El Gobierno de Guatemala responsabilizó hoy al Ministerio Público (MP) por cualquier desabastecimiento de medicamentos ante el congelamiento de pagos de un convenio con una agencia de las Naciones Unidas.

Mediante su perfil en la red social X, el Ejecutivo advirtió que mantuvo los hospitales con fármacos y realiza todo lo posible para evitar cortes de suministros, pero ese ente insiste en jugar con la vida de los chapines.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del MP decretó una medida cautelar que ordena a la cartera de Salud no pagar 912 millones 298 mil 899 dólares a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Notificó la medida al presidente del Banco Central de Guatemala para que se detenga el pago pendiente de efectuar, de conformidad con el convenio firmado con esa agencia de las Naciones Unidas el 30 de abril del año pasado.

También incluyó a los ministros de Finanzas Públicas y de Salud, mientras trascendió que ese último monto corresponde al saldo pendiente del pago de un proyecto.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutó hace una semana allanamientos en la sede del organismo sanitario, en el marco del caso Unops: corrupción presidencial, y ligó a proceso penal al jefe del departamento de Presupuesto, Felipe Aldana.

La investigación señaló un supuesto mecanismo de corrupción en esa cartera, a lo cual el titular Joaquín Barnoya respondió mediante un comunicado que los procedimientos derivados del convenio cumplieron con las leyes del país.

Mencionó que la auditoría financiera de la Contraloría General de Cuentas, del ejercicio fiscal 2024, “no notificó hallazgo alguno en el convenio con Unops”.

La analista política independiente, Claudia Villagrán, expresó días atrás que se pueden esperar más escándalos como estos, porque lo que están buscando (el MP) es generar momentos de inestabilidad.

Un reporte del diario local La Hora recordó los años transcurridos desde que se destapó ese tema del fármaco en la gestión de Alejandro Giammattei (2020-2024) sin que la misma FECI moviera un dedo para avanzar.

Otro expuso que el MP, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en dependencias del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Sin embargo, acotó, los registros públicos revelan que la propia institución no mostró avances en más de 200 denuncias presentadas por el actual Ejecutivo contra la administración de Giammattei.

Analistas locales coincidieron en acusar al MP de actuar con sesgo político y de usar su poder para desgastar a la actual gestión de Arévalo en favor de intereses oscuros. 

28 octubre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La Asociación de Médicos de Cabecera de Baviera, en el sur de Alemania, consideró que la entrada de inversores en consultorios para ponerlos bajo su control son una amenaza para la asistencia sanitaria.

«Lamentablemente, hace tiempo que en nuestro sistema sanitario se han instalado consultorios médicos controlados por inversionistas, que realizan operaciones con fines puramente lucrativos que serían completamente innecesarias», dijo el director de la asociación, Wolfgang Ritter, en declaraciones que publica hoy el diario Augsburger Allgemeine.

Ritter denunció que, en Múnich, grandes cadenas de laboratorios ya están adquiriendo consultas de médicos de cabecera, mientras que las compañías farmacéuticas se están haciendo cargo de consultas de oncología.

«Esto es el final para todos nosotros, porque se está extendiendo una atención médica que ya no busca acompañar y apoyar a los enfermos crónicos, sino que los trata exclusivamente con el objetivo de maximizar las ganancias», advirtió Ritter.

La asociación acogió favorablemente el «modelo de médico de cabecera» previsto por el futuro Gobierno alemán, en el que el médico de familia será el primer punto de contacto antes de una cita con un especialista.

Sin embargo, advirtió de que es necesario aclarar que algunas consultas preventivas están excluidas del modelo propuesto y se podrá seguir acudiendo al dentista, al oftalmólogo y al ginecólogo de forma directa.

Ritter explicó que los médicos de cabecera pueden resolver aproximadamente el 80 % de los casos. «Solo alrededor del 20 % de los pacientes que acude a nosotros necesitan realmente un especialista», añadió.

Para alentar a más futuros médicos a dedicarse a la medicina general, Ritter pidió mejores salarios.

Es «absurdo que, por ejemplo, los radiólogos se encuentren entre los médicos mejor pagados debido a sus exámenes basados ​​en dispositivos», mientras que los médicos generales, que brindan atención integral a los pacientes, «teniendo en cuenta, por ejemplo, el entorno social y el acompañamiento a alguien durante años», están en el tercio inferior en términos de remuneración, criticó.

16 abril 2025 | Fuente: DPA | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La mayoría de gobiernos no están dirigiendo los suficientes recursos a la sanidad y están incumpliendo así­ su deber de garantizar el derecho humano a la salud, una situación que se está agravando en muchos países por el recorte de la ayuda internacional por parte de Estados Unidos, revela un análisis de los datos más recientes.

La organización proderechos humanos Human Rights Watch difundió este jueves los resultados de un análisis basado en nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los que confirman que tras la pandemia de covid-19 la financiación pública para la sanidad se redujo a medida que esta amenaza se iba mitigando y que la inflación se disparó.

La consecuencia ha sido que, de acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, 141 gobiernos gastan menos del 5 % de su PIB en servicios públicos de salud, un porcentaje que está considerado como el mínimo requerido en un país.

El 84 % de la población mundial (6 600 millones de personas) viven así­ en países donde el sistema público de salud no cumple con ese nivel de referencia, provocando que amplios segmentos de la población no tengan otra alternativa que pagar de su bolsillo si quieren recibir un tratamiento.

Según los analistas de Human Rights Watch, muchos países podrán hacerlo mucho mejor a través del sistema de recaudación fiscal. Se señala que si 17 países en donde los impuestos son bajos aumentaran sus ingresos fiscales hasta el 15 % del PNB -un porcentaje muy por debajo del 23 % de media que se ingresa actualmente- podrán cumplir al menos con el gasto de 5 % en salud.

El informe establece que al menos 48 países de rentas medias y bajas pagaron en 2022 más por deuda externa de lo que destinaron a la salud de la gente.

Ese año, el Banco Mundial contribuyó en más del 20 % a los gastos de salud en 49 países y fue el principal mecanismo de financiación en otros 16 casos. Últimamente, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender su ayuda exterior (44 000 millones de dólares) ha implicado que se han dejado de recibir 12 400 millones de dólares que estaban destinados a cubrir crisis sanitarias muy urgentes.

«Los impactos de esta suspensión se están sintiendo y perjudican aún más el derecho a la salud en muchos países», declaró la organización de derechos humanos.

10 abril 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.| Noticia