El gobierno de Colombia aprobó un documento de política pública que garantiza tres billones de pesos (cerca de 807 millones de dólares al cambio actual) para modernizar y ampliar la infraestructura hospitalaria del país. 

De acuerdo con la Presidencia, dichos recursos monetarios estarán dirigidos a reducir los tiempos de espera, mejorar la calidad del servicio y garantizar el derecho fundamental a la atención médica en todo el territorio nacional.

El proyecto, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contempla la intervención de 102 sedes hospitalarias y la dotación de 13 hospitales con equipos biomédicos de última generación, según abundó la fuente.

Las obras incluirán reforzamientos estructurales, ampliaciones, adecuaciones, modernización de redes eléctricas, sistemas de gases medicinales y la implementación de plataformas tecnológicas e información clínica digital para ofrecer diagnósticos más precisos y atención oportuna.

La directora del DNP, Natalia Molina, comentó que el documento de política pública 4169 representa una respuesta concreta a décadas de rezago en la infraestructura hospitalaria.

«Este Gobierno le cumple al país fortaleciendo la red pública, modernizándola y asegurando su financiamiento para garantizar una salud digna y de calidad», señaló.

Según un diagnóstico realizado por la entidad, en la nación 290 municipios no cuentan con servicio de parto, 293 carecen de hospitalización para adultos y 175 no disponen de urgencias ni hospitalización básica.

Trascendió además que el plan prevé mecanismos de seguimiento semestral que aseguren transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos.

El análisis técnico del Departamento de Planeación estimó cada peso invertido generará un retorno positivo en bienestar social y equidad sanitaria.

13 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | Noticia

La tasa de mortalidad relacionada con el calor aumentó un 23 % desde la década de 1990, elevando el total de muertes por esta causa a un promedio de 546 000 al año.

Lo anterior es una de las principales conclusiones del informe de 2025 de la iniciativa Lancet Countdown sobre Salud y Cambio Climático, elaborado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud.

Dicho reporte revela que 12 de los 20 indicadores clave que monitorean las amenazas para la salud alcanzaron niveles récord, lo cual demuestra cómo la inacción climática está costando vidas, sobrecarga los sistemas de salud y debilita las economías.

El referido texto deja claro que la inacción climática causa muertes en todos los países e indica que en 2024 una persona promedio estuvo expuesta a 16 días de calor extremo que no se habrían previsto sin el cambio climático.

Mientras, los bebés y adultos mayores sufrieron un total de más de 20 días de olas de calor por persona, lo cual supone un aumento de cuatro veces en los últimos 20 años.

Además, las sequías y las olas de calor provocaron que 124 millones de individuos sufrieran inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023.

Igualmente, la exposición al calor causó la pérdida de 640 mil millones de horas laborales potenciales en 2024, con pérdidas de productividad equivalentes a 1,09 billones de dólares.

Entre tanto, el costo de las muertes relacionadas con las altas temperaturas entre los adultos mayores alcanzó los 261 mil millones de dólares.

A su vez, los gobiernos gastaron 956 mil millones de dólares en subsidios netos a los combustibles fósiles en 2023, más del triple de la cantidad anual comprometida para apoyar a los países vulnerables al cambio climático.

No obstante, gracias a la acción climática se estima que se evitaron 160 mil muertes prematuras cada año entre 2010 y 2022, tan solo por la reducción de la contaminación del aire exterior derivada del carbón.

«Desde el desarrollo de energías limpias hasta la adaptación urbana, se están tomando medidas que generan beneficios reales para la salud, pero debemos mantener ese impulso», afirmó la doctora Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown en el University College London.

De cara a la COP30 en Belém, Brasil, las conclusiones del informe global 2025 de Lancet Countdown proporcionan una evidencia fundamental para acelerar la acción climática centrada en la salud. 

30 octubre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

El costo indirecto para el tratamiento de niños con cáncer asciende en Italia a unos 34 972 euros, carga económica que afecta en particular a las familias por debajo del umbral de pobreza extrema, indica hoy un reporte.

