La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala ha hecho de la lucha contra la pandemia del coronavirus una prioridad desde su llegada al frente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en marzo de 2021.

«¡Pongan fin al apartheid de las vacunas!», se podía leer en el cartel de unas oenegés, que protestaron ante la organización.

En la reunión ministerial de la OMC, prevista hasta el 15 de junio en Ginebra, se están debatiendo dos textos: uno de ellos tiene por objetivo facilitar la circulación de los componentes y productos necesarios para luchar contra esta y las futuras pandemias; y el segundo, permitir la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Este último tema divide. Por un lado, la industria farmacéutica y Suiza consideran que debilita la propiedad intelectual. Por el otro, las oenegés creen que el texto no es suficientemente ambicioso como para ser eficaz.

Para el embajador suizo, Markus Schlagenhof, delegado de acuerdos comerciales, «pretender que una amplia exención de la propiedad intelectual resolvería el problema no se corresponde con la realidad».

«La propiedad intelectual no es parte del problema, sino de la solución», añadió.

La ministra británica del Comercio internacional, Anne-Marie Trevelyan subrayó por su parte en Twitter que el desafío era lograr «una solución satisfactoria para las empresas y los gobiernos».

El resultado de las discusiones aún es incierto. Como la OMC funciona por consenso, los 164 países miembros deben estar de acuerdo.

Más de dos años después de la aparición del covid-19, las tasas de vacunación siguen siendo insuficientes en los países pobres, especialmente en África.

Y aunque las vacunas se producen ahora en cantidades suficientes, en el momento álgido de la pandemia eran muy escasas en los países pobres.

En su discurso, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, lamentó la «falta de reacción rápida» de la OMC.

«¡Los países ricos tienen que hacer una introspección! Debemos agachar la cabeza avergonzados por no haber respondido a tiempo a la pandemia», dijo.

India suspendió sus exportaciones de vacunas durante muchos meses para satisfacer las necesidades de su población, a pesar de ser el principal proveedor del sistema de reparto internacional Covax.

Según la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, «durante una pandemia, compartir la tecnología es una cuestión de vida o muerte, y nosotros elegimos la muerte».

El proyecto de acuerdo sobre propiedad intelectual establece que los «países en desarrollo que cumplan los requisitos» podrán producir vacunas «sin el consentimiento del titular de los derechos mediante cualquier instrumento disponible en la legislación» de ese país.

Pero los negociadores dejaron varios corchetes indicando las áreas no resueltas. Por ejemplo, el proyecto de acuerdo propone que los países en desarrollo con capacidad para exportar vacunas sean «alentados» a no hacer uso de la liberación de patentes.

También se prevé que los países en desarrollo cuya cuota de exportaciones mundiales de dosis de vacunas contra el covid-19 en 2021 haya sido superior al 10 % no puedan recurrir a la liberación de patentes, lo que excluye de facto a China.

China prometió no utilizar las facilidades otorgadas a los países en desarrollo en el proyecto de acuerdo, pero, según varios diplomáticos, Estados Unidos querría que se comprometa por escrito.

El texto prevé la posibilidad de ampliar el acuerdo a las pruebas y a los tratamientos seis meses después de su adopción, pero aún no hay consenso sobre este punto.

El segundo texto pone de relieve las limitaciones que sufren algunos países en el suministro de vacunas, tratamientos, herramientas de diagnóstico y otros productos médicos esenciales relacionados con el covid.

Exige que cualquier medida comercial de emergencia para combatir el covid sea «específica, proporcionada, transparente y temporal, y que no cree obstáculos innecesarios al comercio ni interrupciones innecesarias en las cadenas de suministro».

junio 14/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Ni una sola de estas empresas se ha unido a las iniciativas lideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la plataforma de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) y el centro de transferencia de tecnología de las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19, para poner en común y compartir la propiedad intelectual.

«A medida que nos enfrentamos a variantes en constante evolución y a otros virus nuevos que pueden surgir, las vacunas de ARNm ofrecen una gran ventaja para salvar vidas si Moderna y Pfizer-BioNTech compartieran la tecnología con el resto del mundo», afirma Alain Alsalhani.

La plataforma de vacunas de ARNm permite una rápida modificación de las vacunas contra las nuevas variantes y tiempos de producción relativamente cortos. En el escenario probable de que el virus de la COVID-19 continúe mutando en nuevas variantes de preocupación, el acceso distribuido geográficamente a la tecnología de vacunas de ARNm en todo el mundo permitiría una rápida adaptación de la vacuna y una respuesta dirigida a las necesidades locales.

