El costo indirecto para el tratamiento de niños con cáncer asciende en Italia a unos 34 972 euros, carga económica que afecta en particular a las familias por debajo del umbral de pobreza extrema, indica hoy un reporte

El “Informe sobre las condiciones de atención de pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer”, publicado por la Federación Italiana de Asociaciones de Voluntarios en Oncología (FAVO), precisa además que se diagnostican cada año en este país unos dos mil 500 nuevos casos de menores afectados por ese mal.

El análisis, elaborado en colaboración con Asociación Italiana de Hematología y Oncología Pediátricas (Aieop) y la Federación Italiana de Asociaciones de Padres y Personas Recuperadas de Hematología y Oncología Pediátricas (Fiagop), refiere que son altos los gastos indirectos en medicamentos no cubiertos por el seguro.

A ellos se suman los costos del transporte, alimentación, alojamiento, y de los días de trabajo perdidos no remunerados, por lo que “el sistema nacional de salud necesita urgentemente una visión integral para superar las desigualdades que afectan a las familias”, señala el documento.

El informe de la FAVO destaca que el tratamiento del cáncer infantil representa hoy uno de los mayores éxitos de la oncología moderna, con una tasa de curación promedio superior al 80 por ciento, pero los análisis aún muestran diferencias de hasta diez puntos porcentuales en la supervivencia a cinco años entre las distintas regiones del país.

Para combatir los costos ocultos y garantizar la equidad social, esa organización propone al gobierno italiano la creación de un mecanismo para cubrir los costos indirectos en que incurren las familias, sobre todo aquellas con menos recursos. 

30 octubre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

‘Se priorizaron las zonas urbanas y no existió un plan de vacunación pensado en las comunidades rurales’, señaló la analista en salud pública Karin Slowing durante la presentación de un informe sobre las barreras institucionales del Ministerio de Salud de Guatemala para la vacunación contra la covid-19, el cual fue realizado por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.

El informe destaca que la vacunación fue priorizada en 60 municipios, principalmente urbanos, con poblaciones mayormente latinas y con índices de pobreza menores.

Mientras que 102 municipios, mayormente rurales y con población principalmente indígena, no han alcanzado la vacunación del 70 % de la población mayor de 50 años, destaca el estudio.

El análisis señala que el Ministerio de Salud logró alianzas con empresas privadas en Ciudad de Guatemala para vacunación, pero el mismo modelo no pudo ser replicado en las zonas rurales del país.

‘Una de las principales barreras fue la tecnología y la comunicación‘, explicó Slowing y destacó que en departamentos (provincias), con menor acceso a internet, como Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, ubicados en el noroeste del país, menos del 20 % de la población obtuvo una segunda dosis de la vacuna.

Además, el informe critica que Guatemala tuvo un ‘proceso anómalo’ en la compra de vacunas rusas de marca Sputnik, en marzo del 2021, ya que solo se entregaron a tiempo 8 de los 16 millones de dosis que fueron adquiridas entre marzo y octubre de dicho año.

‘Existió atraso en la entrega y lamentablemente también se reportó el vencimiento de muchas dosis’, explicó Slowing.

En febrero de 2022, el Ministerio de Salud de Guatemala anunció que más de un millón de vacunas Sputnik se vencieron, estas tuvieron un costo de 12 millones de dólares.

Hasta el 20 de octubre último, unas 6,97 millones de personas recibieron el esquema de vacunación completo en Guatemala, esto representa un 40 % de la población total del país centroamericano, según datos oficiales.

De marzo del 2020 a la fecha, Guatemala ha detectado más de un millón de casos y hasta el 9 de noviembre último se registraron 19 913 muertes a causa del coronavirus.

noviembre 11/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El médico participa en el Congreso Mundial para el Control del Cáncer, que se celebra en Ginebra y que está organizado por la Unión Internacional para el Control del Cáncer, que el propio Cazap fundó y presidió entre 2010 y 2012.

PREGUNTA: ¿Dejará de ser el cáncer una enfermedad mortal en el futuro?

RESPUESTA: Podrá curarse cualquier cáncer, sí, pero la mala noticia es que aparecerá alguna otra enfermedad, que todavía no conocemos, para reemplazarlo. Es parte de la historia de la humanidad, es la parte genética de las especies, y está feo decirlo, pero hay un sistema para controlar la cantidad de habitantes en el globo cuando llega a proporciones de saturación. En ese sistema, por una parte, están las guerras, pero estas ya no producen tantas bajas, y por otra están las enfermedades.

P: ¿Y los casos de cáncer aumentarán o disminuirán?