El “Informe sobre las condiciones de atención de pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer”, publicado por la Federación Italiana de Asociaciones de Voluntarios en Oncología (FAVO), precisa además que se diagnostican cada año en este país unos dos mil 500 nuevos casos de menores afectados por ese mal.

El análisis, elaborado en colaboración con Asociación Italiana de Hematología y Oncología Pediátricas (Aieop) y la Federación Italiana de Asociaciones de Padres y Personas Recuperadas de Hematología y Oncología Pediátricas (Fiagop), refiere que son altos los gastos indirectos en medicamentos no cubiertos por el seguro.

A ellos se suman los costos del transporte, alimentación, alojamiento, y de los días de trabajo perdidos no remunerados, por lo que “el sistema nacional de salud necesita urgentemente una visión integral para superar las desigualdades que afectan a las familias”, señala el documento.

El informe de la FAVO destaca que el tratamiento del cáncer infantil representa hoy uno de los mayores éxitos de la oncología moderna, con una tasa de curación promedio superior al 80 por ciento, pero los análisis aún muestran diferencias de hasta diez puntos porcentuales en la supervivencia a cinco años entre las distintas regiones del país.

Para combatir los costos ocultos y garantizar la equidad social, esa organización propone al gobierno italiano la creación de un mecanismo para cubrir los costos indirectos en que incurren las familias, sobre todo aquellas con menos recursos. 

30 octubre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

El Gobierno de Guatemala responsabilizó hoy al Ministerio Público (MP) por cualquier desabastecimiento de medicamentos ante el congelamiento de pagos de un convenio con una agencia de las Naciones Unidas.

Mediante su perfil en la red social X, el Ejecutivo advirtió que mantuvo los hospitales con fármacos y realiza todo lo posible para evitar cortes de suministros, pero ese ente insiste en jugar con la vida de los chapines.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del MP decretó una medida cautelar que ordena a la cartera de Salud no pagar 912 millones 298 mil 899 dólares a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Notificó la medida al presidente del Banco Central de Guatemala para que se detenga el pago pendiente de efectuar, de conformidad con el convenio firmado con esa agencia de las Naciones Unidas el 30 de abril del año pasado.

También incluyó a los ministros de Finanzas Públicas y de Salud, mientras trascendió que ese último monto corresponde al saldo pendiente del pago de un proyecto.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutó hace una semana allanamientos en la sede del organismo sanitario, en el marco del caso Unops: corrupción presidencial, y ligó a proceso penal al jefe del departamento de Presupuesto, Felipe Aldana.

La investigación señaló un supuesto mecanismo de corrupción en esa cartera, a lo cual el titular Joaquín Barnoya respondió mediante un comunicado que los procedimientos derivados del convenio cumplieron con las leyes del país.

Mencionó que la auditoría financiera de la Contraloría General de Cuentas, del ejercicio fiscal 2024, “no notificó hallazgo alguno en el convenio con Unops”.

La analista política independiente, Claudia Villagrán, expresó días atrás que se pueden esperar más escándalos como estos, porque lo que están buscando (el MP) es generar momentos de inestabilidad.

Un reporte del diario local La Hora recordó los años transcurridos desde que se destapó ese tema del fármaco en la gestión de Alejandro Giammattei (2020-2024) sin que la misma FECI moviera un dedo para avanzar.

Otro expuso que el MP, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en dependencias del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Sin embargo, acotó, los registros públicos revelan que la propia institución no mostró avances en más de 200 denuncias presentadas por el actual Ejecutivo contra la administración de Giammattei.

Analistas locales coincidieron en acusar al MP de actuar con sesgo político y de usar su poder para desgastar a la actual gestión de Arévalo en favor de intereses oscuros. 

28 octubre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La Asociación de Médicos de Cabecera de Baviera, en el sur de Alemania, consideró que la entrada de inversores en consultorios para ponerlos bajo su control son una amenaza para la asistencia sanitaria.

