En un comunicado, el ente federal detalla que Miguel Montalvo, de 52 años, Bernardo Garmendia (58) e Ivette Portela (52), vecinos de la ciudad de Miami, están acusados de tres cargos presentados por la Fiscalía ante un gran jurado federal el pasado 13 de septiembre.

A los tres implicados se les acusa de dos cargos de fraude electrónico. Además, Montalvo fue acusado de hacer una declaración falsa a un funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Según la acusación formal, desde al menos septiembre de 2015 y hasta marzo de 2018, los acusados falsificaron datos de ensayos clínicos con fines de lucro mientras trabajaban en AMB Research Center, una clínica médica con sede en la ciudad de Miami.

La acusación formal alega que los implicados inscribieron a sabiendas a varios individuos en un ensayo clínico, a pesar de que no cumplían con los criterios para formar parte del estudio.

Los acusados falsificaron los resultados de laboratorio, así como también los registros médicos, y declararon que los sujetos estaban tomando el medicamento en el estudio cuando, de hecho, no lo hicieron. Montalvo y Garmendia eran copropietarios del Centro de Investigación AMB, donde el primero también se desempeñaba como coordinador principal del estudio y Garmendia como parte de este. Portela trabajaba en AMB y era técnica de farmacia.

Las abogadas Karla-Dee Clark y Jessica C. Harvey, de la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, están al frente del caso. La Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en Miami investigó el caso y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida brindó asistencia.

octubre 15/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El fallo se produjo después de que otro juez federal en Texas tomó una determinación en sentido opuesto esta semana, prohibiéndole al gobierno federal aplicar una interpretación legal de la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia que requeriría que los hospitales del estado provean servicios de aborto en caso de que la salud o la vida de la madre esté en peligro.

En Idaho, la prohibición estatal establece que llevar a cabo un aborto en cualquier «embarazo diagnosticable clínicamente» será un delito grave castigado con hasta cinco años de prisión. Buena parte de la ley del estado aún entrará en vigor el jueves, pero el juez de distrito B. Lynn Winmill determinó que el estado no puede procesar a nadie que realice un aborto en una situación de emergencia médica.

Eso es debido a que los abortos en esos casos parecen regirse por una ley federal de atención médica que requiere que los hospitales que reciben fondos del programa Medicare proporcionen «tratamiento estabilizador» a sus pacientes, dijo Winmill.

Ello incluye casos en los que la salud de una paciente embarazada esté en riesgo grave, y casos en los que continuar el embarazo podría resultar en un serio deterioro de las funciones corporales de una persona o en una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.

La suspensión en la aplicación de la medida en Idaho continuará hasta que se resuelva una demanda que impugna la prohibición, decretó el juez en su fallo por escrito.

El Departamento de Justicia federal demandó a Idaho un estado de gobierno republicano este mes con el argumento de que la prohibición al aborto programada para entrar en vigor el jueves viola la Ley de Partos y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA). La ley del estado penaliza todos los abortos practicados en «embarazos diagnosticables clínicamente», pero les permite a los médicos defenderse a sí mismos ante un tribunal, argumentando que el procedimiento era necesario para evitar el fallecimiento de la madre.

El portavoz de la fiscalía general del estado, Scott Graf, dijo que la agencia no comentaría sobre el fallo debido a que el caso aún continúa su proceso en las cortes.

Winmill dijo que el caso no era sobre el derecho al aborto, sino sobre si la ley federal o la estatal tiene primacía en esta situación. El juez en el caso de Idaho señaló que estaba claro que la primacía era de la ley federal.

En Texas, un juez federal tomó la postura contraria. Texas había demandado el mes pasado al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a su titular, Xavier Becerra, argumentando que la EMTALA no requiere que los doctores administren servicios de aborto si ello incurriría en una violación a la ley estatal.

En su fallo de la noche del martes, el juez de distrito James Wesley Hendrix impidió temporalmente al gobierno federal aplicar la directriz en el estado, señalando que ello obligaría a los médicos a poner la salud de una persona embarazada por encima de la salud del feto o embrión, a pesar de que EMTALA «no dice nada sobre el aborto».

Realizar un aborto crea una «condición médica de emergencia» en el feto o embrión, escribió el juez.

«Debido a que el estatuto no hace mención de la cuestión, la directriz no puede responder cómo es que los médicos deben evaluar los riesgos de la madre y de su hijo no nacido», señala la orden del juez. «Tampoco pueden crear un conflicto con la ley estatal donde no existe. Por lo tanto, la directriz es desautorizada».

El Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que se encuentra en el proceso de revisar la decisión legal para determinar su siguiente paso.

agosto 26/2022 (AP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Por tercer día consecutivo, los defensores del derecho al aborto se movilizaron para protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular lo que muchos consideraban un derecho adquirido desde hace casi 50 años.