R: Hay más cáncer y habrá cada vez más, primero porque el mundo está envejeciendo, la gente vive más, se cura de enfermedades y padece otras nuevas, entre ellas los tumores. El mundo no está más sano, pero sí está más controlado. Por otro lado, la urbanización es uno de los factores de cáncer más importantes, por el peor aire que respiramos. Imagínese en ciudades latinoamericanas como Lima, Buenos Aires, São Paulo o Ciudad de México. Se añaden el estrés, las formas de trabajo, el consumo de alimentos ultraprocesados, que son la peor comida que uno puede tomar. Otros factores son el tabaquismo, que está en descenso, y la obesidad, que aumenta.

P: ¿Cómo está evolucionando la investigación contra el cáncer?

R: En los últimos 20 años hay grandes avances en la medicina de precisión, consistente en identificar fallas moleculares o genéticas y encontrar medicamentos que las solucionen. Por ejemplo, se analiza la sangre de un individuo y se ve la probabilidad de que en el futuro tenga cáncer de próstata, y si son altas, los médicos le vigilarán a él, pero no a todos los individuos. Se trata de encontrar cánceres a niveles aún no detectables y se trabaja incluso para ello con perros: de la misma manera que se les entrena para detectar alcaloides para la policía, ahora se les forma para olfatear pacientes con cáncer para lograr una detección sub clínica.

P: Con los nuevos avances, ¿cuánto podría reducirse el número de casos y muertes por cáncer?

R: Con los conocimientos de prevención que ya tenemos hoy, como hacer colonoscopias a ciertas edades, estudios de cáncer de mama, vacunarse contra el papiloma virus, se calcula que más o menos podrían bajarse la incidencia de estos tumores en hasta un 30 % en cuestión de décadas.

P: ¿La situación en Latinoamérica es diferente a la del resto del mundo en lo referente a lucha contra el cáncer?

R: Hay una explosión de casos de cáncer en Latinoamérica, con unos 500 000 al año, tengamos en cuenta que es una de las regiones con mayor obesidad del mundo y que por ejemplo México ha superado a Estados Unidos como el país con más personas con sobrepeso en el planeta.

P: ¿Y es difícil encontrar buenos tratamientos en la región?

R: Como en cualquier parte del mundo, la situación es desigual: si usted tiene dinero podrá acceder al mejor tratamiento disponible en cualquiera de los países de América Latina, pero si no lo tiene, dependerá de lo que su Gobierno ha decidido con respecto a la protección de la salud de las personas.

P: ¿Y qué países están en mejor posición?

R: Costa Rica está dando una atención bastante igualitaria para toda su población, Uruguay es otro ejemplo y Chile va por ese camino.

P: ¿La pandemia sirvió de llamada de atención para que estos países se preparen mejor?

R: Ningún país de Latinoamérica está siguiendo las recomendaciones que los expertos hacemos de cómo hay que estar preparados para la próxima pandemia. En el siglo XIX hubo un par de ellas, en el siglo XX otras tantas, pero en los primeros 20 años de este siglo ya llevamos una docena.

octubre 20/2022 (EFE) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El documento cita un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que estimaba que la pandemia provocaría durante seis meses un aumento en las muertes infantiles diarias de más de 6 000, que se sumarían a las 14 245 muertes diarias esperadas de menores de 5 años.

«De confirmarse los datos se estaría hablando de un incremento diario del 42 por ciento, una cifra muy preocupante. En el informe de los avances de los ODS este incremento se cifra en 228 000 muertes adicionales debido a las interrupciones de los servicios de salud, ya que la mortalidad infantil directamente vinculada al SARS COv-2 es muy escasa», explican las ONG en su texto.

Hace 20 años, cuando se redactó el primer informe de esta serie, el VIH/sida era una de las mayores prioridades de la salud mundial. En 2021, otra enfermedad transmisible, la covid-19, ocupa el primer puesto entre estas preocupaciones. Por segundo año consecutivo es la enfermedad infecciosa por una sola causa que ha provocado más muertes en el planeta, además de agravar la situación del resto de enfermedades.

Los representantes de la ONG han advertido de que, pese a que las vacunas «han supuesto un cambio en la evolución de la pandemia», solamente lo ha hecho «en aquellos países que han podido acceder a ellas». «El acaparamiento de dosis por parte de los países más enriquecidos revela el fracaso de la comunidad internacional y lo alejados que estamos de una adecuada gobernanza mundial de salud. Solamente un dato: 241 millones de dosis se tendrán que tirar si no se emplean antes de que finalice 2021″, esgrimen.