Por este motivo, y ante la falta de vacunas en países de ingresos bajos, afirman que los Gobiernos de Estados Unidos y Alemania deben tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que los fabricantes de la vacuna COVID-19 transfieran la tecnología a productores con capacidades.

MSF también insta a todos los gobiernos a apoyar de forma financiera y política el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas de ARNm contra la COVID-19 de la OMS, a respaldar la propuesta de exención de los ADPIC en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para renunciar a los monopolios de propiedad intelectual en todas las vacunas, pruebas, tratamientos y otras herramientas médicas contra la COVID-19 durante la pandemia; y a utilizar todas las herramientas legales y políticas para facilitar la producción ininterrumpida y la diversidad en el suministro de herramientas médicas contra la COVID-19.

febrero 21/2022 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron este viernes conclusiones sobre el papel de la propiedad intelectual en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

«Confiar en soluciones voluntarias para el intercambio de propiedad intelectual, conocimientos y datos se considera una forma prometedora de garantizar el acceso mundial a productos críticos para diagnosticar, tratar y prevenir la COVID-19″, dice el comunicado.

En junio, los eurodiputados aprobaron resoluciones en favor de la abolición temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el coronavirus para acelerar el proceso de la inmunización en todo el mundo.

Según el Parlamento Europeo, la transferencia de conocimientos y tecnología es necesaria para aumentar la producción mundial de vacunas a largo plazo.

La Comisión Europea, a su vez, está a favor de ampliar la producción y el suministro mundial de vacunas anti COVID, afirmando que la UE es el mayor exportador de estos fármacos a terceros países.

junio 19/2021 (Sputnik) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

En una resolución adoptada, con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones, el Parlamento Europeo pidió una derogación temporal del acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a fin de mejorar el acceso global a las medicinas relacionadas con el coronavirus a costos asequibles y para abordar las limitaciones de la producción mundial y la escasez de suministro.

«Es una victoria histórica: gracias a una enmienda nuestra el Parlamento europeo aprobó la suspensión temporal de las patentes de las vacunas. Una elección que comparto y que aparece bajo cualquier punto de vista, justa, natural y sensata, considerando la situación contingente de la actual pandemia, pero también alzando la mirada hacia el futuro», afirmó en una nota la eurodiputada del Grupo de los Verdes europeo, Eleonora Evi.

junio 10/2021 (ANSA) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Una enfermedad infecciosa de reciente aparición se ha extendido por todo el mundo, sembrando el miedo, el estigma y, en ocasiones, la violencia contra las comunidades a las que se asocia con la expansión del virus.

Cuando se identifica al virus causante de la pandemia, los científicos se ponen a trabajar predominantemente en los países desarrollados, aunque no exclusivamente, para desarrollar en tiempo récord vacunas que logren vencer al virus, en muchos casos reutilizando tratamientos y tecnologías existentes.

Se producen los avances, pero solo están disponibles en los países ricos. Cuando los países en desarrollo, que carecen de acceso, piden una distribución equitativa de estas intervenciones que salvan vidas, se les dice que esperen pacientemente hasta que las donaciones puedan satisfacer sus necesidades.

En cualquier caso, y según las compañías farmacéuticas, son demasiado pobres y subdesarrollados para que se les confíen estas nuevas herramientas científicas. No tienen el derecho humano a los beneficios de la ciencia que cualquier empresa privada o nación rica tiene que respetar.

Para los activistas del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) , que lucharon para que los antirretrovirales estuvieran disponibles en todo el mundo, lo que está ocurriendo con los tratamientos y vacunas de la COVID-19 resulta demasiado familiar.

Obviamente, este escenario pretende describir la pandemia de la COVID-19, que se ha apoderado del mundo desde principios de 2020. Sin embargo, para los activistas del VIH que estuvieron presentes en los albores de la era antirretroviral a mediados de la década de 1990, y que participaron en las primeras luchas para que estos medicamentos estuvieran disponibles en todo el mundo, esta historia resulta demasiado familiar.

El descubrimiento y la aprobación en 1996 de combinaciones de tres fármacos altamente eficaces contra el sida permitieron imaginar el fin de la epidemia, ya que este tratamiento fue capaz de mantener niveles tan bajos del virus que es indetectable en la sangre y no es transmisible a otras personas.

Este gran avance no habría sido posible sin las importantes inversiones del Gobierno estadounidense —solo en 2019, los fondos federales para investigación del VIH fueron 2 600 millones de dólares —. Más de una década de activismo y de acción directa habían conducido a esta nueva clase de tratamientos, que acabarían convirtiendo al sida en la enfermedad crónica tratable que es hoy.