Cientos de personas se reunieron para una vigilia con velas la noche del domingo frente al tribunal superior, cerca del Capitolio en Washington.

En un país fragmentado, entre estados que ya negaron o negarán próximamente el derecho al aborto, garantizado desde 1973, y los que lo mantendrán o incluso lo fortalecerán, las diferencias de opinión han dado lugar a choques durante las movilizaciones en su mayoría pacíficas del fin de semana, lo que provocó decenas de detenciones y algunos casos de vandalismo.

En pocas horas, ocho estados impusieron desde el viernes -con Misuri a la cabeza- prohibiciones inmediatas al aborto y un número similar hará lo mismo en cuestión de semanas.

En un primer vistazo a las batallas legales que se avecinan, la organización proveedora de servicios de aborto más grande del país, Planned Parenthood, presentó una demanda en Utah para bloquear la prohibición decidida en ese estado.

Los gobernadores demócratas de Michigan y Wisconsin intervinieron a su vez para tratar de mantener la legalidad del aborto en esos dos estados del Medio Oeste.

Kristi Noem, gobernadora republicana de Dakota del Sur, donde el aborto ya ha sido prohibido en todos los casos, incluso de violación e incesto, calificó el fallo de la corte de «maravillosa noticia en defensa de la vida».

Hablando en «This Week», de la cadena televisiva ABC, Noem también expresó su apoyo a la legislación que prohíbe los «abortos por telemedicina» en los que un médico prescribe píldoras para interrumpir un embarazo, algo que puede llegar a convertirse en un recurso para las mujeres que quieran abortar en estados donde ya es o será ilegal hacerlo.

El gobernador Asa Hutchinson, de Arkansas, argumentó por su lado que «obligar a alguien a llevar a término un embarazo» para salvar a un bebé por nacer constituye un empleo «apropiado» del poder del gobierno.

Los estados deberían ayudar a las madres y a los recién nacidos con más servicios, incluida la adopción, dijo en «Meet the Press», de NBC.

El republicano se opuso, no obstante, a reclamos de prohibición del aborto a nivel federal, un objetivo final de numerosos sectores de la derecha religiosa, o de imponer restricciones a la anticoncepción, algo que en Arkansas «no se va a tocar», según dijo.

El presidente Joe Biden condenó el fallo de la Corte Suprema como un «trágico error».

La mayor esperanza del presidente de que esa decisión se revierta es que los votantes defiendan el derecho al aborto en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Mientras tanto, los demócratas han prometido defender los derechos reproductivos de las mujeres de todas las formas posibles.

En Wisconsin, donde podría volver a entrar en vigor una ley de 1849 que prohíbe el aborto, excepto para salvar la vida de la madre, el gobernador Tony Evers dijo que ofrecerá clemencia a cualquier médico que se enfrente a un proceso judicial, según medios locales.

La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, prometió por su lado «luchar como el infierno» por defender el derecho al aborto y dijo que una orden judicial temporal ha sido presentada en ese sentido.

La candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, dijo a CNN que en los próximos días su estado prohibirá todos los abortos después de las seis semanas de embarazos. «Es espantoso, y si soy gobernadora, haré todo lo posible para revertirlo», anunció.

La congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez advirtió que escenarios de pesadilla pronto pueden volverse realidad, ya que las mujeres que se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados deberán viajar largas distancias a estados donde el aborto sigue siendo legal o someterse a abortos clandestinos.

«Obligar a las mujeres a tener embarazos en contra de su voluntad las matará. Las matará», clamó la legisladora en declaraciones a NBC, instando a Biden a explorar la apertura de clínicas de atención médica en tierras federales en estados conservadores para ayudar a acceder a los servicios de aborto.

Según una encuesta de CBS publicada el domingo, el 59 % de los estadounidenses y el 67 % de las mujeres desaprobaron el fallo de la corte.

junio 27/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

 «No vamos a trabajar, ni a la escuela, ni a las universidades. Tampoco abrimos las empresas. Tenemos que detener esta Polonia por un tiempo y hacer una nueva», ha anunciado la activista polaca e integrante del partido político Primavera, Marta Lempart .

En 2016 ya se convocó otra huelga feminista que congregó a unas 200 000 personas por las calles de varias ciudades polacas para protestar contra las intenciones del por entonces primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, de prohibir por completo el aborto, pese a que el país cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al respecto.

Durante la última jornada de protestas, los manifestantes han bloqueado  algunas de las principales vías de Varsovia, aunque las reivindicaciones se han extendido a lo largo y ancho del país, incluso en las regiones más pequeñas, tal y como han señalado algunos medios de comunicación polacos como el diario ‘Gazeta Wyborcza’.

Varios cientos de personas, sosteniendo pancartas en las que se podía leer ‘El infierno de las mujeres’ o ‘Esto es la guerra’, han bloqueado las principales arterias y calles de la capital polaca y se han concentrado frente al Tribunal Constitucional.

También se han registrado cortes en las ciudades de Marki, Nowy Dwor, Koszalin, Torun, Opole, Katowice, Lublin, Poznan, Byalistok, Cracovia o Wroclaw, según informa el diario ‘Dziennik Gazeta Prawna’.

La situación del aborto en Polonia

Un grupo de 119 diputados, encabezados por la extrema derecha de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional en 2019, entendiendo que la legislación actual legaliza de facto la eugenesia.

La redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto.

La situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como «compromiso sobre el aborto», se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso habían tenido éxito en sus esfuerzos.

En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado.

Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.

octubre 27/2020 (Europa Press) Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

«En lugar de garantizar que las sobrevivientes de violación tengan acceso al aborto legal, el Gobierno está adoptando políticas que podrían disuadir a las mujeres y las niñas de buscar apoyo y atención médica después de una violación», ha denunciado la subdirectora interina de HRW para Brasil, Tamara Taraciuk Broner.

El aborto es legal en Brasil en casos de violación, si la mujer corre peligro o el feto tiene problemas que dificulten su supervivencia.

Para poder practicar el aborto de manera legal es necesaria la aprobación de un médico y de al menos otros tres miembros de un equipo multidisciplinario, compuesto por un obstetra, un anestesista, una enfermera, un trabajador social o un psicólogo.

El Ministerio de la Familia, la Mujer y Derechos Humanos de Brasil ha anunciado en las últimas semanas que pondrá a disposición del personal médico una línea telefónica para denunciar a aquellas mujeres y niñas de las que sospeche que se han sometido a un aborto ilegal.

La nueva ley exige a los médicos y a otros profesionales de la salud recolectar pruebas e informar a la Policía cuando una mujer busca interrumpir un embarazo consecuencia de una violación.

Del mismo modo, otorga a estos profesionales la potestad de interrogar a las víctimas para obtener un relato detallado del tipo de violencia al que fueron sometidas. Todo ello sin el consentimiento de quien ha sufrido la violación.

«Las autoridades brasileñas deberían revocar urgentemente estas nuevas regulaciones, que aumentan el riesgo de que mujeres y niñas recurran a abortos inseguros que podrían poner en peligro su vida y su salud», ha exigido Broner.

Si bien los medios de comunicación brasileños informaron de que el nuevo ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, aseguró de puertas para dentro que estaba dispuesto a modificar algunos de estos puntos, la ONG ha exigido una revocación total de los artículos que contravengan los derechos de la mujer.

El próximo 25 de septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil podría suspender temporalmente esta ley del aborto, mientras se estudian dos apelaciones presentadas por el Defensor del Pueblo Federal y hasta once estatales, que exigen su anulación.

 Ver y oír el feto antes de abortar

HRW ha denunciado que las autoridades brasileñas pretenden utilizar el daño emocional al que está sometida la víctima para disuadirla de su deseo de abortar legal y libremente, como muestran algunos puntos de esta controvertida ley, que obliga a los médicos a mostrar imágenes y ultrasonidos del feto para hacerles cambiar de opinión.

A su vez, la ONG también ha señalado que la norma estigmatiza y culpa a estas mujeres, que podrían pasar de víctimas a verdugos, si su versión de los hechos, la cual deberá ser firmada, «no se corresponde a la verdad», llegando incluso a poder ser procesadas por fraude y aborto ilegal, castigado con hasta cinco años de prisión.

«Obligar a los médicos a actuar como investigadores criminales no soluciona el hecho de que Brasil no aplica adecuadamente las leyes para prevenir, enjuiciar y castigar la violencia de género», ha criticado Broner.

HRW ha insistido en numerosas ocasiones a las autoridades brasileñas de que amplíen el acceso al aborto seguro y legal en Brasil, recordando que su postura actual es «incompatible» con el Derecho Internacional.

En un país de 210 millones de habitantes, apunta la organización, sólo 42 hospitales han estado realizando abortos legales durante la pandemia del nuevo coronavirus, 34 centros menos que en 2019.

Se estima que una de cada cinco mujeres en Brasil ha tenido un aborto antes de los 40 años, la gran mayoría fuera del sistema de salud. Cada año, aproximadamente 200 mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros, según datos del propio Ministerio de Salud.

Por último, Broner también ha subrayado que esta legislación ahonda todavía más en los problemas de violencia de género que arrastra Brasil, ya que supone una intimidación para las víctimas al limitar su acceso libre y confidencial a los servicios de salud.

septiembre 22/2020 (Europa Press). Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.