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Victoria Atieno esperaba su autobús cuando sintió que empezaba a sangrar abundantemente, desvelando en medio de la calle su secreto más íntimo: un autoaborto, practicado por miles de kenianas a pesar de sus consecuencias a menudo fatales.
La Constitución de este país africano permite el aborto en algunos casos, pero la exclusión de quienes lo hicieron lleva a otras a emplear métodos más tradicionales como hierbas, lejía o agujas, o a acudir a clínicas clandestinas.
Victoria Atieno era asesora en salud reproductiva en una clínica en una oenegé de Nairobi. Cuando quiso interrumpir su embarazo, tragó en secreto una mezcla de hierbas.
Si saben que has abortado, «la gente te condena, te tratan como a una criminal, intentan expulsarte de la comunidad», explica a AFP esta madre de tres hijos, de 35 años de edad.
Horas después de tomar ese brebaje de hierbas, su peor pesadilla se convirtió en realidad y su embarazo terminó a plena luz del día, ante decenas de miradas de reproche.
Estos autoabortos tienen consecuencias terribles para la salud: ruptura de útero, desgarres del cuello del útero o de la vagina, infecciones graves, hemorragias, incluso muerte.
Cada semana, 23 mujeres mueren a causa de ello en Kenia, según un estudio del ministerio de Sanidad de 2012. Una cifra muy infravalorada, advierten las oenegés.
Un informe publicado el año pasado por el Centro por los Derechos de la Procreación estimaba que siete mujeres o adolescentes morirían diariamente por abortos no medicalizados.
En Dandora, barriada al este de Nairobi donde trabaja Atieno, a veces se encuentran fetos en el vertedero.
En Kenia, país muy religioso con dominio cristiano, incluso las mujeres que abortan en una instalación médica sienten que están cometiendo un delito.
Casi un año después de interrumpir su embarazo tras una violación colectiva, Susan, madre de tres hijos, carga una inmensa culpabilidad.
«La gente te ve como una asesina (…) No tengo la sensación de haber hecho algo tan malo», explica esta mujer de 36 años.
La Constitución de Kenia de 2010 establece que el aborto es ilegal salvo si, «según el criterio de un profesional de salud calificado, necesita un tratamiento de urgencia, la vida o la salud de la madre están en peligro, o está permitido por otra ley escrita».
La fórmula otorga un rol crucial a los médicos.
En consecuencia, cuando el ministerio de Sanidad dejó de ofrecer formación en las técnicas de interrupción del embarazo, el acceso al aborto en los hospitales quedó inmediatamente reducido y las mujeres pagaron el precio.
Un año antes, ese mismo ministerio había alertado en un estudio sobre el elevado número de mujeres que mueren de abortos clandestinos.
El ministerio de Sanidad no respondió a las peticiones de entrevista y uno de sus expertos en sanidad reproductiva dijo a AFP: «No estamos autorizados a hablar del aborto. Es la regla».
En 2019, el ministerio fue condenado por un tribunal de Nairobi por paralizar la formación y provocar una prohibición de facto que restringe los derechos de las mujeres.
Desde entonces, la situación no ha mejorado, dejando vía libre a clínicas clandestinas sin escrúpulos.
La sobrina de Ken Ojili Mele falleció a los 26 años tras acudir a una de ellas. Contrario al aborto durante mucho tiempo, ahora el remordimiento se come por dentro a este carpintero de 48 años.
«Puede que no quisiera hablar del tema porque sabía que me pondría colérico», dice. «Si hubiera compartido eso conmigo, a lo mejor podría haberla ayudado a encontrar un hospital más seguro», lamenta.
Incluso ante los médicos es difícil hablarlo. Especialista en salud reproductiva, el doctor Samson Otiago recibe cada mes a decenas de mujeres en su clínica de Nairobi.
Necesita mucho tiempo y esfuerzo para que se atrevan a expresar su voluntad de abortar.
Algunas rompen a llorar antes de pronunciar la palabra, explica el doctor Otiago, que a menudo ofrece servicios gratuitos o a crédito a sus pacientes.
«Una vez que una mujer decide que va a abortar, lo hará no importa por qué medio», explica el doctor. «Preferimos hacerlo nosotros antes que exponerlas a charlatanes o a verlas más tarde con complicaciones», dice.
En Dandora, Seline, víctima de una violación, esperaba los resultados de un test de embarazo cuando AFP se encontró con ella a mediados de septiembre.
Esta mujer de limpieza de 38 años, que gana unos 45 dólares al mes, está decidida a abortar si sale positivo.
«Si el hospital rechaza, lo haré de la manera tradicional, con hierbas», dice de un soplo. «Estoy dispuesta a todo, no puedo tener este bebé», afirma.
octubre 06/2021 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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