«Lamentablemente, hace tiempo que en nuestro sistema sanitario se han instalado consultorios médicos controlados por inversionistas, que realizan operaciones con fines puramente lucrativos que serían completamente innecesarias», dijo el director de la asociación, Wolfgang Ritter, en declaraciones que publica hoy el diario Augsburger Allgemeine.

Ritter denunció que, en Múnich, grandes cadenas de laboratorios ya están adquiriendo consultas de médicos de cabecera, mientras que las compañías farmacéuticas se están haciendo cargo de consultas de oncología.

«Esto es el final para todos nosotros, porque se está extendiendo una atención médica que ya no busca acompañar y apoyar a los enfermos crónicos, sino que los trata exclusivamente con el objetivo de maximizar las ganancias», advirtió Ritter.

La asociación acogió favorablemente el «modelo de médico de cabecera» previsto por el futuro Gobierno alemán, en el que el médico de familia será el primer punto de contacto antes de una cita con un especialista.

Sin embargo, advirtió de que es necesario aclarar que algunas consultas preventivas están excluidas del modelo propuesto y se podrá seguir acudiendo al dentista, al oftalmólogo y al ginecólogo de forma directa.

Ritter explicó que los médicos de cabecera pueden resolver aproximadamente el 80 % de los casos. «Solo alrededor del 20 % de los pacientes que acude a nosotros necesitan realmente un especialista», añadió.

Para alentar a más futuros médicos a dedicarse a la medicina general, Ritter pidió mejores salarios.

Es «absurdo que, por ejemplo, los radiólogos se encuentren entre los médicos mejor pagados debido a sus exámenes basados ​​en dispositivos», mientras que los médicos generales, que brindan atención integral a los pacientes, «teniendo en cuenta, por ejemplo, el entorno social y el acompañamiento a alguien durante años», están en el tercio inferior en términos de remuneración, criticó.

16 abril 2025 | Fuente: DPA | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La mayoría de gobiernos no están dirigiendo los suficientes recursos a la sanidad y están incumpliendo así­ su deber de garantizar el derecho humano a la salud, una situación que se está agravando en muchos países por el recorte de la ayuda internacional por parte de Estados Unidos, revela un análisis de los datos más recientes.

La organización proderechos humanos Human Rights Watch difundió este jueves los resultados de un análisis basado en nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los que confirman que tras la pandemia de covid-19 la financiación pública para la sanidad se redujo a medida que esta amenaza se iba mitigando y que la inflación se disparó.

La consecuencia ha sido que, de acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, 141 gobiernos gastan menos del 5 % de su PIB en servicios públicos de salud, un porcentaje que está considerado como el mínimo requerido en un país.

El 84 % de la población mundial (6 600 millones de personas) viven así­ en países donde el sistema público de salud no cumple con ese nivel de referencia, provocando que amplios segmentos de la población no tengan otra alternativa que pagar de su bolsillo si quieren recibir un tratamiento.

Según los analistas de Human Rights Watch, muchos países podrán hacerlo mucho mejor a través del sistema de recaudación fiscal. Se señala que si 17 países en donde los impuestos son bajos aumentaran sus ingresos fiscales hasta el 15 % del PNB -un porcentaje muy por debajo del 23 % de media que se ingresa actualmente- podrán cumplir al menos con el gasto de 5 % en salud.

El informe establece que al menos 48 países de rentas medias y bajas pagaron en 2022 más por deuda externa de lo que destinaron a la salud de la gente.

Ese año, el Banco Mundial contribuyó en más del 20 % a los gastos de salud en 49 países y fue el principal mecanismo de financiación en otros 16 casos. Últimamente, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender su ayuda exterior (44 000 millones de dólares) ha implicado que se han dejado de recibir 12 400 millones de dólares que estaban destinados a cubrir crisis sanitarias muy urgentes.

«Los impactos de esta suspensión se están sintiendo y perjudican aún más el derecho a la salud en muchos países», declaró la organización de derechos humanos.

10 abril 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.| Noticia