recursos a planes de vigilancia y contingencia, así como a la investigación en zoonosis y enfermedades emergentes», añade la OCV.

El cambio climático, la globalización y el aumento de la movilidad de personas y animales incrementan el riesgo de aparición de nuevas enfermedades. «El 60 % de las enfermedades infecciosas en humanos son de origen animal, por lo que proteger la salud animal es una acción directa para proteger la salud humana», recalca la OCV.

Asimismo, los veterinarios también instan a fortalecer la colaboración entre sectores, promover el intercambio de información y concienciar a la población sobre la importancia de las medidas preventivas. «Los veterinarios, por nuestra experiencia en zoonosis y microbiología, somos actores indispensables en esta estrategia», concluyen.

27 diciembre 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó hoy lunes a proteger las instalaciones y servicios médicos en Haití para garantizar el acceso a la salud ante la escalada de violencia en Haití.

«Tras el reciente ataque a un centro de salud, el ya frágil sistema sanitario del país está bajo una presión sin precedentes, lo que afecta gravemente el acceso a la atención médica esencial», advirtió el organismo panamericano a través de un comunicado.

La OPS dijo que con más de 700 000 personas desplazadas debido a la violencia, la situación en Haití se ha vuelto cada vez más grave.

Este mes, el Hospital Bernard Mevs en Puerto Príncipe fue parcialmente destruido, lo que agravó aún más la ya limitada capacidad de atención, puntualizó el organismo.

«El ataque al Hospital Bernard Mevs es un golpe trágico al ya frágil sistema de salud de Haití. Estoy profundamente preocupado por la violencia en escalada y me solidarizo con la comunidad de salud de Haití», dijo el Director de la OPS, Jarbas Barbosa, quien, además, consideró que «proteger las instalaciones de salud, a los pacientes, los trabajadores de la salud, el equipo y las actividades médicas es esencial».

La OPS remarcó que el último hospital público en el área metropolitana de Puerto Príncipe capaz de manejar un aumento masivo de víctimas, el Hospital Universitario La Paix, está operando bajo una presión inmensa, mientras se esfuerza por gestionar un creciente número de pacientes en un entorno volátil.

«El derecho internacional humanitario establece la protección de los trabajadores de la salud, las instalaciones y los servicios durante los conflictos, garantizando que la atención médica siga siendo accesible para todos, independientemente de sus afiliaciones. Los crecientes ataques a hospitales y personal de salud subrayan la urgente necesidad de que estas leyes sean respetadas para proteger las vidas de los pacientes y los trabajadores de la salud», enfatizó la OPS.

Además de la violencia en curso, Haití experimentó un resurgimiento del cólera en octubre de 2022, que se propagó por todo el país: «Aunque los casos sospechosos de cólera han disminuido a nivel nacional, continúan reportándose brotes localizados, particularmente en los sitios de desplazados internos, donde las condiciones de hacinamiento facilitan la propagación de la enfermedad», indicó el organismo continental.

La OPS dijo que en 2024 entregó más de 38 toneladas de medicamentos esenciales y suministros médicos para apoyar la continuidad de los servicios en las instalaciones de salud operativas, entre otras acciones de apoyo.

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó este lunes su «profunda preocupación» por el deterioro de la crisis en Haití, condenando la continua violencia de las bandas y haciendo un llamamiento a la solidaridad con el pueblo haitiano.

En un comunicado de prensa, los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su profunda preocupación por la actual y cada vez más grave crisis política, económica, de seguridad, de derechos humanos, humanitaria y de inseguridad alimentaria y nutricional en Haití, así como por las restricciones al acceso humanitario, y reafirmaron el compromiso de la comunidad internacional de seguir apoyando al pueblo de Haití.

23 diciembre 2024|Fuente: Xinhua |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Cifras relacionadas con la contaminación por agrotóxicos en el primer semestre del año perturban hoy en Brasil, donde se registró un aumento de más del 950 % respecto al mismo período de 2023.

Tal porcentaje apareció en un informe preliminar de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), con datos del mapa anual sobre conflictos en el campo, realizado por la organización junto con el Centro de Documentación Dom Tomás Balduíno.

Valéria Santos, coordinadora nacional de la CPT, afirmó que solo en el bioma Cerrado (la sabana más rica en biodiversidad del mundo), se identificaron cinco tipos de agrotóxicos altamente contaminantes en las aguas de cisternas y cacimbas (excavación poco profunda para obtener agua) utilizadas por comunidades rurales, quilombolas (afrobrasileños) e indígenas.

Además de este envenenamiento silencioso, Santos advirtió sobre el uso de agrotóxicos como armas químicas contra estas comunidades y como forma de expulsarlas de sus territorios.

«En 2021 y 2022, hubo un ataque químico en una comunidad en Buruticupu, estado de Maranhão (nordeste), donde se pulverizó agrotóxico. Entonces varias personas se quemaron la piel, con picazón», recordó la coordinadora.

Santos certificó que, incluso, en los lugares que no son directamente afectados por la pulverización aérea de veneno, las colectividades enfrentaron dificultades para el cultivo de alimentos por el nivel de contaminación del suelo, agua y aire, lo cual agrava la situación de inseguridad alimentaria de la población.

«El agrotóxico no cae solo sobre ese cultivo de la monocultura, termina yendo a los de las comunidades o a los patios y quema las plantas. Entonces el personal está con mucha dificultad para cosechar frutos sanos o hacer la cosecha de otros alimentos que no sea soja», apuntó.

Denunció que las personas hablan de una tendencia a un crecimiento exorbitante de la violencia contra las personas, «provocada por lo que llamamos guerra química».

