El VII informe de Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), presentado en Montevideo, expone la necesidad de que los Estados \»dejen claro\» cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, explicó el director del texto, el español Guillermo Escobar.\»Es muy importante que la ley lo deje claro, que no se pierda en formulaciones literarias y que indique los mecanismos judiciales que garantizan esos derechos\», indicó Escobar, quien presentó el texto durante el III Encuentro de Defensorías Locales y Metropolitanas.
Según el informe de Derechos Humanos, centrado en la problemática de las personas con discapacidad, todos los países miembros de la FIO recogen de forma constitucional la protección de los derechos fundamentales de las personas con minusvalías.
Sin embargo, el estudio revela que los esfuerzos para atender a la integración de ese colectivo es muy \»heterogéneo\» en los países.
En este sentido, la federación destaca la importancia de la planificación de las políticas y la elaboración en cada país de un plan nacional de acción que garantice la realización de las mismas.
La falta de presupuesto y la ausencia de políticas públicas son los principales obstáculos que tienen las personas con discapacidad en Iberoamérica, apuntó la representante de las Defensorías no nacionales de la FIO, la española María Antonia Fernández.
Existen grandes diferencias entre las distintas naciones iberoamericanas en materia de derechos de los discapacitados y, en la mayoría de los casos, es la situación económica de cada país la que determina estas variaciones.
Los fondos destinados a los planes nacionales de discapacidad son escasos en algunos países como Paraguay, donde no llegan ni al 1% del presupuesto del Ministerio de Educación, mientras que en otros países como México, Costa Rica o Venezuela se ha avanzado en materia de accesibilidad, apunta el informe.
El número de discapacitados varía mucho según los países, ya que mientras solo un 0,9% de la población de Paraguay se considera discapacitada, el porcentaje llega al 26,8% en Puerto Rico.
En Ecuador el porcentaje llega al 12%, al 11,3% en Panamá y al 8,9% en Perú.
En Argentina se ubica en el 7,1% y en Colombia llega al 6,4% y al 6,1% en Portugal. Del mismo modo, el 1,8% de los mexicanos sufre algún tipo de discapacidad, al igual que el 3,6% de los guatemaltecos y el 4,1% de los salvadoreños.
La notable variación en los porcentajes se debe a que cada país considera distintos parámetros a la hora de calificar al colectivo, lo cuál implica \»otro obstáculo más\», aseveró Escobar, catedrático de la española Universidad de Alcalá.
\»Por eso una de las recomendaciones más importantes del informe es la necesidad de conocimiento por parte de los poderes públicos, a los que incita a elaborar estudios e indicadores sobre la situación\», agregó el director del texto.
La FIO, constituida en 1995, reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos.
Los países que actualmente la integran son Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.

Montevideo, septiembre 19/2010 (EFE)

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