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En sus cortos 14 años, Claudine era una niña inocente hasta que una noche de diciembre un muchacho, adolescente como ella, la violó y la dejó embarazada. Todo sucedió cuando estaba huyendo de los malos tratos de su padrastro y salió a quedarse en casa de una amiga, como solía hacer a cada rato.
De aquel día solo recuerda que fue durante la Expo Made-in-Ruanda y que, por salir a buscar un paquete de cigarrillos, su amiga la dejó sola en medio de la noche con el supuesto conocido.
Regresó a su casa sollozando e indefensa sin que nadie notara lo que había ocurrido hasta que pasaron los meses.
Solo a su madre pudo dar detalles de lo sucedido, 30 días después, y entonces acordaron que su única opción era abortar.
De acuerdo con la nueva ley penal de Ruanda, modificada en agosto de 2018, se puede procurar el aborto legal bajo cinco exenciones.
Claudine cumplía dos de ellas: era una niña y el embarazo era resultado de una violación.
Sin embargo, había un problema, todavía no existía una orden ministerial que actualizara las disposiciones sobre el aborto, por tanto, los médicos se negaron a realizar la extracción.
Madre e hija recurrieron a la Corte y presentaron una petición al Tribunal Intermedio de Nyarugenge, pero en marzo de 2019 recibieron la negativa.
Cuando finalmente el Ministerio de Salud emitió en mayo los términos bajo los cuales se puede llevar a cabo el aborto, Claudine ya estaba en su cuarto mes de embarazo y el aborto no pudo realizarse.
El caso de Claudine (que no es su nombre real) llegó a los titulares de prensa por lo absurdo del trámite burocrático y en franca crítica a la voluntad del gobierno, al que acusaron de atrasar el procedimiento.
Pero si al menos esta joven pudo valorar la idea de tener un aborto legal y seguro, antes de agosto de 2018, cualquier acción vinculada al derecho reproductivo necesitaba el consentimiento de un tribunal y dos médicos para permitir el procedimiento.
Exenciones del aborto en Ruanda
En el estudio más reciente sobre las tasas de aborto en Ruanda, realizado en 2012 por el Ministerio de Salud de ese país, se estimó que se realizaban más de 60 mil abortos al año, la mayoría de los cuales se consideraron inseguros.
La investigación atribuyó la alta prevalencia de abortos inseguros al hecho de que el aborto en la mayoría de los casos era ilegal.
En esa nación africana, desde 2012, el aborto es legal solo en casos de violación, incesto (hasta primos segundos), matrimonio forzado o que peligre la salud de la mujer o el feto.
Sin embargo, se necesitaba de un tribunal y dos médicos para permitir el procedimiento.
El Parlamento revisó esta ley en 2018 y amplió el acceso a servicios de aborto seguro al eliminar el requisito de obtener una autorización judicial y médica.
De conformidad con disposiciones constitucionales de artículos publicados en agosto de 2018, las mujeres, incluidas las niñas menores de 18 años, tienen derecho a interrumpir un embarazo antes de las 22 semanas.
Por su parte, una orden ministerial emitida en mayo de este año establece que la mujer debe informarle al médico el motivo del aborto, pero no tiene que precisar los detalles.
Anteriormente, las mujeres tenían que esperar semanas o meses para que se dictara una decisión sobre el procedimiento, algo que venía con su propio conjunto de limitaciones.
También la nueva legislación establece que solo un médico calificado que trabaje en un hospital público o en una clínica reconocida puede realizar un aborto.
La orden describe lo que debe estar contenido en una solicitud para una persona que busca un aborto y puntualiza que cuando la embarazada tiene menos de 18 años, la solicitud debe hacerla un tutor o una persona que la represente legalmente.
Esta nueva disposición legal encontró la oposición de los sectores más conservadores del país y levantó especulaciones de que alentaba el aborto.
En su defensa, el doctor Aflodis Kagaba, director ejecutivo de la Iniciativa para el Desarrollo de la Salud en Ruanda, aclaró que las leyes no están destinadas a aumentar los abortos sino a salvar las vidas de aquellas que abortarían de todos modos.
La razón por la cual se implementan estas leyes no es para abrir la puerta a los abortos, pero si alguna mujer que es violada decide abortar, la ley tiene como objetivo proteger su vida, dijo.
El aborto en el contexto africano
De acuerdo con datos presentados por la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan 56 millones de abortos en el mundo, de los cuales la mitad se hace en lugares o con técnicas no seguras.
África lidera el ranking como la región con los abortos menos seguros en el mundo, seguido por Oceanía y América Latina, según la fuente.
El continente es uno de los más restrictivos en lo referido a los derechos de las mujeres y se estima que solo uno de cada cuatro abortos es llevado a cabo en condiciones seguras.
De acuerdo con las estadísticas más recientes, en 2014, un millón y medio de mujeres africanas debieron ser internadas posteriormente debido a las complicaciones derivadas de prácticas clandestinas e inseguras.
En esta misma línea, y de acuerdo a datos oficiales de los países, el nueve por ciento de las muertes maternas se debió a interrupciones del embarazo realizadas en condiciones insalubres.
En diez de los 55 países africanos la práctica del aborto está totalmente prohibida en cualquiera de sus variantes: Angola, Congo, República Democrática del Congo, Egipto, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe y Senegal.
A su vez, solo en tres es totalmente legal: Sudáfrica, Túnez y Cabo Verde, lo cual implica que el 93 % de las mujeres africanas viven en estados con leyes de abortos restrictivas. En 2017, un grupo de expertos de la ONU hizo un llamado a nivel mundial para que todos los Estados derogaran las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto.
La posibilidad de las féminas para tomar decisiones libres no debe ser un privilegio reservado para las que tienen recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer y cada niña de todo el mundo, sostuvieron los expertos. Las Naciones Unidas, aseguró, además, que negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos.
Se estima que entre los factores que empujan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros se encuentran la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud.
Por su parte, el Centro de Derechos Reproductivos considera que es obligación de los Estados respetar el derecho humano de la mujer a tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva, incluyendo su decisión de interrumpir o llevar a término un embarazo.
noviembre 12/2019 (Prensa Latina) -Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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