Alan Tygel, integrante de la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida, ponderó el trabajo de la CPT en levantar los datos, fundamentales para arrojar luz sobre estas realidades, a menudo invisibles.

«Resulta necesario reconocer la magnífica importancia de la labor que la CPT viene haciendo desde hace más de 40 años en la sistematización de los conflictos en el campo en Brasil», razonó Tygel.

Este es un síntoma gravísimo de este problema histórico que tenemos con respecto a la tierra. «La falta de una reforma agraria y el avance del modelo de la agroindustria, automáticamente generan ese nivel de violencia en el campo», subrayó.

Según el informe de la CPT, la mayoría de los casos (156) ocurrieron en Maranhão, donde las comunidades sufren las graves consecuencias de la pulverización aérea de veneno.

02 diciembre 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

Para evitar el colapso, el sistema de salud italiano debe contratar en la próxima década unos 55 000 médicos y 44 000 enfermeras, así como otros 20 000 trabajadores sanitarios y de rehabilitación, señaló hoy un estudio.

Un análisis de especialistas del Banco de Italia, indica que estas cifras están ligadas a la prevista jubilación, hasta 2032, de casi 27 000 médicos, así como de 24 000 enfermeras y el mismo número de otros trabajadores de la salud, a lo que se añade la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria nacional.

Un factor que complica la situación es el envejecimiento de los especialistas, pues a fines de 2022 el 26 % de los galenos italianos tenían más de 60 años, porcentaje que se eleva hasta los 34 puntos porcentuales en la zona meridional del país.

Este fenómeno es particularmente grave para los médicos generales y pediatras, donde la proporción de profesionales mayores de 60 años alcanza el 40 % a nivel nacional y los 45 puntos porcentuales en las regiones del sur.

Francesco Maria Chelli, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (Istat), apuntó recientemente, en una audiencia parlamentaria, que el envejecimiento del personal representa una cuestión crítica para el sector de la salud, «ante el futuro aumento de la demanda de atención, debido a la dinámica demográfica».

Para intentar abordar la escasez de trabajadores sanitarios, el gobierno prevé algunas medidas urgentes, entre ellas la aprobación en el presupuesto de 2025 de 1 300 millones de euros para el sistema de salud, cifra que aumentará hasta los 5 000 millones a partir de 2026, cuando se acelerarán las nuevas contrataciones.

Mientras tanto, para paliar este problema, se estableció la posibilidad de que los médicos próximos a la jubilación sigan trabajando, así como el aumento de las asignaciones para los trabajadores y especialistas de las salas de urgencia,
y la desgravación fiscal de parte de los salarios, agrega la fuente.

12 noviembre 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

El 49 % de los empleados públicos en el último año ha tomado fármacos psicoactivos, como ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, para cuidar su salud mental, según revela una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF ha presentado este viernes la encuesta ¿Cómo te sientes?, que está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de los empleados públicos.

La encuesta se ha realizado mediante entrevistas a más de 6 300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas: Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas.

«El 76 % de los empleados públicos reconoce abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de estos psicofármacos», ha señalado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal Pérez, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid.

En este sentido, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 % de los que reconoce su uso), antidepresivos (12 %) y otras sustancias (17 %).

En concreto, los motivos más mencionados para este consumo son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.

Con estos datos, Abascal ha asegurado que la situación de los empleados públicos es «insoportable», a la vez que ha denunciado «la falta de protección de la Administración a los trabajadores».

«Además, la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales», ha indicado Abascal.

PERFIL: MUJER Y TRABAJADORA EN SANIDAD O EDUCACIÓN

CSIF destaca que el consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la Administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

«La mayor parte de la prescripción de psicofármacos se produce en Atención Primaria. Los profesionales no lo hacen mal, pero lo más rápido y fácil es poner el fármaco a la persona en ese momento. Hay que tener en cuenta que la intervención de un psiquiatra necesita más tiempo y recursos y eso, en ocasiones, es complicado», ha afirmado el psiquiatra Carlos Llanes.

Además, el 60 % reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 %, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados públicos (el 67 %) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

En este punto, Elia Ruiz, enfermera, ha contado su caso, en el que tuvo que recibir tratamiento psicológico después de cambiar de servicio. «En ese momento, la conciliación familiar no era viable, algo que me generó estrés. A partir de ahí comencé con el parche de los ansiolíticos y el año pasado, en plena campaña de vacunación de la gripe, tuve un ataque de pánico. Sentí que me iba a morir y, a partir de ahí, fueron más ansiolíticos y antidepresivos, hasta llegar a una baja laboral que duró seis meses», ha detallado Ruiz.

AMBIENTE DE TRABAJO

El 57 % de los encuestados reconoce que en su organización no existe ni se promueve un clima laboral de confianza. En este sentido, las situaciones más frecuentes en este año y por las que hasta se han llegado a sentir sobrepasados en algún caso son sobrecarga de trabajo, falta de desconexión digital, acoso, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud y conflicto entre compañeros.

Más de la mitad de los empleados públicos no comunicaría que tiene una enfermedad mental en el trabajo por miedo a sentirse discriminado o estigmatizado, en concreto un 57 %. Un 31 % lo haría solo si fuera obligatorio.

El sindicato ha recordado que en España alrededor del 19 % de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. El Ministerio de Sanidad estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como depresión o ansiedad.

DERRUMBANDO ESTIGMAS DE LA SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.

Asimismo, el sindicato ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental. «Es necesario más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada», ha manifestado Abascal.

Así, consideran necesario ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada; actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, y aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones, entre otros.

25 octubre 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia