La palabra ‘mecenas’ suele ir asociada a las artes, pero también el sector sanitario puede beneficiarse de la generosidad.

variante SARS-CoV-2Caminando por cualquier hospital de Estados Unidos, especialmente en los más grandes e influyentes, raro será no ver a la entrada de una sala, un servicio o, incluso, un ala entera una placa agradeciendo la donación de un mecenas que permitió construir tal instalación.

La cultura del mecenazgo, propiciada por unos elevados incentivos fiscales y una profunda aceptación social, está muy extendida en el país americano, donde se regularon las donaciones y sus deducciones fiscales hace más de cien años (en 1917, a raíz de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial), y se asumió el mecenazgo como una vía de ahorro de gastos públicos.

En España, sin embargo, se trata de iniciativas puntuales objeto al tiempo de alabanzas y críticas. Y, normalmente, con pocas placas que permitan identificar a los benefactores.

Cierto es que hay diferencias con el sistema sanitario estadounidense que propician esta disparidad. La principal es que, aquí, la sanidad pública tiene, por lo general, un único financiador y un único provisor: la Administración, y toda injerencia de lo privado en una sanidad pública, universal y gratuita, ha levantado siempre ampollas.

Varios han sido los intentos en las últimas legislaturas de sacar adelante una Ley de Mecenazgo en España, por el momento, sin éxito. También estaba en el programa del actual Gobierno, pero aún pende  la duda de si será posible sacarla adelante en el presente cuatrienio.

Sin embargo, no es cierto que no exista un marco legislativo para estas actividades: la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, define estos aspectos, aunque dichos incentivos resultan muy pequeños comparados con los del gigante americano, que bonifica el cien por cien de las donaciones.

Micromecenazgos, no grandes inversiones

Además, dicha ley prima los micromecenazgos y las inversiones de personas físicas, ya que hasta los 150 euros la desgravación es del 80 %, mientras que para inversiones superiores se reduce hasta el 35 % (el proyecto de Ley de Mecenazgo del Ejecutivo plantea aumentarlas hasta el 90 y el 50 %, respectivamente). Del mismo modo, algunas comunidades autónomas -especialmente aquellas con regímenes fiscales propios- cuentan con normas similares, pero la mayor parte de ellas están enfocadas a apoyar el patrimonio cultural y artístico, no tanto el científico.

En este sentido, dentro de las 23 acciones prioritarias para el mecenazgo recogidas en la vigente ley de Presupuestos Generales del Estado, solo tiene relación con el ámbito médico «la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Acción Estratégica en Salud llevadas a cabo por el Cíber y Ciberned». De hecho, son este tipo de instituciones e institutos los principales favorecidos por la iniciativa privada.

Por todo ello, realizar una radiografía del mecenazgo sanitario, fuera del ámbito investigador, en nuestro país, es tarea harto complicada. Así, en este reportaje no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

Paradigmático en este ámbito es el caso de la Fundación Amancio Ortega. Arrancó su estela de donaciones en casa, con 17 millones de euros dedicados a la adquisición, instalación, actualización y puesta en funcionamiento de diversos equipos para los hospitales del Sergas. Luego amplió su radio de acción a toda España, primero con 300 millones para equipos de radioterapia y otros recursos para diagnóstico y tratamiento oncológico, en 2015, y, después, 280 millones de euros el pasado año destinados a equipos de protonterapia. A ello hay que sumar 60 millones en 2020 para material sanitario para combatir la pandemia de covid.

Solidaridad

De hecho, ha sido la covid-19 la detonante de una oleada de solidaridad en todo el territorio español. Además de múltiples donaciones de personas físicas, muchas empresas -una gran mayoría ajenas al sector sanitario, como BBVA, Amazon, Renfe, Festina, Iberia, Primark, IKEA e incluso varios equipos de fútbol- dieron donaciones directas a hospitales públicos y, asimismo, financiaron la compra de equipamiento, desde EPI a robots procesadores de test para el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2.

Por lo que respecta al sector de las tecnologías sanitarias con actividad en España, agrupadas en la patronal Fenin, respondieron al reto con igual celeridad que el aumento de nuevos casos en los primeros meses y, entre febrero y mayo, por ejemplo, pusieron a disposición del sistema sanitario en España más de 13,3 millones de tests, de los cuales 3,9 millones fueron test de PCR (reacción en cadena de polimerasa); 1,7 millones, test serológicos de anticuerpos (rápidos y de laboratorio), y 7,7 millones fueron test de uso indirecto para el diagnóstico (D-dimero, proteina C reactiva, ferritina, hemocultivo, procalcitonina…).

Más de 50 empresas reconvertidas

Otro ejemplo es la fabricación de mascarillas, que en España se hacía antes de la crisis en dos plantas, mientras que ahora, según la base de datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), son ya más de 50 las empresas que acometen esta actividad, de las cuales la mayoría disponen de licencia temporal de fabricación. En cuanto a los respiradores, la producción nacional estaba focalizada en dos empresas, a las que se han sumado otras durante la crisis. En definitiva, y según subraya Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, “la cifra que lo resume todo es 24/7, ya que nuestras empresas han trabajado 24 horas al día, siete días a la semana, doblando turnos y trabajando sin descanso para dar respuesta a la altísima demanda de productos sanitarios esenciales”. 

Además, Fenin, junto al Grupo Oesía e Iberia, puso en marcha en abril de 2020 un corredor sanitario entre China y España que permitió traer a nuestro país más de 700 toneladas de material sanitario esencial en 36 vuelos fletados durante los meses más duros de la pandemia.

Existen asimismo otras iniciativas que permiten salvar los obstáculos que la normativa española pone en el camino de los grandes inversores. Tal es el caso de las empresas fintech, dedicadas a financiar la adquisición de tecnología, ejerciendo de mediadoras entre las empresas y las entidades públicas.

Es el caso de Kaudal, una compañía cuya misión es apoyar el ecosistema de investigación y desarrollo (I+D) a través del instrumento de mecenazgo tecnológico. Con ese instrumento, Kaudal canaliza inversión privada para distintos proyectos. La empresa forma parte de Arquimea, grupo tecnológico que opera a escala global que desarrolla soluciones y productos innovadores en diferentes sectores.

A fondo perdido

Esta empresa, radicada en Canarias, movilizó durante 2021 un volumen de proyectos vinculados con el sector de la sanidad de treinta millones de euros.
Asimismo, comenzó el pasado año a reforzar sus vías de financiación a fondo perdido para generar  herramientas, vía I+D, de lucha contra la covid-19.

Por último, una iniciativa bastante particular fue puesta en marcha por el grupo Mapfre, a través de su gestora de fondos Mafre AM, de un fondo de inversión garantizado a tres años que tiene como activo subyacente un bono emitido por la Comunidad de Madrid destinado exclusivamente a lucha contra la covid. El fondo ofrecerá una rentabilidad del 3 % en los tres años pagadera a vencimiento en 2023, muy por encima del rendimiento del bono, gracias a una aportación adicional de la propia gestora cercana al millón de euros.

Queda ahora en el aire la pregunta de si la solidaridad que la pandemia ha traído se quedará o el sector sanitario tendrá que volver a enfrentarse solo a la sostenibilidad económica.

mayo 04/2022 (Diario Médico)

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