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La vacuna contra el coronavirus va a ser voluntaria, si bien se van a registrar, en el Registro de Vacunación, a las personas que se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.
Así se establece en una actualización de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad, si bien la misma, al ser documento «vivo«, está sujeta a posibles nuevas actualizaciones según vayan conociendo nuevas informaciones sobre las vacunas.
De hecho, la actualización del documento coincide con el día en el que se espera que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), emita un dictamen positivo de autorización de uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la cual previsiblemente será aprobada esta semana por la Comisión Europea.
Además, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, una vez aprobada esta vacuna se va a comenzar a administrar en España el próximo domingo 27 de diciembre. En la primera etapa se ofrecerá la vacunación de manera priorizada a los residentes y personal sanitario y socio sanitarios que trabajan en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
Posteriormente, se vacunará al personal de primera línea en el ámbito sanitario y socio sanitario; al resto de profesionales sanitarios y socio sanitario; y personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.
Ante esto, una de las principales novedades que se incluyen en la actualización de la estrategia es que las personas que hayan pasado la enfermedad también deberán ser vacunadas. Y es que, aunque se ha evidenciado que la gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes además de estimular la inducción de respuesta de células T, todavía se dispone de «poca información» sobre algunos aspectos, como la posibilidad de reinfecciones y sus características clínicas, la posibilidad de respuesta inmune de memoria tras la infección y el riesgo de transmisión o la duración de la inmunidad tras la infección natural.
Aunque el número de casos con reinfección documentada es muy bajo, aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que padecieron la infección por SARS-CoV-2 y por cuanto tiempo. Por ello, y dado el «alto grado de incertidumbre» sobre aspectos esenciales de la inmunidad generada por la infección natural, la vulnerabilidad de las personas internas en las residencias y centros de mayores y la evidencia de la seguridad de la vacunación en las personas que han pasado la enfermedad, se recomienda la vacunación de todas las personas internas en estos centros, incluyendo grandes dependientes institucionalizados, y de todo el personal que trabaja en estos centros, independientemente de que hayan pasado la enfermedad o no.
En el caso de que alguna de estas personas haya pasado la enfermedad muy recientemente y estén en periodo de aislamiento, se vacunará en cuanto finalice este periodo y reciban el alta epidemiológica. Del mismo modo, en las personas en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso de la COVID-19, se pospondrá la vacunación hasta la finalización de la misma.
En cuanto al personal sanitario de primera línea y otro personal sanitario y socio sanitario que ha tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2, podrá retrasar la vacunación hasta que transcurran 90 días desde la fecha del diagnóstico. «De esta manera se podrá priorizar la vacunación del personal que no haya padecido la enfermedad recientemente, en concreto en los últimos 90 días», señala el texto.
Finalmente, no se recomienda la realización de pruebas de laboratorio para la detección de anticuerpos o de infección por el SARS-CoV-2 antes de la vacunación.
Diciembre 21/2020 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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