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Cada vez más países reclaman que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspenda las protecciones de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 para poder aumentar su producción, una petición criticada por los laboratorios.
Esta propuesta, que será debatida en el Consejo General de la institución (el 1 y 2 de marzo), está lejos de tener el consenso.
Presentada el 2 de octubre por Sudáfrica e India, la iniciativa cuenta con el apoyo de decenas de países en desarrollo y desfavorecidos.
El texto propone acordar una derogación temporal a algunas de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes.
La derogación también implicaría «los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas«, y duraría hasta que se llegue a «una vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada».
Los países que apoyan la iniciativa, con el respaldo de oenegés como Médicos Sin Fronteras (MSF), consideran que facilitaría el acceso a productos médicos abordables cuando son necesarios en todos los países desfavorecidos.
«Las herramientas y tecnologías médicas contra la COVID-19 deberían ser bienes públicos mundiales, exentos de las barreras impuestas por las patentes», pide el doctor Sidney Wong, codirector de la campaña de acceso a las medicinas de MSF.
La idea recibió el apoyo del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un gesto altamente simbólico.
Para Thomas Cueni, presidente de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), «suprimir las patentes o imponer una suspensión no produciría ni una sola dosis (de la vacuna) de más. Se trata sobre todo de una cuestión de experiencia».
Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza, donde se encuentran las sedes de varios gigantes farmacéuticos, se oponen, así como otros países ricos, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido.
Para ello, ponen de relieve el esfuerzo financiero realizado por los laboratorios en el desarrollo de las vacunas, y consideran que son los que mejor pueden fabricar las cantidades necesarias.
Además, según ellos, las normas actuales en materia de propiedad intelectual prevén la posibilidad de acordar «licencias obligatorias», previstas específicamente para las situaciones de emergencia.
En efecto, las reglas de la OMC incluyen la entrega de una «licencia obligatoria» que permita a las autoridades dar a empresas que no sean las titulares de la patente la autorización de fabricar el producto, siempre y cuando se respeten unos procedimientos y condiciones.
Los países favorables a la iniciativa estiman que el proceso para obtener una licencia obligatoria es muy complicado y tiene demasiadas condiciones, ya que cada pedido se tiene que tratar caso por caso.
La nueva jefa de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, quiere evitar una querella, y pide utilizar las «flexibilidades» del sistema actual, incitando a recurrir a los acuerdos de «licencia voluntaria», como hizo AstraZeneca con el Instituto Serum de India.
A finales de los años 1990, los antirretrovirales transforman los tratamientos contra el virus del sida: las triterapias empiezan a salvar millones de vidas, pero su precio es inalcanzable para la mayoría de seropositivos.
Hasta principios de los años 2000, no se firmaron acuerdos y compromisos para facilitar la fabricación y distribución de medicamentos antirretrovirales genéricos a bajo precio para los países pobres.
En 2001, tras arduas negociaciones, la conferencia ministerial de la OMC en Doha aceptó una flexibilización en la protección de las patentes de los grupos farmacéuticos, que otorgaba a los países en crisis sanitaria el derecho a fabricar medicamentos genéricos más baratos.
Sin embargo, la declaración de Doha estaba incompleta sobre un punto esencial: los problemas de los países pobres sin capacidad de producción para recurrir a este mecanismo de forma eficaz.
En 2003, un acuerdo temporal, confirmado a finales de 2005, permitió introducir una exoneración al derecho de propiedad intelectual que autorizaba a los países pobres afectados por enfermedades graves infecciosas, paludismo, tuberculosis y sida, importar medicamentos genéricos si ellos no podían fabricarlos.
marzo 01/2021 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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