El ejemplo de Sudáfrica 

Los rígidos —y muy lucrativos— monopolios de patentes y todo lo demás que implica la propiedad intelectual (derechos de autor, los secretos comerciales y de diseño, entre otros), así como las afirmaciones de que los fabricantes de medicamentos que operan en esos países no pueden aprovechar los conocimientos técnicos de fabricación, se interpusieron en el camino de la rápida distribución y suministro de nuevos medicamentos combinados contra el sida en los países de ingresos bajos y medios.

Sin embargo, estos argumentos jurídicos y técnicos no podían ocultar la indiferencia hacia la vida de quienes no pueden permitirse los medicamentos contra el sida a precios de marca, ni el racismo que está en la base de esta indiferencia.

Entonces, como ahora, Sudáfrica asumió un papel de liderazgo en la lucha contra el privilegio de los derechos de propiedad intelectual sobre la salud pública. Este país tenía la mayor población de personas que vivían con la enfermedad del sida en el mundo, con más de tres millones que necesitaban tratamiento en ese momento.

Como respuesta, en 1997 Sudáfrica aprobó la Enmienda de Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Relacionadas, que otorgaba una licencia obligatoria para los medicamentos contra el sida que permitía la importación y venta de versiones genéricas de los mismos. En ese momento, no se producían genéricos de los nuevos y potentes medicamentos para el VIH en ningún lugar.

Entonces, como ahora, las empresas farmacéuticas y sus defensores dijeron que las patentes no eran el problema, que debilitar los monopolios de patentes amenazaría la innovación y que las naciones africanas carecían de la infraestructura necesaria para distribuir y controlar los fármacos contra el virus causante del sida.

En 1997 Sudáfrica aprobó la Enmienda de Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Relacionadas, que otorgaba una licencia obligatoria para los medicamentos contra el VIH que permitía la importación y venta de versiones genéricas

En 1998, treinta y nueve empresas farmacéuticas demandaron al Gobierno sudafricano postapartheid, elegido democráticamente, en un intento de anular la ley. Que los directores generales de las empresas y los grupos comerciales de la industria demandaran para defender su búsqueda de beneficios a costa de vidas humanas no debería sorprender. Pero fue el apoyo de los funcionarios del gobierno, tanto a nivel vocal como entre bastidores, lo que mantuvo la balanza a favor de las farmacéuticas.

Entonces, como ahora, la política presidencial estadounidense estaba en el centro del drama mundial. Mientras la Administración Clinton amenazaba con imponer sanciones comerciales en caso de que Sudáfrica emitiera licencias obligatorias, como ya había hecho contra Brasil en 1996, los memorándums del Departamento de Estado también revelaban un esfuerzo coordinado de múltiples agencias en el que participaba el vicepresidente Al Gore para anular la ley. A lo largo de la campaña presidencial de 2000, los activistas persiguieron al candidato demócrata Gore para protestar por su apoyo a la posición de las farmacéuticas.

En el caso actual, la Administración Biden se ha mostrado partidaria de la exención a los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el caso de las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, no se hace mención alguna a las patentes de diagnósticos ni tratamientos.

En 2001, los demandantes farmacéuticos aceptaron finalmente la derrota y retiraron su demanda contra el gobierno sudafricano. Para entonces, el número de sudafricanos infectados con VIH había crecido hasta los 4,7 millones. Sin embargo, las predicciones de que la innovación se vería perjudicada no se han cumplido.

India: la farmacia del mundo

En la actualidad, hay más de 30 tratamientos para tratar el sida aprobados y 26 millones de personas en todo el mundo están recibiendo terapia antirretroviral. El papel de la India en la distribución mundial de los medicamentos genéricos contra el VIH ha contribuido a convertirla en el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos: antes de la pandemia, el 80 % de los principios activos utilizados en Europa y Estados Unidos se producían en China y la India.

Desde la década de 1970, el Gobierno indio había creado un entorno jurídico que protegía los derechos de los fabricantes de genéricos frente a los titulares de patentes de marca. Los elevados criterios para patentar de la India —es decir, la concesión de patentes con moderación y solo para invenciones realmente novedosas— significaban que, si una empresa india podía averiguar cómo fabricarlo, el gobierno reconocía su derecho legal a venderlo.

En 2001, la firma india de genéricos Cipla realizó la ingeniería inversa de su propia versión de la triple combinación contra el VIH, con un precio de 1 dólar al día.

Incluso después de que abandonaran su demanda judicial contra una licencia obligatoria para África, la industria farmacéutica no hizo nada para transferir la tecnología a los fabricantes de genéricos.

Sin embargo, los fabricantes de genéricos indios no se han quedado de brazos cruzados: en 2001, la empresa india de genéricos Cipla realizó la ingeniería inversa de su propia versión de la triple combinación contra el VIH, con un precio de 1 dólar al día. Los mercados ignorados por los fabricantes de medicamentos de marca estaban abiertos a la India.

En los años siguientes, una y otra vez, las oficinas de patentes de este país han rechazado las solicitudes de patentes de medicamentos esenciales, acelerando el tiempo de comercialización de los genéricos para los países de bajos ingresos. Por ejemplo, el sofosbuvir, para curar la hepatitis C, lanzado infamemente en Estados Unidos bajo la marca Sovaldi por 1 000 dólares al día, es vendido hoy por los fabricantes de genéricos indios en combinaciones que pueden curar la hepatitis C por menos de 60 dólares.

Petición de exención temporal para todas las tecnologías COVID-19

En el otoño de 2020, Sudáfrica y la India aplicaron su experiencia y comprensión de las cuestiones interconectadas de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la fabricación para los mercados en desarrollo en una solicitud a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para todas las tecnologías COVID-19.

Los países ricos y las empresas farmacéuticas bloquearon la iniciativa, dificultando la aplicación de ingeniería inversa en el caso de las vacunas de la COVID-19 y confiando exclusivamente en la transferencia de tecnología voluntaria. Hasta la fecha, solo AstraZeneca —que ha trabajado en el desarrollo de la vacuna con la Universidad de Oxford— ha transferido su tecnología a una compañía de genéricos, el Serum Institute of India, a través de una licencia voluntaria.

Sudáfrica y la India solicitaron a la OMC, en otoño de 2020, la transferencia de tecnología y la fabricación para los mercados en desarrollo una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para las tecnologías COVID-19; los países ricos y las farmacéuticas se opusieron.

Si los países ricos que facilitan los monopolios farmacéuticos no hubieran descartado la idea de plano, y en su lugar se hubiera alcanzado rápidamente un acuerdo de exención, y se hubiera acelerado la transferencia de tecnología antes de permitir que la farmacia mundial se viera desbordada, quién sabe cuántas vidas se habrían salvado, y cuánto antes veríamos el fin de la COVID-19 para todos, en todas partes.

La gran ola de COVID-19 que se está produciendo en la India, además de un enorme costo de vidas en el país, ha tenido un impacto previsible en el suministro mundial de vacunas frente a la pandemia.

Licencia obligatoria y exención de patentes

Se calcula que 50 millones de personas están a la espera de su primera dosis de vacuna y otros 20 millones de la segunda en el continente africano. Sin embargo, la situación epidemiológica del país asiático ha paralizado la distribución de vacunas y les ha dejado en un limbo. Hasta el 90 % de esas dosis dependen del Serum Institute of India, que paralizó las exportaciones en marzo de 2021. Menos del 2 % todas las vacunas administradas en el mundo han sido en África.

Debemos tomarnos en serio las barreras a la propiedad intelectual y afrontar el verdadero reto de la transferencia de tecnología, reconociendo que ya nos hemos enfrentado a estos problemas y los hemos resuelto antes.

El caso de los antirretrovirales genéricos demostró la capacidad técnica de los países de rentas medias y bajas de producir, exportar y gestionar millones de tratamientos de calidad para todo el mundo. También demostró que, cuando falla todo lo demás, la licencia obligatoria y la exención de patentes son una alternativa real y eficaz.

Annette Gaudino es directora de Estrategia Política de Treatment Action Group.

junio 02/2021 (SINC)

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo esperar hace un tiempo que los países miembros de esta organización tomen la decisión sobre la renuncia a las patentes para las vacunas contra el coronavirus hacia la celebración de la 12ª conferencia ministerial de la OMC (finales de noviembre–comienzos de diciembre). Según ella, urge suspender las patentes de las vacunas anti COVID para acelerar la vacunación de toda la población del planeta.

«Los miembros de la OMC están debatiendo el problema de accesibilidad global a las vacunas. China opina que la OMC puede jugar un papel positivo en eso. China apoya la propuesta de la OMC de suspender los derechos de propiedad intelectual relativos a las vacunas contra la COVID-19 y a otros preparados anti epidémicos y propone pasar a la etapa de consultas sobre el respectivo texto», dijo Gao Feng en una sesión informativa para los medios.

El diplomático subrayó que China, al participar en tales consultas, promoverá en cooperación con otros países el logro de una decisión equilibrada y eficaz, con el fin de que todos los Estados puedan vencer la epidemia lo más rápidamente posible.

La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, respaldó el levantamiento de las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas anti COVID y comunicó que Washington tomará parte activa en las negociaciones sobre este asunto que se celebrarán en el marco de la OMC.

La iniciativa de suspender la vigencia de las patentes para los preparados contra el coronavirus fue promovida por la India y Sudáfrica en 2020, la apoyaron casi 60 países.

El debate sobre este tema estalló en la OMC debido a los recelos de que los países industrializados se adelanten mucho a otros Estados en el ritmo de la vacunación.

mayo 13/2021 (Sputnik) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Ha llegado el momento de suspender las patentes de las vacunas de la COVID-19. No podemos seguir dando vueltas ni retrasando una decisión que el mundo pide a gritos. Cada día, cada hora, cada minuto de retraso en la toma de decisiones cuesta vidas.

Tras casi un año y medio de pandemia y cerca de tres millones y medio de muertes en el mundo, parece que la comunidad internacional comprende que tenemos un problema obvio con la producción y distribución de las vacunas, nuestra gran esperanza para acabar con esta pandemia.

Necesitamos alrededor de 11 000 millones de dosis en el mundo y hasta la fecha solo se han administrado unos 1 200 millones. La mayoría de ellas, por supuesto, en el hemisferio norte, en donde la mayor parte de los países se proponen en tener el 70 % de su población totalmente vacunada para el verano. Por el contrario, los procesos de vacunación apenas están arrancando en grandes regiones de África o tienen ritmos muy lentos en muchos países de América Latina.

“Tras casi un año y medio de pandemia y cerca de tres millones y medio de muertes en el mundo, parece que la comunidad internacional comprende que tenemos un problema obvio con la producción y distribución de las vacunas”

Al ritmo actual, gran parte de la población en los países de menor renta tendrá que esperar hasta 2024 para ser vacunada. Iniciativas solidarias como COVAX (que pretende vacunar tan solo al 20 % por ciento de la población en los países pobres que son elegibles para recibir su apoyo) o la donación de excedentes de vacunas de los países ricos que han acordado la compra de más dosis de las que necesitan, son medidas insuficientes para alcanzar la inmunidad global y hacerlo lo antes posible; y, sobre todo, para sentar las bases de una solución sostenible que nos permita estar preparados para lidiar con nuevas pandemias en el futuro.

Brecha en la vacunación

Esta brecha en la vacunación supone una vulneración flagrante del derecho humano a la salud de millones de personas en el mundo. Además, supone un riesgo enorme para acabar con esta pandemia: cuanto más se alargue en el tiempo, más opciones tendrá el virus para el desarrollo de nuevas cepas que pondrán en peligro la efectividad de las vacunas actuales y, en consecuencia, la vida de millones de personas. Solo hay que levantar la mirada y ver lo que está pasando en India para comprender la gravedad de esta dramática situación.

“Las patentes que firmas como Pfizer, Moderna o AstraZeneca tienen sobre las vacunas —desarrolladas gracias a ingentes cantidades de dinero público— les otorgan monopolios que les permiten negociar con los países de manera individual”, imponer precios abusivos, llegar a acuerdos de producción con terceros fabricantes que consideren oportunos y establecer los ritmos de producción que les convengan según sus intereses comerciales.

Ante una crisis sanitaria mundial, la comunidad internacional no puede mantener el status quo. Por eso, la suspensión de las patentes de vacunas, medicamentos y diagnósticos para la COVID-19 supondría un primer paso y una condición necesaria para poder incrementar la producción de vacunas de forma masiva en todo el mundo.

Esta medida fue propuesta por India y Sudáfrica en octubre pasado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, la iniciativa ha rebotado de un lado a otro en negociaciones poco concisas y que se posponían en el tiempo por el bloqueo de los países ricos (Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Japón, Suiza, Noruega, Reino Unido y la UE en bloque), posicionados en el lado de la industria.

El clamor internacional, pese a todo, crecía enormemente y centenares de parlamentarios, expresidentes y primeros ministros, premios Nobel y la mayor parte de la sociedad civil, mostraban su apoyo a la propuesta.