Mientras, lamentan que la iniciativa COVAX, creada para poder distribuir 2 000 millones de dosis en 92 países de bajos ingresos este año, «solamente había repartido 330 millones hasta octubre». «Urge suministrarlas a los países empobrecidos para limitar los riesgos de las variantes Delta y Ómicron y reducir la posibilidad de aparición de otras nuevas, porque la pandemia está lejos de controlarse globalmente», reclaman en su informe.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha lamentado que la cooperación «va dando pasos, pero lo cierto es que no los va dando a la velocidad que necesitamos».

«Seguimos teniendo una masa importante de la población en situación crítica y una masa mucho mayor en situación casi crítica, ese es el problema. En los últimos 20 años las desigualdades se han incrementado. Hay que mejorar la salud, pero de la forma más equitativa entre todos. El incremento de la desigualdad no es justo», ha argumentado.

El presidente de medicusmundi Internacional, Carlos Mediano, ha reivindicado que «el mayor problema es la inequidad», que se visibiliza con el «reparto de vacunas». «La inequidad tiene que ver mucho sobre qué modelos sociales, económicos y políticos tenemos», ha destacado.

En la misma línea, el vicepresidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, ha manifestado que «cada vez hay más necesidades y menos facilidades para trabajar en acción humanitaria en determinadas zonas del planeta». «Este aumento amplía la brecha de financiación y complica el acceso dificultando a nuestras organizaciones cumplir su mandato, perjudica a las poblaciones afectadas por conflictos u otros desastres y vulnera el derecho internacional», ha agregado.

Por su parte, la jefa del área de salud de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), Cruz Ciria, también ha puesto en valor la necesidad de seguir incrementando la financiación en la cooperación al desarrollo.

«Por ejemplo, solamente el 16 por ciento de los países tiene capacidad de producir datos fiables, tienen que ser enfocados al fortalecimiento de los sistemas de salud. Si no tenemos datos no podemos planificar ni saber lo que ocurre ni hacer nada», ha afirmado.

España sigue a la cola en ayuda al desarrollo, aunque mejora

El informe recoge que España se coloca en el puesto 12 de 27 en cuanto a volumen de ayuda al desarrollo (AOD) aportada, pero en el puesto 19 porcentualmente, de modo que se mantiene aún en el vagón de cola de los donantes tradicionales, a pesar de mejorar 2 puestos.

En 2020, la AOD española disminuyó en 15 millones, situándose en el 0,23 por ciento de la renta nacional bruta, un porcentaje muy alejado del 0,32 por ciento de la media del conjunto de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), del 0,50 por ciento de la media de los países de la Unión Europea y del compromiso del 0,7 por ciento adquirido hace más de 50 años en el seno de las Naciones Unidas.

Mediano ha señalado que la cooperación «es la única herramienta para intentar paliar un poquito estas inequidades». «Solo seis países destinan el 0,7 por ciento, un compromiso que se inició hace 50 años», ha denunciado.

En cuanto a la inversión en salud dentro de esta cooperación, Mediano ha esgrimido que se destina en torno al 12 por ciento, aunque «curiosamente» bajó este porcentaje en 2020, coincidiendo con los peores momentos de la pandemia de COVID-19.

En el caso de España, el presidente de medicusmundi Internacional ha criticado que España se encuentra «en el tercio más bajo del conjunto de países donantes»: «En 2020, multiplicó su peso en cooperación de salud, hasta el 7,5 por ciento, pero muy lejos del 12 de media que destina el resto de donantes».

La crisis climática, una crisis de salud

Al mismo tiempo, las ONG sostienen que la COVID-19 no puede olvidar «el otro gran desafío de nuestro tiempo», el cambio climático. Así, el informe esgrime que la mortalidad asociada a las olas de calor en personas mayores de 65 años ha aumentado un 80 por ciento desde el año 2000.

«Los cambios en la distribución de vectores que transmiten enfermedades, como paludismo, dengue o zika, harán que aumenten estas enfermedades y más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de su país por motivos climáticos de aquí al año 2050. Estamos ante una pandemia global inminente, ante la que todos los países tienen la responsabilidad de actuar, fortaleciendo la salud pública para salvar vidas», alertan.

diciembre 14/2021 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

«Si el primer año de la pandemia de COVID-19 fue definido por un fracaso colectivo en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente basándose en la ciencia, el segundo estuvo marcado por profundas desigualdades y un fracaso de los dirigentes en comprender nuestra interdependencia y actuar en consecuencia», afirmó un informe de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (GPMB).

La pandemia reveló un mundo «desigual, dividido e irresponsable» afirmó el informe del organismo publicado en Berlín, cuando el número de muertos por COVID-19 se acerca a la cifra de cinco millones, según un recuento de la AFP.

Teniendo en cuenta la mortalidad excesiva relacionada directa e indirectamente con la COVID-19, la OMS estima que el número total de fallecimientos podría ser de dos a tres veces superior.

De los más de seis mil millones de dosis de vacunas administradas en todo el mundo, solo 1,4 % llegó a personas en países pobres, denunció a principios de mes el jefe de la OMC, Ngozi Okonjo Iweala.

«El progreso científico durante la COVID-19, especialmente la velocidad de desarrollo de las vacunas, nos da un motivo de orgullo«, afirma el copresidente del GPMB Elhadj As Sy en el prefacio del informe.

«Sin embargo, debemos sentir una profunda vergüenza ante las múltiples tragedias, como el acaparamiento de vacunas, la devastadora escasez de oxígeno en los países de bajos ingresos, la generación de niños privados de educación, la desintegración de economías y los frágiles sistemas de salud», según el experto senegalés en ayuda humanitaria.

Los millones de muertes causadas por la pandemia no son «ni normales ni aceptables», pero «lamentablemente, hay pocas pruebas de que aprendimos las lecciones correctas de esta pandemia», añade.

El GPMB declaró en 2020 que la pandemia ya había revelado hasta qué punto el mundo no estaba bien preparado para tales desastres, a pesar de las advertencias de que grandes epidemias eran inevitables.

octubre 26/2021 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Es hora de tomar decisiones en nombre de la humanidad, expresó Benjamín Blanco, viceministro boliviano de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores en una entrevista con la cadena Global News.

El funcionario explicó que desde hace cinco meses solicitaron a Canadá autorizar a la empresa Biolyse Pharma, de Ontario, la exportación de vacunas de Johnson & Johnson hacia Bolivia, donde menos del 30 por ciento de las personas están completamente inmunizadas.

Blanco repitió su solicitud para que el ejecutivo liderado por el primer ministro, Justin Trudeau, anule la exención de patente y emita una licencia obligatoria para permitir la fabricación de los fármacos.

La parlamentaria canadiense Niki Ashton, del Nuevo Partido Democrático, se hizo eco en su cuenta de Twitter de la denuncia sobre cómo su país prioriza su relación con las grandes farmacéuticas en vez de cumplir sus obligaciones en derechos humanos.

John Fulton, vicepresidente ejecutivo de Biolyse Pharma, reconoce que existe un mecanismo legal mediante el cual pudieron darles el permiso para la fabricación de las vacunas: el Régimen de Acceso a los Medicamentos de Canadá.

Otra traba es el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio, que protege la patente de Johnson & Johnson sobre su vacuna y prohíbe a la farmacéutica producirla.

Un portavoz del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá dijo a Global News que son conscientes del interés por flexibilizar la propiedad intelectual para aumentar la producción de vacunas, pero no se pronunció sobre las preocupaciones de Bolivia.

El gobierno boliviano asegura que firmó un contrato para importar 15 millones de dosis luego de la licencia obligatoria a la farmacéutica, y para eso presentó pruebas de que el país sudamericano no tiene capacidad para producir el inyectable contra la COVID-19.

octubre 08/2021 (Prensa Latina) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

La norma nacional reconoce el derecho de incrementar la pensión por incapacidad permanente absoluta a una madre cuando tiene dos o más hijos a cargo y es beneficiaria de una pensión contributiva, como la que se señala  incremento es de un 5 % de la cuantía inicial, pero cuando es el padre, no existe ese derecho reconocido.

Una brecha de género de entorno al 38 % en pensiones

Desde la Comisión de Igualdad de Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) reconocen esa diferenciación en el trato entre hombres y mujeres, pero la ponen en contexto.

Admiten que la medida cuestionada por el TJUE forma parte de una serie de reformas legales que se llevan haciendo desde 2012 para cerrar la brecha económica que existe entre hombre y mujeres y hacer un reconocimiento de la aportación demográfica de la mujer. Apuntan que la brecha que existe en pensiones retributivas entre hombres y mujeres está entorno al 38 % y que en todas las escalas la base media de cotización de las mujeres es menor a la de los hombres. Así, la defensa de esta medida, según las mismas fuentes, es que no se puede tratar igual situaciones desiguales. Apostillan que hay que considerar una igualdad real, no una igualdad formal.  Y añade que, el derecho comparado, admite ese tipo de discriminaciones. Es decir, España no ha sido la primera en utilizar estos mecanismos de compensación que, según el fallo del TJUE, atentan contra la normativa europea.

