El Ministerio de Salud Pública de Uruguay alista la segunda fase de la estrategia para la eliminación y prevención del embarazo infantil y adolescente, trascendió hoy.

Según la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la iniciativa “se fundamenta en el reconocimiento de que el embarazo en niñas y adolescentes es un problema relevante de salud, derechos humanos y justicia social”.

Al presentar el nuevo plan, indicó que resultará la continuación de la estrategia intersectorial y nacional implementada en el período 2016-2020, que consiguió bajar “notablemente” la tasa de fecundidad adolescente.

Dijo que ahora se suma el objetivo de prevenir el embarazo adolescente (de 15 a 19 años) y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos.

«Constituye una grave vulneración de derechos humanos» y «está directamente asociado a la violencia sexual, la pobreza y la desprotección social», remarcó.

En 2024 Uruguay registró un total de 29 899 nacimientos, de los cuales 37 fueron en niñas de 14 años o menos, mientras 2 353 fueron en adolescentes de 15 a 19.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) identificó entre 2021 y 2024 un total de 190 embarazos en niñas de 11 a 14 años, recordó La Diaria.

El 60% de esa cifra fueron embarazos producto de abuso sexual confirmado o sin posibilidad de descartarlo; 48% de las niñas tenían antecedentes de haber vivido violencia, según los registros de ASSE.

«Esta realidad visibiliza una situación compleja y multifactorial que requiere la articulación urgente de los distintos sectores: educación, salud, protección social, justicia, comunidad y comunicación», destacó Lustemberg.

14 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | Noticia

Al menos un 15 % de las brasileñas afirma hoy haber sido víctima de violación y en la mayoría de los casos ocurrió durante la infancia, según revela una investigación del Instituto Patrícia Galvão. Realizado en asociación con la empresa de pesquisas e inteligencia de negocios Locomotiva, el estudio, que entrevistó a mil personas de todo el país, muestra que un 12 % de las víctimas sufrió violencia sexual a los 13 años o menos.

En más de la mitad de los episodios, las mujeres nunca lo contaron ni buscaron apoyo en el sistema de salud, lo cual evidencia un silencio que perpetúa la impunidad y el trauma.

Las consecuencias son profundas. Ocho por ciento de las interrogadas relató haber quedado embarazada tras la violación y casi la mitad de la población brasileña asegura conocer a una mujer que recurrió al aborto, la mayoría de forma clandestina.

“Son historias comunes en los hogares brasileños. La percepción social confirma que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que exige respuestas inmediatas”, sostuvo Maíra Saruê Machado, directora de investigación de Locomotiva.

El impacto social es igualmente contundente: seis de cada 10 brasileños aseguran conocer a una víctima de violación en la infancia y más de una quinta parte de la población sabe de algún caso en el que la agresión resultó en embarazo. Tales datos refuerzan el carácter extendido del problema y el temor constante que experimentan muchas féminas en su vida diaria.

Para Marisa Sanematsu, directora de contenidos del Instituto Patrícia Galvão, la encuesta también desvela la persistencia de percepciones culturales equivocadas.

“Muchos aún no identifican como violación situaciones en las que no existe consentimiento real. Eso refleja un desconocimiento de derechos y la normalización de prácticas abusivas en la sociedad brasileña”, alertó.

El sondeo señala además que siete de cada 10 mujeres quisieran tener la opción legal de interrumpir un embarazo por violación, lo cual abre un debate sobre derechos reproductivos y la necesidad de políticas públicas más inclusivas. Casi la mitad de los brasileños (47 %) conocen a alguna mujer que abortó en algún momento de su vida. De estos casos, el 71 % se realizó en la clandestinidad, lo que refleja los riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

Especialistas subrayan que los datos no deben interpretarse como cifras frías, sino como señales de una emergencia social. La violencia sexual, remarcaron, impacta tanto a las víctimas directas como a su entorno familiar y comunitario.

Con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, la investigación se realizó entre el 11 y 25 de julio, e incluyó a 622 mujeres mayores de 16 años, provenientes de todas las regiones del gigante sudamericano. 

30 septiembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) ha defendido la protección de la justicia reproductiva en España y ha alertado de que la violencia sexual puede provocar alteraciones menstruales, disfunciones sexuales, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en las mujeres.

A través del manifiesto ‘La justicia reproductiva es salud, dignidad y poder para decidir’, la SEC y la Fundación Española de Contracepción (FEC) han advertido del impacto que tiene la violencia sexual en la vida social y económica de las víctimas, provocando aislamiento y ausentismo laboral, entre otros problemas.

Además, puede repercutir en la salud de hijas, hijos y convivientes, ha asegurado el portavoz de la SEC, Abel Renuncio, quien ha analizado datos recabados por el Ministerio de Igualdad y la Organización Mundial de la Salud desde la pandemia, los cuales considera que han sido «invisibilizados».

El trabajo pone de relieve cómo la violencia sexual y de género afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de incidir en los efectos que tiene sobre todas las esferas de su vida, provocando desde lesiones físicas, dolor crónico, intentos de suicidio o la muerte en última instancia.

Justicia reproductiva

El presidente de la SEC, José Cruz, ha defendido que la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos son «pilares imprescindibles» dentro de la justicia reproductiva, entendida como el derecho de las mujeres a tomar decisiones informadas y libros sobre temas como la maternidad, el embarazo o el parto.

«La justicia reproductiva busca eliminar las desigualdades y barreras que puedan impedir que las personas ejerzan estos derechos, promoviendo una sociedad más equitativa y respetuosa con las decisiones individuales», ha asegurado Cruz.

Por su parte, Renuncio ha hecho hincapié en la invisibilización de la salud femenina, poniendo como ejemplo que la innovación biofarmacéutica dedica a las enfermedades específicas de las mujeres –excluyendo el cáncer–, que representa un 1% de la investigación mundial.

También ha destacado que el 64% de las mujeres con endometriosis tarda más de cinco años en ser diagnosticadas y que el 40% de las mujeres sufren un nivel de dolor o sangrado menstrual que impide o limita su vida normal.

El 57% de las mujeres ha sufrido violencia

Renuncio ha hecho hincapié en los más de 11 millones de mujeres españolas que han sufrido violencia a lo largo de su vida, un 57% del total, según datos de Igualdad.

En este sentido, Renuncio ha expuesto que 450 000 mujeres han sido violadas, pese a que las denuncias solo representan un 8% y el 84% no buscan ayuda después de un ataque de violencia sexual.

Asimismo, un 40% de las españolas han experimentado casos de acoso y el 14% ha sido víctima violencia por parte de su pareja.

La violencia, según Renuncio, tiene múltiples consecuencias, las cuales «van mucho más allá de lo visible».

En el plano físico se manifiesta en lesiones, contusiones o hematomas, mientras que en el plano psicológico puede causar depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático.

«La violencia de género es muy frecuente, muy ubicua y los efectos son devastadores a todos los niveles», ha remarcado el portavoz de la SEC.

26 septiembre 2025 | Fuente: EFE | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, Eduardo Andreu, ha alertado de un aumento de la sumisión química en violencia sexual y ha atribuido el incremento de los delitos sexuales a la hipersexualización de la juventud, a la banalización de conductas delictivas y al acceso temprano al porno.

Andreu ha comparecido este martes ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Senado, donde ha advertido de que el número de agresiones sexuales no deja de crecer pese a la legislación existente (en 2024 se denunciaron 14 violaciones cada día).»Algo estamos haciendo mal», ha lamentado.

Andreu ha sostenido que se está registrando un aumento de las agresiones denunciadas desde 2018 y que se está detectando un incremento de los delitos perpetrados con mucha violencia y en grupo.

El experto ha incidido en que el perfil de agresor sexual es varón en la mayoría de los casos (95 %) y suele formar parte del entorno familiar de la víctima.

Además, ha hecho hincapié en que cada vez son más los casos de delitos sexuales cometidos contra una víctima que está bajo sumisión química. Es más frecuente que el agresor se aproveche de una «vulnerabilidad química» oportunista, esto es, de un estado de vulnerabilidad de la víctima que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas que ha consumido voluntariamente que el perpetrador cause la intoxicación química de forma dolosa.

Andreu ha explicado que hay sustancias que duran poco tiempo en el organismo de las víctimas y ha precisado que no por no encontrarlas en el análisis forense eso debe llevar a sospechar que no se ha producido la sumisión química.

El experto ha aseverado que «la agresión sexual es de los delitos más graves que se pueden cometer», pues «tiene unas consecuencias catastróficas» para las víctimas y, al mismo tiempo, es de los más complejos de probar, siendo de gran repercusión la actuación de la medicina forense: «Habitualmente es la prueba que más carga probatoria tiene en el procedimiento judicial».

En este sentido ha señalado que las pruebas son muy frágiles y es de vital importancia una actuación urgente y extremar el cuidado de la cadena de custodia.

Andreu ha solicitado que exista mayor formación más especializada en violencia sexual, para que los profesionales traten de forma adecuada a las víctimas desde el punto de vista humano y teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

También ha comparecido este martes ante el Senado el concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid, José Fernández, que ha denunciado que la violencia sexual es «una de las violaciones de derechos humanos más habituales y silenciadas que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a la infancia».

En este sentido, ha subrayado que las víctimas «no deberían verse obligadas a saltar obstáculos» para poder recuperarse y que las administraciones públicas tienen la obligación de actuar para atenderlas y acompañarlas, si bien ha pedido que se respeten la actuación judicial y la presunción de inocencia.

Fernández ha enfatizado que no se puede banalizar ni hacer declaraciones públicas improcedentes sobre la violencia sexual y ha instado a los varones a ser parte de la solución de este grave problema.

01 abril 2025|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

La pandemia de coronavirus tuvo graves consecuencias en la salud mental de las adolescentes de Estados Unidos, y cerca del 60 % de ellas manifestaron sentimientos de tristeza o desesperanza persistentes, según una encuesta gubernamental publicada recientemente, que refuerza datos anteriores. Read more

La investigación actual, financiada por el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, examinó datos de 8 750 encuestados de 18 años de edad o más y brinda apoyo para las políticas de control del alcohol, como impuestos y precios para reducir el daño del alcohol a personas que no sean el bebedor. Read more