El movimiento histórico de Estados Unidos

Hace dos días, en un movimiento histórico, la Administración Biden-Harris anunciaba que Estados Unidos se posicionaba a favor de la suspensión de patentes de las tecnologías sanitarias para la COVID-19, dando un vuelco al curso de los acontecimientos.
En las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a debatir la propuesta y el Gobierno de España, a través de un documento preparado para la cumbre europea que se celebra los próximos días en Oporto, ha mostrado su apoyo oficial a la posición de Estados Unidos y pide “un consenso urgente sobre la propuesta de levantar temporalmente ciertas obligaciones aplicables bajo los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

“Hace dos días, la Administración de Estados Unidos anunció que se posicionaba a favor de la suspensión de patentes de las tecnologías sanitarias para la COVID-19, dando un vuelco al curso de los acontecimientos”

El movimiento de Estados Unidos llega tarde, pero llega. Y está provocando un pequeño seísmo que puede decantar la balanza del lado de la salud pública y los intereses de la ciudadanía. La Unión Europea (UE) y el resto de los países que han bloqueado hasta ahora la iniciativa no tienen que impulsar el debate porque el debate ya está ahí desde hace meses.

Los países deben apoyar esta propuesta y acordar un texto sólido lo antes posible (el próximo Consejo General de la Organización Mundial del Comercio tendrá lugar en junio), que permita hacer operativa la suspensión temporal de la propiedad intelectual y donde se tendría que dar respuestas a cómo se desarrollará la transferencia de tecnología o qué mecanismos hay que poner en marcha para apoyar a la capacidad de producción, especialmente en los países de desarrollo.

Las quejas de las farmacéuticas

Estos días escucharemos a la industria farmacéutica argumentar cómo sin patentes perderán el incentivo para la investigación de nuevos medicamentos y que habrá consecuencias negativas de cara al futuro.

“Debemos fijar nuestra atención en datos como cuántas vidas se podrán salvar si las vacunas llegan a todos; o en cómo acelerar la inmunización global ayudará a reactivar el comercio internacional”

Dirán también que el anuncio de Estados Unidos ha supuesto ya una caída en bolsa de las principales compañías farmacéuticas. Sin embargo, debemos fijar nuestra atención en otros datos: en cuántas vidas se podrán salvar si las vacunas llegan a todas las personas en el menor tiempo posible; o en cómo acelerar la inmunización global ayudará a reactivar el comercio internacional, el tránsito de personas y, en general, la economía mundial.

De lo que estamos seguros es de que las empresas farmacéuticas no hablarán de la enorme cantidad de dinero público que han recibido para desarrollar las vacunas sobre las que tienen un total control o de los millones de beneficios ingresados desde el comienzo de la pandemia.

mayo 07/2021 (SINC)

Las patentes surgieron en la República de Venecia, en 1474, y son una herramienta fundamental para la innovación y el progreso de un país. Las patentes permiten recompensar a aquellas personas o empresas que realizan un esfuerzo importante para inventar y desarrollar nuevas tecnologías, por lo que fomentan la innovación y permiten el desarrollo tecnológico del país.

Cuando un estado concede una patente está otorgando al titular de la invención protegida por esta el derecho exclusivo de explotar dicha invención por un periodo de 20 años (en Europa). A cambio, exige a dicho titular que describa en detalle dicha invención para hacerla pública, y forme parte del conocimiento científico y tecnológico, pudiendo ser un documento inspirador para otros científicos o inventores.

El titular de la patente podrá explotar comercialmente la invención por sí mismo, o podrá conceder licencias a terceros para que la exploten en las condiciones pactada en el acuerdo de licencia. Transcurridos los 20 años, cuando la patente expira, cualquier persona o empresa podrá hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular.

Esta herramienta tan necesaria puede suponer un problema en el caso particular en el que la empresa que disponga de los derechos de explotación de una tecnología necesaria para la salud pública tenga una capacidad limitada de fabricación, distribución o explotación. Para evitar estas situaciones, la Ley de Patentes (Ley 24/2015) en su artículo 95 indica que “por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una patente al régimen de licencias obligatorias” por el que empresas diferentes al titular podrán fabricar y explotar la invención.

La propia ley aclara que se darán motivos de interés público cuando la explotación del invento “sea de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional”. Además, la Ley de Patentes indica, en su artículo 96, que la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública se regulará mediante el Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, por tanto, esta situación requiere de una decisión a nivel europeo.

Las patentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como institución pública de investigación, son patrimonio del Estado. El CSIC transfiere los derechos de explotación de sus patentes a empresas, contribuyendo así al desarrollo del tejido industrial del país y a la creación de puestos de trabajo de calidad, y mejorando además la calidad de vida del ciudadano.

El CSIC, desde el inicio de la pandemia, ha priorizado en sus acuerdos de licencia que sus tecnologías COVID-19 lleguen a la sociedad, y que cubran la posible demanda de cualquier país. Para ello se está trabajando en la medida de lo posible con licencias no exclusivas, o en condiciones que permitan cubrir la demanda tanto nacional como internacional. Cuando el desarrollo de la tecnología requiere de elevadas inversiones por parte de la empresa privada, asumiendo esta, riesgos considerables, estas condiciones no son tan sencillas de conseguir.

Suspensión temporal de patentes de vacunas

La decisión de la Administración del presidente estadounidense Joe Biden de apoyar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia, y la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, indicando que Europa está abierta al debate, son sin duda muy buenas noticias que parecen indicar que los países desarrollados están buscando soluciones ante la dramática situación que actualmente sufren países como la India y Brasil.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos y la respuesta de la Comisión Europea son muy buenas noticias que parecen indicar que los países desarrollados están buscando soluciones para la situación que sufren otras naciones como India y Brasil

En cualquier caso, habrá que tener en cuenta que liberar las patentes, concediendo licencias obligatorias, no soluciona todos los problemas, ya que para fabricar las vacunas de la COVID-19 es necesario disponer del conocimiento de la tecnología base de la vacuna, además de las instalaciones apropiadas, así como las condiciones idóneas de fabricación y distribución de las mismas.

Recordemos que al principio de la pandemia España no disponía de instalaciones para la producción de vacunas humanas, y que hemos tenido que adecuar instalaciones de empresas productoras de vacunas animales en Galicia y Cataluña para disponer de esta capacidad. Otra lección más aprendida de esta pandemia.

Javier Maira Vidal es doctor en ciencias químicas, experto en Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, y responsable del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC.

Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición oficial del CSIC.

mayo 07/2021 (SINC)

Bruselas se muestra contrario a la liberalización de patentes porque piensa que “no resolverá” el problema actual de acceso a las mismas y prefiere fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global. Sin embargo, Unidas Podemos señala que, tanto en la Unión Europea como en la Organización Mundial del Comercio (OMC), existen mecanismos que permiten liberar patentes en situaciones de emergencia como sin duda es la pandemia.

“La Unión Europea (UE), no contempla esa posibilidad, pero en Estados Unidos se están planteando librar patentes de la vacuna COVID porque la base de la investigación utilizada por las empresas para desarrollar las vacunas son una patente pública del gobierno de los Estados Unidos”, explican fuentes del partido a Redacción Médica.

Unidas Podemos , señala que la investigación de las vacunas está financiada “mayoritariamente con dinero público” y que la industria farmacéutica “no ha corrido ningún riesgo”, ya que el dinero es público y las compras son anticipadas. “Creemos que la inversión pública debe reflejarse en un beneficio social y las vacunas deberían ser consideradas no un bien de consumo sino un servicio público que salva vidas”, añaden.

«Las patentes no se pueden convertir en un obstáculo de vacunación COVID»

La formación morada critica que, para las empresas farmacéuticas, la pandemia es “el gran negocio”. “Nosotros apoyamos las negociaciones, pero el objetivo principal es salvar vidas y acabar con la pandemia, no el beneficio a toda costa de las empresas farmacéuticas, que ya han ganado mucho dinero sin arriesgar nada”, concluyen.

Al igual que Unidas Podemos, Más País también se muestra partidario de liberar temporalmente las licencias.  Íñigo Errejón ha defendido que, ante una emergencia sanitaria, las patentes no se pueden convertir en un obstáculo en el proceso de vacunación. “Es urgente que el Gobierno lidere esta posición para que más empresas y fábricas puedan producir vacunas y haya mayor abastecimiento y vacunación”, insiste el diputado.

Más País y Equo,  afirman que en una PNL (Programación Neurolinguistica), que han registrado esta semana,  que «el acceso global, justo y equitativo no puede quedar supeditado a la explotación en régimen monopolístico por medio de las patentes, por parte de las empresas que realizan la parte final de la cadena de I + D». En su argumentario, defienden que no son pocos los países y organizaciones que apoyan «esta necesaria transformación en la política de investigación, fabricación y comercialización de las patentes relacionadas con la lucha contra la COVID-19″.

En este sentido, el grupo parlamentario plural subraya que más de 200 eurodiputados han reclamado «que la UE defienda los derechos de las personas frente a las farmacéuticas y permita la exención de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio».

Por ello, insta al Gobierno a apoyar el levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el desarrollo de tecnología para producir vacunas, diagnósticos y terapias frente a la COVID-19; apoyar mecanismos para que la inversión europea en I+D  destinadas al desarrollo de vacunas COVID repercuta en un acceso global mediante la búsqueda de licencias no exclusivas con fabricantes de terceros países; y facilitar que las innovaciones desarrolladas gracias a financiación pública sean tratadas como bienes públicos globales con licencias no exclusivas o mediante la no ejecución de patentes en terceros países.

