El 49 % de los empleados públicos en el último año ha tomado fármacos psicoactivos, como ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, para cuidar su salud mental, según revela una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF ha presentado este viernes la encuesta ¿Cómo te sientes?, que está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de los empleados públicos.

La encuesta se ha realizado mediante entrevistas a más de 6 300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas: Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas.

«El 76 % de los empleados públicos reconoce abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de estos psicofármacos», ha señalado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal Pérez, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid.

En este sentido, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 % de los que reconoce su uso), antidepresivos (12 %) y otras sustancias (17 %).

En concreto, los motivos más mencionados para este consumo son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.

Con estos datos, Abascal ha asegurado que la situación de los empleados públicos es «insoportable», a la vez que ha denunciado «la falta de protección de la Administración a los trabajadores».

«Además, la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales», ha indicado Abascal.

PERFIL: MUJER Y TRABAJADORA EN SANIDAD O EDUCACIÓN

CSIF destaca que el consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la Administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

«La mayor parte de la prescripción de psicofármacos se produce en Atención Primaria. Los profesionales no lo hacen mal, pero lo más rápido y fácil es poner el fármaco a la persona en ese momento. Hay que tener en cuenta que la intervención de un psiquiatra necesita más tiempo y recursos y eso, en ocasiones, es complicado», ha afirmado el psiquiatra Carlos Llanes.

Además, el 60 % reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 %, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados públicos (el 67 %) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

En este punto, Elia Ruiz, enfermera, ha contado su caso, en el que tuvo que recibir tratamiento psicológico después de cambiar de servicio. «En ese momento, la conciliación familiar no era viable, algo que me generó estrés. A partir de ahí comencé con el parche de los ansiolíticos y el año pasado, en plena campaña de vacunación de la gripe, tuve un ataque de pánico. Sentí que me iba a morir y, a partir de ahí, fueron más ansiolíticos y antidepresivos, hasta llegar a una baja laboral que duró seis meses», ha detallado Ruiz.

AMBIENTE DE TRABAJO

El 57 % de los encuestados reconoce que en su organización no existe ni se promueve un clima laboral de confianza. En este sentido, las situaciones más frecuentes en este año y por las que hasta se han llegado a sentir sobrepasados en algún caso son sobrecarga de trabajo, falta de desconexión digital, acoso, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud y conflicto entre compañeros.

Más de la mitad de los empleados públicos no comunicaría que tiene una enfermedad mental en el trabajo por miedo a sentirse discriminado o estigmatizado, en concreto un 57 %. Un 31 % lo haría solo si fuera obligatorio.

El sindicato ha recordado que en España alrededor del 19 % de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. El Ministerio de Sanidad estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como depresión o ansiedad.

DERRUMBANDO ESTIGMAS DE LA SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.

Asimismo, el sindicato ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental. «Es necesario más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada», ha manifestado Abascal.

Así, consideran necesario ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada; actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, y aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones, entre otros.

25 octubre 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Un 23 % de la población asalariada toma psicofármacos, sobre todo mujeres y trabajadores manuales, y la mayor parte lo hace por causas relacionadas con su empleo; factores como las dificultades para conciliar, la inseguridad de horarios o los ritmos elevados empuja al inicio del consumo.

Así lo constata un estudio del Research Group on Psychosocial Risks, Organization of Work and Health (POWAH), de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentado este jueves en la segunda jornada de la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

España se encuentra entre los primeros países del mundo en el consumo de antidepresivos y lidera el de benzodiazepinas, lo cual constituye un enorme problema de salud pública, ha recordado Laura Esteve-Matalí, coautora de este trabajo realizado sobre casi 2 000 trabajadores entre 2023 y 2024.

Aumento del consumo tras la pandemia

Tras notar el incremento del consumo tras la pandemia, los investigadores se plantearon averiguar el peso del trabajo en esos elevados consumos, con el resultado de que casi un cuarto de los participantes encuestados toma estos medicamentos y que la mayoría, el 18,3 %, lo hace por causas laborales.

Pero con diferencias por sexos: un 19 % de los hombres echa mano de los psicofármacos, en el 4,5 % de las ocasiones por su trabajo, mientras que en las mujeres, esos porcentajes se elevan al 22 % y al 5 %, respectivamente.

También hay una brecha según el tipo de trabajo: los que desempeñan labores manuales, normalmente peor retribuidos, presentan una prevalencia total del 25,6 % frente al 21,7 % de los que tienen un empleo no manual; atendiendo al consumo por motivos laborales, los primeros tienen una tasa del 20,9 %, que en los segundos se reduce al 17 %.

Distintos factores psicosociales que «se originan en las prácticas de gestión laboral dañinas» se asocian al inicio del consumo, ha explicado la epidemióloga.

Trabajo-vida

En todos los grupos, el principal factor psicosocial son los conflictos trabajo-vida o dificultad para conciliar el trabajo con lo personal, y que siempre es mayor en mujeres.

Hay otros como las exigencias cuantitativas y emocionales, la inseguridad de horario o el apoyo de los superiores, que se da más en trabajadores manuales, o el ritmo de trabajo en los no manuales.

El siguiente paso del estudio será analizar precisamente las prácticas de gestión laboral que originan esa exposición a los citados factores.

La conclusión es que «se medicaliza el impacto en salud de una organización del trabajo deficiente». «Mejorando la organización del trabajo podemos mejorar el impacto en salud de estas exposiciones nocivas», ha zanjado la investigadora.

12 septiembre 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

El Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad está trabajando para incluir en el futuro sistema de vigilancia epidemiológica un registro en el que se notificará cualquier sospecha de sufrimiento psíquico de origen laboral porque «el trabajo está quebrando a los trabajadores».

La idea es, según ha explicado este miércoles la comisionada, Belén González, poder «sacar conclusiones de cuál es el volumen de sufrimiento psíquico que se está produciendo en relación al trabajo» y «certificar ya de una vez por todas que existen trastornos mentales derivados de la actividad laboral», que en España no se reconoce.

El registro formará parte del futuro sistema de vigilancia epidemiológica que dependerá de la Agencia Estatal de Salud Pública, e incorporará el seguimiento de enfermedades infecciosas pero también de las no transmisibles.

La información que se recabe de él permitirá «analizar qué condiciones de trabajo también están influyendo y en qué personas» lo está haciendo.

González ha explicado que la comunicación de la sospecha se hará desde el sistema sanitario, desde los propios clínicos, y de ahí pasará al departamento de salud laboral, que pertenece a las comunidades.

Una vez estudiada la sospecha, se elevará o no al Ministerio y, de confirmarse, se procederá entonces a diseñar las medidas que se tienen que poner en marcha, «comunicándolo directamente con las empresas, con otros servicios de prevención de riesgos laborales, y con el propio paciente».

«Las condiciones estructurales de trabajo están provocando sufrimiento psíquico y nos van a permitir tener una imagen que ya intuimos, y es que la precariedad laboral se ceba mucho más, por ejemplo, con las mujeres migrantes de clase baja», ha indicado la comisionada.

Sanidad está trabajando con los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo para poder traducir estos problemas en políticas que permitan «actuar contra este posible sufrimiento», y que serán «medidas de transformación de las estructuras laborales» que protejan a los trabajadores «del sufrimiento psíquico dentro del ámbito laboral».

«Vamos a empezar a presionar para que haya un cambio dentro de los trabajos, para que los modelos laborales y las condiciones laborales cambien, porque no es que mandemos sujetos frágiles a los trabajos y entonces se quiebren, lo que ocurre es que los trabajos están quebrando a los trabajadores», ha zanjado.

De ahí que haya insistido en que hay que «cambiar la cultura laboral hacia una que no priorice solamente la productividad y la economía y el incremento de beneficios y que, sobre todo, esté centrada en la salud de los trabajadores», ha enfatizado.

Por otra parte, la comisionada de Salud Mental se ha referido a la guía integral de prescripción de psicofármacos para reducir el consumo y las recetas de este tipo de medicamentos que está preparando su departamento.

«Frente a cualquier sufrimiento no es banal dar una pastilla, porque esa pastilla puede generar más problemas de los que quite, incluso cuando está dirigida a aliviar un sufrimiento», ha aseverado González.

Pese a que es «súperconsciente de que no va a resolver el problema» ni va a «aliviar el sufrimiento», la realidad es que «estamos abusando de estas medicaciones y subestimando los problemas que pueden causar a medio y largo plazo».

Durante el acto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado lo que ha denominado «una epidemia de malestar psíquico» que tiene su origen en los determinantes sociales de la salud, pero que «exceden las competencias» de su departamento.

Así, esta epidemia requiere de «una mirada muchísimo más amplia, muchísimo más holística», que implique a más ministerios. «Ninguno estamos libres de padecer un trastorno de salud mental, y hay que señalar cuál es el entorno y cuáles son esos determinantes», ha concluido.

17 abril 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2023. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia