Desde 1896, cada cuatro años —a excepción de 1916, 1940, 1944 y 2020 (aplazado a 2021 por la pandemia de COVID-19)— los Juegos Olímpicos se han celebrado en diferentes ciudades de todo el mundo que han proporcionado todos los medios para acoger a miles de atletas y millones espectadores. Además de ser el acontecimiento deportivo internacional más importante del mundo, los Juegos Olímpicos son el evento más visto y más caro del planeta.

Tras analizar los últimos 16 Juegos de verano e invierno, el equipo de Müller apunta que estos acontecimientos han disminuido su rendimiento de sostenibilidad desde 1992, cuando se celebraron en Barcelona.

Este verano se espera que la mitad de la población mundial siga la cobertura de los Juegos de Tokio, en Japón, retrasados por la pandemia, y que estos cuesten entre 12 000 y 28 000 millones de dólares. Aunque este año se celebrarán sin público por el coronavirus, esto refleja una tendencia hacia los grandes gastos, comenta Martín Müller (Pfarrkirchen, Alemania, 1982), profesor de Geografía en la Universidad de Lausana (Suiza) y autor de un reciente estudio publicado en la revista Nature Sustainability sobre la (in)sostenibilidad de los Juegos Olímpicos.

Gracias a la creciente atención y las políticas destinadas a ellos, estos megaeventos podrían convertirse en un ejemplo de sostenibilidad y ser pioneros en las transformaciones necesarias en materia de construcción, desarrollo y operaciones. Sin embargo, tras analizar los últimos 16 Juegos de verano e invierno, el equipo de Müller apunta que estos acontecimientos han disminuido su rendimiento de sostenibilidad desde 1992, cuando se celebraron en Barcelona.

 ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de sostenibilidad en los Juegos Olímpicos?

Tenemos que fijarnos en tres dimensiones: la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica, también conocidas como planeta, personas y beneficios. Eso significa que la idea va mucho más allá de conseguir unos juegos ‘verdes’ en cuanto a Juegos Olímpicos respetuosos con el medio ambiente. Para nosotros, unos Juegos Olímpicos (JJ. OO. ), también tienen que tener sentido económico y ser socialmente justos. Una de las cosas que hemos analizado, por ejemplo, es si hay un buen uso posterior de todos los estadios deportivos o si la gente ha sido desplazada para poder acoger el evento.

¿Cuáles son las consecuencias de no tener unos juegos sostenibles?

La peor consecuencia es que se acaba gastando mucho dinero en un evento que destruye el planeta, perjudica a las personas y no contribuye mucho al desarrollo económico. Por desgracia, eso es lo que a menudo ocurre. Mientras que los Juegos Olímpicos podrían ser verdaderos motores de cambio hacia una transición sostenible, se limitan en realidad a hacer lo mismo de siempre, pero con un bonito ‘envoltorio’ verde alrededor.

No se trata solo conseguir unos juegos ‘verdes’; también tienen que tener sentido económico y ser socialmente justos

Siendo uno de los eventos más caros del mundo, ¿qué debería cambiarse para que sean más sostenibles?

Debería conseguirse lo que yo llamo las tres D: disminuir, desmaterializar y digitalizar. Los Juegos Olímpicos deben ser mucho más pequeños, con menos espectadores, menos periodistas y menos atletas (“disminuir”).

Las ciudades tampoco deben construir grandes infraestructuras como carreteras, hoteles o estadios para acogerlos, sino que deben arreglárselas con lo que tienen. Así que los Juegos deben adaptarse a la ciudad y no al revés (“des materializar”).

En tercer y último lugar, lo mejor de estos acontecimientos es que no hace falta estar allí para vivir una gran experiencia. Uno puede verlos desde casa o en las zonas especiales con grandes pantallas para aficionados de todo el mundo para compartir el ambiente festivo (“digitalizar”).

En su estudio ha comparado 16 Juegos Olímpicos desde Barcelona 92. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Nos sorprendió el hecho de que los juegos se han vuelto cada vez más insostenibles desde 1992. Sin embargo, parece que está sucediendo lo contrario si se escucha a los organizadores y al Comité Olímpico Internacional (COI), que siempre promocionan lo sostenibles que son, según ellos. Así que vamos en la dirección equivocada.

Los de Barcelona 92 obtuvieron una buena puntuación medioambiental. Fueron la prueba de que se pueden hacer unos JJ. OO. más pequeños, con menos adornos, que sigan funcionando bien.

¿Por qué cree que los Juegos de Barcelona, por ejemplo, fueron más sostenibles?

En primer lugar, fueron unos juegos pequeños, por lo que obtuvieron una buena puntuación en la dimensión medioambiental. Además, también tuvieron un buen uso posterior de las instalaciones deportivas y, en aquella época, la gente los apoyó ampliamente. Finalmente se respetó el estado de derecho del país y hubo pocos cambios en las leyes existentes para acoger este megaevento.

En este sentido, ¿qué podemos aprender de los juegos de 1992?

Esos juegos fueron la demostración de que se pueden hacer unos JJ. OO. más pequeños, con menos adornos, que sigan funcionando bien. Me gustaría que los futuros anfitriones se fijaran en algunos de esos primeros eventos y se inspiraran precisamente en la organización más sencilla y realista que se asoció a ellos.

Los juegos se han vuelto cada vez más insostenibles desde 1992, pero parece que está sucediendo lo contrario si se escucha a los organizadores y al Comité Olímpico Internacional.

Pero, por supuesto, también hay otra gran lección a tener en cuenta sobre los Juegos de Barcelona, a menudo descritos como un ejemplo exitoso de cómo los Juegos Olímpicos pueden beneficiar a una ciudad. El acontecimiento inició un giro hacia el turismo como fuerza de desarrollo urbano, lo que ha dado lugar a que Barcelona se convirtiera en un excelente ejemplo del fenómeno de sobre turismo: una ciudad construida para los turistas y dominada por ellos, a expensas de la población local.

A pesar de que Barcelona 92 fueron los más sostenibles, hasta los juegos de invierno de Vancouver en 2010 no se habló de sostenibilidad. ¿Qué pasó después de aquel evento canadiense?

Los Juegos de Invierno de Vancouver en 2010 fueron los primeros que se declararon sostenibles. Por eso se pusieron grandes expectativas en ellos, y en los Juegos que vinieron después, medidos a partir de esas mismas características. Sin embargo, nuestro estudio muestra que los juegos posteriores a Vancouver 2010, es decir, los JJ. OO. de verano de Londres y de Río y los de invierno de Sochi y de Pyeongchang, fueron menos sostenibles que los anteriores a Vancouver. Así que hay mucha retórica en torno a la sostenibilidad, pero pocos resultados concretos.

En el caso concreto de los juegos de este verano en Tokio, ¿cómo influirán las consecuencias de la pandemia en estos aspectos?

Ya podemos ver que los Juegos de Tokio tienen una puntuación problemática en materia de sostenibilidad, es decir, van a continuar más bien con el descenso de sostenibilidad que venimos observando. Paradójicamente, la pandemia de COCID-19 ha hecho que el evento sea más sostenible, porque menos gente viajará, ya que no habrá público para verlo. Sin embargo, como consecuencia de la crisis sanitaria, gran parte de las infraestructuras se han visto sobredimensionadas ahora, y los costes se han disparado. Además, el gobierno de Tokio está yendo en contra de la voluntad de la mayoría de la población al seguir adelante con los Juegos, y esto no es precisamente sostenibilidad social. Por desgracia, el COI sigue sin tomarse en serio su propio mensaje de sostenibilidad.

Las ciudades anfitrionas tienen que darse cuenta de que están gastando mucho dinero en un evento que no es ni un buen negocio ni muy sostenible.

En su opinión, ¿por qué cree que no se producen cambios para que los Juegos sean más sostenibles?

Hacer que los Juegos Olímpicos sean más sostenibles requeriría un cambio significativo en el actual modelo de negocio. El COI no está dispuesto a hacerlo, también porque se enfrenta a la resistencia de las partes interesadas (como las federaciones deportivas). En general, estos acontecimientos son lentos en reaccionar a las circunstancias cambiantes y con frecuencia se necesita una fuerte presión externa —como protestas y boicots— para modificar las cosas.

¿Cuál es la acción más importante que debe realizarse en los futuros juegos, más allá de Tokio?

Creo que las ciudades anfitrionas tienen que darse cuenta de que están gastando mucho dinero en un evento que no es ni un buen negocio ni muy sostenible. Así es como lo han entendido muchas personas en ciudades de todo el mundo y por eso ahora protestan contra estos megaeventos. Si los ciudadanos tuvieran más voz en la organización de los Juegos Olímpicos, también veríamos resultados más razonables.

julio 24/2021 (SINC)

Referencia:

Müller, M., Wolfe, S.D., Gaffney, C. et al. An evaluation of the sustainability of the Olympic Games. Nat Sustain 4, 340–348 (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00696-5

Hace apenas unos días la Agencia Europea del Medicamento recomendaba la autorización del primer fármaco para la COVID-19: el remdesivir. Se trata de un medicamento antiviral, que fue desarrollado hace años para luchar contra el virus del ébola y para el que la farmacéutica Gilead, que posee la patente, ya ha puesto precio comercial: 2 083 euros por paciente.

Es un precio claramente abusivo, sobre todo si tenemos en cuenta que dos cosas: por un lado, un estudio, llevado a cabo en la Universidad de Liverpool y publicado en abril en el Journal of Virus Erradication, estima que el costo mínimo de producción del remdesivir es de 0,93 dólares (0,83 euros) por dosis. La diferencia entre los 2 083 euros que va a suponer para las arcas de muchos países el tratamiento completo, frente a los casi 6 euros que costaría producirlo es, cuanto menos, significativa.

Solo el Gobierno de Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y otros institutos públicos, ha invertido al menos 70 millones de dólares (62,3 millones de euros) en el desarrollo de este antiviral. Por otro lado, este fármaco, como muchos otros, ha contado con una gran cantidad de inversión pública.  Y eso sin cifrar la cantidad de ensayos clínicos en los que han participado sistemas públicos de salud de muchos países en los últimos meses.

Además, a tenor de los datos clínicos de los que disponemos, el remdesivir no es, ni mucho menos, la cura definitiva para la COVID-19 y lo poco que sabemos, por el momento, es que el medicamento consigue reducir de 15 a 11 días la hospitalización de los casos más graves, y que no hay una reducción significativa de la mortalidad.

Argumentos comerciales

Mientras tanto, el presidente y CEO de Gilead, Daniel O’Day, anunciaba en una carta que, en un enorme ejercicio de responsabilidad, habían decidido poner el precio al remdesivir muy por debajo de su valor, explicando que el uso del fármaco podría ahorrar a los sistemas nacionales de salud unos 12 000 dólares (10 682 euros) por paciente. Lo cual supone un argumento comercial para fijar el precio de un producto bajo el peligroso modelo de ‘precio por valor’ que la industria farmacéutica trata de imponer y que nos ha llevado una escalada imparable en el precio de las tecnologías sanitarias.

El elevado y abusivo precio del remdesivir va a suponer una barrera de acceso para los países, sobre todo, los más pobres. Otros países como el nuestro, en caso de poder adquirirlo, van a tener que detraer recursos de otras partidas sanitarias igualmente o más necesarias.

El precio de los medicamentos debe ir relacionado directamente con lo que en realidad cuesta desarrollarlos y producirlos, más un beneficio justo y razonable, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo público que se ha invertido en toda la cadena de I+D.

Por su parte, Estados Unidos ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Gilead para que casi la totalidad de la producción del remdesivir para los próximos tres meses, unos 500 000 tratamientos,  se quede en el país. ¿Qué pasa con el resto de los países? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirma que la compañía les ha garantizado el suministro.

Sabemos que Gilead está realizando acuerdos de licencias voluntarias con empresas de genéricos en países como India, Egipto o Pakistán a las que se les permitirá fabricar y comercializar el fármaco en 127 países, previsiblemente de medios y bajos ingresos. Todos los detalles sobre los acuerdos, incluyendo las limitaciones que tendrían las empresas para comercializar el fármaco en países no incluidos en las licencias están por despejar, ya que los son confidenciales.

Problemas de suministro

Para el resto del mundo, no se tiene conocimiento sobre cómo podremos adquirir ese fármaco en un corto y medio plazo. Es decir, no solo nos encontramos ante un problema de precio abusivo, también de suministro.

Desde Salud por Derecho, llevamos años recordando a los gobiernos, y especialmente al Gobierno de España, que en casos como el de una crisis de salud pública como la actual, o ante los precios desorbitados de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades nacionales deben de hacer uso de las licencias obligatorias; una figura legal que permite al país que la aplica suspender temporalmente una patente de un fármaco para que una empresa pueda producirlo como genérico, pagando a la empresa titular de la patente royalties a modo de compensación económica.

En casos como el de una crisis de salud pública o ante los precios desorbitados de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades nacionales deben de hacer uso de las licencias obligatorias

De este modo, el precio que pagaríamos por el remdesivir bajaría significativamente y podríamos asegurar el abastecimiento. La licencia obligatoria forma parte de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, recogidos en la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial del Comercio de 2001, y está contemplada en la Ley Española de Patentes de 2015, aunque hasta la fecha el gobierno español no ha dado muestras de querer aplicarla.

Es esperable que en los próximos meses salgan nuevos medicamentos y vacunas para la COVID-19 y tenemos ahora la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y mejor.

Una de las formas de asegurar que los fármacos o vacunas que se desarrollen sean bienes públicos globales es que los gobiernos introduzcan cláusulas en los contratos de la I+D con grupos de investigación y con las compañías privadas

Una de las formas de asegurar que los fármacos o vacunas que se desarrollen sean bienes públicos globales es que los gobiernos, incluidos el español, que están actuando como inversores, introduzcan cláusulas en los contratos de la I+D con grupos de investigación y con las compañías privadas. Cláusulas que fijen un precio y un margen de beneficio máximo para que los productos resultantes sean asequibles, y que obliguen a que la transferencia de tecnología para producir y comercializar esos productos no sea en exclusiva; es decir, evitar el monopolio a través de licencias abiertas.

Precios justos y asequibles

Otra vía que podría haber seguido este fármaco, si Estados Unidos hubiera hecho valer el dinero público aportado por sus ciudadanos y ciudadanas, es depositar todas las patentes, la tecnología y los conocimientos necesarios para fabricar remdesivir en el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP),  una iniciativa impulsada por la OMS y Costa Rica en mitad de la crisis sanitaria para que todas las innovaciones médicas y conocimientos científicos sean compartidas con la comunidad científica internacional y así avanzar en la lucha contra el coronavirus.

Una opción que, al igual que la anterior, permitiría que los medicamentos y vacunas tengan precios justos y asequibles y que estén al alcance de todos los países y productores, asegurando su disponibilidad y el abastecimiento a todas las personas que los necesiten, sin dejar a nadie atrás y sin malgastar recursos económicos ni quebrar los sistemas nacionales de salud.

Esta historia de altos precios y barreras de acceso a medicamentos desarrollados gracias al dinero público, desgraciadamente, no es nueva, es la manera habitual en la que funciona el modelo de innovación biomédica. Las soluciones para que los medicamentos y vacunas sean bienes públicos globales existen; solo falta que los gobiernos vean con claridad la situación a la que nos enfrentamos y la voluntad política para aplicarlas.

julio 04/2020 (SINC)

Nota: El artículo completo puede consultarse a través de Hinari en la edición de la revista del 7 de febrero en la sección \»Online First\».