Por su parte, desde ERC se muestran a favor de la propiedad intelectual y de los derechos derivados de la investigación científica. Sin embargo, matizan que, “en momentos excepcionales, medidas excepcionales”. “Esta es una pandemia mundial y solo la podemos afrontar desde la solidaridad y la fraternidad entre sectores, territorios y ciudadanos”, reivindican.

El grupo parlamentario defiende que la liberación de licencias puede ayudar a garantizar la producción y el suministro partes. “Los costos de investigación tienen que cubrir, pero no podemos avalar el enriquecimiento ilimitado mientras la gente se muere por no tener acceso a las vacunas”, concluyen, asegurando que, en emergencia sanitaria, “todo lo que sean barreras e impedimentos se debe quitar”.

EH Bildu apuesta abiertamente por la liberalización de patentes. Dirigentes de la formación soberanista señalan a Redacción Médica que fueron ellos los primeros en proponerlo en las Cortes Generales, donde también abogaron por “nacionalizar las farmacéuticas que especulen” con las dosis. “Duele ver como algo tan importante queda empañado por las malas prácticas de gobiernos y farmacéuticas que priorizan el beneficio empresarial”, denunció la diputada Mertxe Aizpurua.

También el PNV está “a favor de la liberación” de patentes de las vacunas COVID. Fuentes de la formación nacionalista subrayan que su europarlamentaria Izaskun Bilbao ya se ha posicionado al respecto en Bruselas, donde el debate se encuentra abierto. Tampoco desde Juntos por Cataluña (JxCat), pondrían trabas a la liberalización de patentes de la vacuna COVID. “Decimos sí a todo lo que comporte acelerar el ritmo de vacunación”, se limitan a señalar desde la formación catalana.

“España no es partidaria de reformar el sistema de patentes”

El PSOE se remite a las palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La titular de la cartera de Sanidad mostró rotundamente la posición del partido a este respecto, ante las demandas de Unidas, podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso. Darias subrayó que el Gobierno de España respalda la postura mantenida por la Comisión Europea y el sistema de contratos establecido para la adquisición de vacunas frente a la COVID-19. “España no es partidaria de reformar el sistema de patentes”, matizó entonces la ministra.

El partido que lidera Santiago Abascal (VOX), es uno de los más firmemente se oponen a la liberación de vacunas. Espinosa de los Monteros apeló a la figura del cantante C. Tangana para ilustrar su posición al respecto. El portavoz del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados afirmó que, si se le arrebataran sus derechos como artista y se regalara su música, esta “se esparciría mucho más deprisa”, si bien sería “imposible que sacase un nuevo disco” porque no le proporcionaría beneficio.

Más comedido, pero también en contra, el Partido Popular considera que no es el momento de entrar en el debate de la liberalización de vacunas, sino de actuar con transparencia. En este sentido, inciden en la necesidad de que se cumplan los acuerdos firmados con las compañías farmacéuticas para que la distribución entre los países sea fluida.

Colaboración público-privada

Desde Ciudadanos apuestan por la colaboración público-privada como estrategia para el avance de la sociedad y consideran que la pandemia ha demostrado que, la colaboración entre el sector público y las empresas privadas «es más necesaria que nunca». «Necesitamos unidad, en esta batalla, que es de todos, no sobra nadie. Gracias a esta colaboración, hoy tenemos varias vacunas salvando millones de vidas en el mundo», argumentan.

Asimismo, desde la formación naranja rechazan que este debate se centre en motivos ideológicos y exigen que «se aborde con seriedad y rigor». El partido de Inés Arrimadas señala que el interés de la humanidad es que se vacune al mayor número de personas en el menor tiempo posible y con las mayores garantías posibles. En este sentido, destacan que tanto la industria farmacéutica como el sector público «podrán llegar a acuerdos que agilicen el proceso de vacunación en todo el mundo».

Además, Ciudadanos concluye recalcando que, a la hora de abordar este debate, «no se debe olvidar la necesidad de que la vacunación llegue a los países más vulnerables, los que cuentan con sistemas sanitarios más precarios».

Los de Unión del Pueblo Navarro (UPN) consideran que, cuando hay financiación pública para una patente, se debe negociar el uso público de esa patente. En el caso de la vacuna para la COVID-19, el diputado Sergio Sayas apunta que se debería «buscar una fórmula de pago de una cantidad a la farmacéutica», pero con una liberalización de la patente.

abril 12/2021 (Redacción Médica)