Esto fue lo que le ocurrió a un ciudadano en Gerona. En enero de 2017, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le concedió una pensión por incapacidad permanente absoluta del 100 % de la base reguladora. El afectado presentó una reclamación administrativa previa contra dicha resolución, alegando que, al ser padre de dos hijas, debería haber percibido, conforme a la norma española, un complemento de pensión que representaba el 5 % de la cuantía inicial de esta.

El INSS desestimó su reclamación administrativa previa e indicó que el mencionado complemento de pensión se concede exclusivamente a estas mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social. Es decir, la discriminación de estas pensiones se sustenta, entre otras cuestiones, para paliar la brecha de género existente en la cuantía de estas prestaciones.

https://www.diariomedico.com/medico-joven/vivir/solidaridad/frente-comun-de-los-estudiantes-de-medicina-contra-la-discriminacion-por-razones-de-sexo.html

Sin embargo, el hombre no se quedó satisfecho con la respuesta e interpuso un recurso contencioso contra la resolución desestimatoria del INSS ante el Juzgado de lo Social número 3 de Gerona, solicitando que se le reconociera el derecho a percibir el complemento de pensión en cuestión. Este juzgado aclaró que la norma nacional (el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre de 2015) reconoce ese derecho a las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no disfrutan de él.

Justo por eso, el Juzgado de lo Social planteó una cuestión prejudicial al TJUE por dudar de que la norma española fuera conforme al Derecho de la UE. Efectivamente, la sentencia del TJUE ha declarado que la Directiva relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978) se opone a la norma española, ya que los hombres que se encuentren en una situación idéntica a la de las mujeres que perciben el complemento de pensión controvertido no tienen derecho a él.

El Tribunal de Justicia sentencia que la norma española concede un trato menos favorable a los hombres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados, que constituye una discriminación directa por razón de sexo, prohibida por la Directiva. Señala que, dado que la aportación de los hombres a la demografía es tan necesaria como la de las mujeres, la aportación demográfica a la Seguridad Social no puede justificar por sí sola que los hombres y las mujeres no se encuentren en una situación comparable en lo que respecta a la concesión del complemento de pensión controvertido.

En su argumentación, las autoridades españolas sostienen que el complemento fue concebido también como una medida destinada a reducir la brecha de género existente entre las pensiones de los hombres y las de las mujeres cuyas carreras profesionales se hayan visto interrumpidas o acortadas por haber tenido al menos dos hijos (ver apoyo). Según dichas autoridades, estas diferencias se desprenden de numerosos datos estadísticos.

El complemento controvertido se limita a conceder a las mujeres un plus en el momento del reconocimiento del derecho a una pensión, sin aportar ninguna solución a los problemas a los que puedan tener que hacer frente durante su carrera profesional, dice el TJUE

En lo que atañe a este objetivo, el Tribunal de Justicia admite que la norma española tiene por objeto, al menos parcialmente, la protección de las mujeres en su condición de progenitor. Ahora bien, por un lado, se trata de una cualidad predicable tanto de hombres como de mujeres y, por otro lado, las situaciones de un padre y una madre pueden ser comparables en cuanto al cuidado de los hijos se refiere. En estas circunstancias, el TJUE razona que la existencia de datos estadísticos que muestren diferencias estructurales entre los importes de las pensiones de las mujeres y los de las pensiones de los hombres no es suficiente para llegar a la conclusión de que las mujeres y los hombres no se encuentran en una situación comparable en su condición de progenitores en relación con el complemento controvertido.

Según el Tribunal de Justicia, habida cuenta de las características del complemento controvertido, éste no está incluido en los supuestos en los que cabe una excepción a la prohibición de toda discriminación directa por razón de sexo previstos por la Directiva. En primer lugar, en lo tocante a la excepción relativa a la protección de la mujer por motivos de maternidad, la norma española no contiene ningún elemento que establezca un vínculo entre la concesión del complemento y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto.

En segundo lugar, por lo que respecta a la excepción que permite a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación de la Directiva las ventajas concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que han educado hijos y la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que la norma española no supedita la concesión del complemento controvertido a la educación de los hijos o a la existencia de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos, sino únicamente a haber tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y al hecho de percibir una pensión contributiva, en particular de incapacidad permanente.

Por último, el complemento controvertido tampoco está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 157 TFUE, apartado 4, el cual, con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, permite a los Estados miembros mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales. En efecto, el complemento controvertido se limita a conceder a las mujeres un plus en el momento del reconocimiento del derecho a una pensión, sin aportar ninguna solución a los problemas a los que puedan tener que hacer frente durante su carrera profesional ni compensar las desventajas a las que puedan verse expuestas.

Tras la sentencia del TJUE, hay que esperar el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Gerona sobre el caso concreto.

diciembre 16/2019 (Diario Médico)