Los Institutos Nacionales de Salud Pública (INSP) de los países que integran el grupo BRICS iniciaron hoy lunes en Río de Janeiro su primera conferencia conjunta, con el objetivo de ampliar la cooperación técnica y científica para fortalecer los sistemas de salud y enfrentar de manera coordinada futuras emergencias sanitarias.

El encuentro, organizado por la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil, forma parte de la agenda de la presidencia brasileña del BRICS en 2025 y se desarrolla del 15 al 17 de septiembre.

Participan delegaciones de los miembros del bloque junto a representantes de países socios como Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Malasia y Nigeria, entre otros, sumando 21 naciones invitadas.

Durante la ceremonia de apertura estuvieron presentes el presidente de la Fiocruz, Mario Moreira; la secretaria de Vigilancia en Salud y Ambiente del Ministerio de Salud, Mariângela Simão; el director de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, Cristian Morales, y el secretario municipal de Salud de Río de Janeiro, Daniel Soranz.

«La cooperación en salud global es una prioridad para el Gobierno brasileño en el marco del BRICS. Esta conferencia es un espacio para construir asociaciones que fortalezcan nuestros sistemas de salud y nuestra capacidad de producción e investigación», destacó Moreira.

Cristian Morales subrayó que los institutos nacionales de salud pueden contribuir de forma decisiva en la preparación y respuesta a emergencias, así como en la producción de innovaciones que garanticen el acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos.

Mariângela Simão, en tanto, recordó que el momento es propicio ante la reducción de financiamiento de programas internacionales de salud por parte de Estados Unidos.

«Vivimos un escenario global en el que el país más rico del planeta da la espalda al mundo y, por otro lado, una comunión de países (BRICS) que busca mantener la ciencia al frente de las políticas públicas y elaborar políticas públicas basadas en evidencia científica», afirmó.

La conferencia debatirá temas como vigilancia y respuesta a emergencias, fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, reducción de desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, cambio climático y salud, así como estrategias de combate al hambre y la pobreza. El encuentro concluye este 17 de septiembre con la publicación de una carta de compromisos y propuestas comunes.

16 septiembre 2025 | Fuente: Xinhua | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a pagar una indemnización de 60 000 euros a los familiares de una paciente de covid-19 de 70 años que falleció en 2021 en el Hospital La Paz y concluye que hubo un retraso no justificado en la intubación de la paciente y que, al contraer esta una infección nosocomial, no se trató adecuadamente, según una sentencia del 19 de junio, a la que ha tenido acceso EFE.

Los familiares de la fallecida presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Sermas, al que pedían una indemnización de 220 000 euros, y que fue desestimada. Asistidos por la asociación El Defensor del Paciente, se dirigieron a continuación al TSJM, esgrimiendo que se produjo «una clara negligencia» por parte del hospital y que la mujer fue «abandonada a su suerte», al no suministrársele «los fármacos experimentales que en ese momento estaban establecidos por protocolo».

También denunciaron que no se contempló la posibilidad de un trasplante de pulmón y que la fallecida sufrió una «determinante» infección nosocomial que evidenció una «falta de suficientes medidas de asepsia».

«Falta de premura» en el tratamiento e incumplimiento de protocolo

En un informe pericial, una doctora coincidió en que no se emplearon «los medios adecuados» y hubo «falta de premura» en el tratamiento. Asimismo, recalcó que la muerte se debió a un shock séptico derivado de infecciones adquiridas «por las vías infectadas que no se retiraron en tiempo, estando 32 días infectadas».

«El retraso en la intubación y no cambiar la sonda vesical generó las infecciones nosocomiales adquiridas en UCI, y que no se trataron, incumpliendo los protocolos en el hospital», concluía el informe pericial.

Comunidad de Madrid: «La asistencia fue correcta»

La Comunidad de Madrid, por su parte, alegó que según el informe de la inspección médica «la asistencia prestada a la paciente fue correcta».

En concreto, este informe recogía, entre otros datos, que la paciente ya tenía una «grave patología de base» (una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC); que no estaba vacunada contra la covid-19; que se aplicaron los protocolos terapéuticos vigentes; que la mujer no cumplía los requisitos para un trasplante de pulmón o para una terapia de oxigenación extracorpórea (ECMO); y que las infecciones nosocomiales son frecuentes en pacientes de covid-19 y no implican un incumplimiento de las medidas preventivas.

Contraponiendo ambos informes, el TSJM da la razón al Sermas en su negativa a usar fármacos experimentales o distintos y a emplear una terapia ECMO o realizar un trasplante pulmonar, pues no ve debidamente justificado que estas técnicas hubieran mejorado el pronóstico.

Sin embargo, el tribunal sí considera que el Sermas no justificó la demora en la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica de la paciente y admite que ello «empeoró el pronóstico». Y apunta que el Sermas tampoco ha conseguido rebatir la tesis de la perito de que las infecciones de la paciente no se trataron adecuadamente.

Por tanto, el TSJM estima que hubo una «pérdida de oportunidad» en el tratamiento y, aun reconociendo «el mal pronóstico que, en todo caso, habría tenido la paciente, teniendo en cuenta sus antecedentes y su evolución», condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 60 000 euros a los recurrentes.

Contra la sentencia cabe recurso de casación.

16 septiembre 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reclama una campaña institucional para informar sobre el derecho a la eutanasia, así como más formación para los profesionales sanitarios y agilizar los plazos de la prestación.

Así lo ha explicado este miércoles en una atención a los medios la presidenta de la organización en Cataluña, Cristina Vallès, que ha indicado que la eutanasia «se está consolidando como un derecho sanitario dentro del sistema público catalán» cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

Sin embargo, Vallès ha asegurado que existen factores a mejorar para una aplicación efectiva de la LORE, como que se refuerce la figura del referente, que la ciudadanía conozca la información de la medida o que se establezcan protocolos claros sobre cómo actuar en centros públicos y privados.

Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta 2024 se llevaron a cabo en toda España un total de 1 034 eutanasias, lo que supone el 42% de las 2 475 solicitudes de la prestación de la ayuda que se habían presentado hasta entonces.

En Cataluña, la comunidad autónoma donde se practican más eutanasias, se llevaron a cabo 142 prestaciones en 2024, frente a las 358 registradas, con un tiempo medio de resolución de 63 días; en España fueron 427 el año pasado, frente a las 960 registradas.

La asociación ha detallado que a una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia se les deniega la prestación de ayuda para morir, y otra cuarta parte de los interesados fallece durante su tramitación.

Agilizar la resolución

Por este motivo, la asociación pide que se agilicen los plazos de la prestación para que la resolución «no tarde más de 30 días», ya que en la actualidad la media es de siete semanas (49 días), un plazo que, según la entidad, es «inasumible» para personas en situación terminal.

Asimismo, la entidad exige reducir la desigualdad entre territorios y mejorar la calidad de los datos sobre la eutanasia, ya que ha constatado que existe una descompensación en la aplicación de la ley dependiendo de cada comunidad autónoma.

En paralelo, Lucas Barrero, uno de los testimoniantes que ha explicado su experiencia, ha compartido que su madre padecía desde hacía años atrofia multisistémica, una enfermedad rara que no tiene cura, por lo que sentía «un sufrimiento constante día tras día».

Ha lamentado que, debido a los «obstáculos y cuestionamientos» que se encontraron en el proceso de solicitud de la eutanasia, durante los últimos años de vida de su madre él estuvo luchando para que pudiera acceder a la muerte asistida que deseaba.

Judicialización de la eutanasia

Por su parte, el jurista y miembro de la asociación, Ramon Riu, ha asegurado que es excepcional la judicialización de solicitudes de eutanasia: «La ley se ha aplicado en más de 1 300 casos y solo cuatro han sido impugnados judicialmente por la oposición de familiares o personas cercanas», ha señalado.

En referencia a los dos casos más mediáticos, los de Noelia y Francesc, ambos recurridos por sus padres ante los tribunales en contra de su decisión de recibir la prestación, Riu ha lamentado que estos procesos se encuentren paralizados y que los afectados sigan «sufriendo un dolor grave e irreversible y se les obligue a vivir en contra de su voluntad».

Por ello, ha indicado que se está estudiando la posibilidad de impulsar una reforma de la ley procesal para que los recursos deban resolverse y tramitarse en plazos «muy breves».

25 junio 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

Los neoyorquinos que padecen enfermedades terminales tendrían la capacidad legal para poner fin a su vida utilizando medicamentos, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado este lunes 9 de junio en la Legislatura estatal.

La propuesta, que ahora pasará a la oficina de la gobernadora, permitiría que a una persona con una enfermedad incurable se le receten fármacos para terminar con su vida si los solicita y obtiene la aprobación de dos médicos. Un portavoz de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que ella revisaría el proyecto de ley.

El Senado de Nueva York dio la aprobación final a la propuesta el lunes por la noche después de horas de debate, en las que los partidarios alegaron que les permitiría a las personas con enfermedades terminales morir bajo sus propios términos.

«No se trata de acelerar la muerte, sino de poner fin al sufrimiento», afirmó el senador estatal demócrata Brad Hoylman-Sigal, quien promovió la propuesta.

Los opositores han argumentado que, más bien, el estado debería mejorar la atención médica al final de la vida, o se han opuesto por motivos religiosos.

«No deberíamos estar en el negocio del suicidio autorizado por el estado», expresó el senador estatal George Borrello, de filiación republicana.

La Asamblea estatal aprobó la medida a finales de abril

La propuesta requiere que una persona que padece una enfermedad terminal y que se prevé muera en un lapso de seis meses solicite los medicamentos por escrito. Dos testigos tendrían que firmar la solicitud para asegurar que el paciente no esté siendo coaccionado. Posteriormente la solicitud tendría que ser aprobada por el médico tratante, así como por un médico asesor.

El proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2016, indicó Hoylman-Sigal, aunque se ha estancado año tras año en la Legislatura estatal de Nueva York.

Dennis Poust, director ejecutivo de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que se ha opuesto a la medida, expresó: «Este es un día oscuro para el estado de Nueva York».

Otros once estados y Washington, D.C. tienen leyes que permiten el suicidio médicamente asistido, según Compassion & Choices, una organización activista que apoya la política. Corinne Carey, directora de la campaña local del grupo, dijo que los legisladores habían «reconocido lo importante que es dar a los neoyorquinos con enfermedades terminales la autonomía que merecen sobre sus propias experiencias al final de la vida».

«La opción de ayuda médica para morir proporciona alivio, permitiendo a aquellos que están muriendo vivir su tiempo de manera más plena y pacífica hasta el final», manifestó Carey.

10 junio 2025 | Fuente: AP | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La Asamblea Nacional de Francia retomó hoy los debates sobre un proyecto de ley para establecer la eutanasia o «la ayuda a morir», como la definen aquí, iniciativa que polariza a la clase política y la sociedad.

Los diputados tienen dos semanas para analizar la norma antes del voto solemne en el hemiciclo el 27 de mayo, de cara al cual los partidos políticos no han emitido lineamientos, dejando el tema a la conciencia de cada quien.

El texto promovido por el legislador centrista Olivier Falorni (Movimiento Democrático) recibió el visto bueno, no sin batalla, de la Comisión de Asuntos Sociales de la cámara baja, y el mismo recoge el suicidio asistido, otro término diferente al más usado, la eutanasia, para pacientes en fase terminal o bajo un sufrimiento fuerte por enfermedades incurables.

Aunque establece mecanismos de protección y condiciones, el proyecto genera rechazo dentro de sectores conservadores, en particular de derecha y extrema derecha, y es acompañado desde la izquierda y la mayor parte de los partidos de la coalición oficialista.

Para tratar de reducir la polémica, la ministra de Salud, Catherine Vautrine, afirmó hoy que el texto tiene como base la voluntad de las personas afectadas de autoadministrarse una sustancia letal que los «ayude a morir».

También busca proteger al cuerpo médico, ya que ningún profesional de la salud será obligado a ejercer un acto letal, subrayó la titular a la cadena BFM TV, a propósito del inicio de los debates en la Asamblea Nacional, donde también es debatido un texto para reforzar los cuidados paliativos.

Vautrine insistió en la importancia de la capacidad de discernir de los pacientes y de cláusulas que permitan detener el proceso de «ayuda a morir» si pierden la misma

12 mayo 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

Un proyecto de ley de Eutanasia vuelve hoy a debate en el Parlamento uruguayo, luego que quedara engavetado en la anterior legislatura.

Tal normativa es impulsada por el Partido Colorado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La víspera los legisladores recibieron a integrantes del Grupo de Apoyo para una Muerte Asistida Digna en Uruguay y al Colegio Médico del Uruguay.

El proyecto propone que personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles puedan optar por una muerte asistida, siempre que medie su consentimiento expreso y reiterado.

Además, establece estrictos controles y protocolos médicos para garantizar la ética y la seguridad en su aplicación, explicaron los sectores que impulsan la iniciativa, la cual cuenta con las firmas de diputados de varias bancadas.

El texto es el resultado de la fusión de dos proyectos anteriores: el presentado por parlamentarios del Partido Colorado en marzo del año 2020 y el propuesto por legisladores del Frente Amplio en diciembre de 2021.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la anterior administración del presidente Luis Lacalle Pou se manifestaron contrario a la iniciativa, al considerar que existen disposiciones y mecanismos para la atención de enfermos terminales.

07 mayo 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia