No se produjeron contagios entre las niñas y mujeres jóvenes que recibieron las dosis en un estudio de unas 5 000 personas en Sudáfrica y Uganda, según los investigadores. En un grupo que recibió pastillas diarias de prevención, en torno al 2 % terminó contrayendo el VIH de parejas sexuales infectadas.

«Ver este nivel de protección es impresionante», dijo sobre las inyecciones Salim Abdool Karim, director del centro de investigación sobre sida en Durban, Sudáfrica, que no participó en el estudio.

El fármaco, producido por la estadounidense Gilead y comercializado como Sunlenca, está autorizado en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros lugares, pero sólo como tratamiento contra el VIH. La compañía dijo que estaba esperando a los resultados de la prueba en hombres antes de pedir autorización para utilizarlo como protección ante infecciones.

Los resultados en mujeres se publicaron el miércoles en la New England Journal of Medicine y se comentaron en una conferencia sobre el sida en Múnich. Gilead pagó el estudio y parte de los investigadores eran empleados de la compañía. Debido a los resultados inesperadamente alentadores, el estudio se detuvo antes de tiempo y todas las participantes recibieron las inyecciones, también conocidas como lenacapavir.

Aunque hay otras formas de impedir la infección de VIH, como los preservativos o las píldoras diarias, el uso consistente ha sido un problema en África. En el nuevo estudio, sólo en torno al 30 % de las participantes que recibieron las píldoras preventivas Truvada o Descovy de Gilead las tomaban, y esa cifra se redujo con el tiempo.

La perspectiva de una inyección dos veces al año «son noticias bastante revolucionarias» para nuestros pacientes, dijo Thandeka Nkosi, que ayudó a dirigir la investigación de Gilead en la Fundación de Salud Desmond Tutu en Masiphumelele, Sudáfrica. «Da a los participantes una opción y simplemente elimina todo el estigma en torno a tomar las píldoras» para prevenir el VIH.

Los expertos que trabajan para detener la expansión del sida están emocionados por las inyecciones de Sunlenca pero les preocupa que Gilead no haya llegado a un acuerdo aún sobre un precio asequible para los que más lo necesitan. La compañía dijo que buscaría un «programa de licencias voluntarias», lo que sugería que sólo unos pocos productores de medicamentos genéricos estarían autorizados a fabricar el fármaco.

«Gilead tiene una herramienta que podría cambiar la trayectoria de la epidemia del VIH», dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de la agencia de la ONU contra el sida, con sede en Ginebra.

Dijo que su organización había instado a Gilead a compartir la patente de Sunlenca con un programa respaldado por la ONU que negocia contratos generales para que fabricantes de genéricos hagan versiones baratas de medicamentos para países más pobres en todo el mundo. Como tratamiento del VIH, el fármaco cuesta más de 40 000 dólares al año en Estados Unidos, aunque el precio individual puede variar.

En un comunicado el mes pasado, Gilead dijo que era demasiado pronto para saber cuánto costaría utilizarlo como prevención en países más pobres. El doctor Jared Baeten, vicepresidente de Gilead para desarrollo clínico, dijo que la firma ya estaba hablando con fabricantes de genéricos y comprendía «lo profundamente importante que es que actuemos con rapidez».

Otro medicamento de prevención del VIH, Apretude, que se toma cada dos meses, está autorizado en algunos países, también en África. Se vende por unos 180 dólares por paciente al año, que sigue siendo demasiado costoso para la mayoría de países en desarrollo.

Byanyima dijo que entre las personas que más necesitan protección duradera hay mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica y hombres gays en países donde las relaciones homosexuales están penalizadas. Según UNAIDS, el 46 % de las nuevas infecciones de VIH en 2022 eran de mujeres y niñas, que eran tres veces más propensas a contraer el VIH que los hombres en África.

Byanyima comparó las noticias sobre Sunlenca con el descubrimiento hace décadas de fármacos contra el sida que hicieron que la infección del VIH pasara de ser una sentencia de muerte a una enfermedad crónica. En su momento, el presidente sudafricano Nelson Mandela suspendió las patentes para permitir un acceso más amplio al medicamento. El precio bajó más tarde, de unos 10 000 dólares por paciente a unos 50 dólares.

Olwethu Kemele, trabajadora médica en la Fundación de Salud Desmond Tutu predijo que las inyecciones podrían incrementar el número de personas que reciben en busca de prevención contra el VIH y detener la expansión del virus. A menudo, señaló, las mujeres jóvenes esconden las pastillas para evitar preguntas de novios y familiares. «Hace que para las chicas sea difícil continuar», explicó.

En un reporte sobre el estado de la epidemia global publicado esta semana, Unaids (Onusida) dijo que se habían infectado menos personas de VIH en 2023 que en cualquier momento desde la década de 1980. En todo el mundo, unos 1,3 millones de personas se contagian de VIH y más de 600 000 mueren cada año, en su mayoría en África. Aunque se han hecho avances significativos en el continente, las infecciones de VIH suben en el este de Europa, América Latina y Oriente Medio.

En otra investigación presentada en la conferencia sobre sida, Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, y otros colegas estimaron que una vez se expanda la producción de Sunlenca para tratar a 10 millones de personas, el precio debería caer a unos 40 dólares por tratamiento. Señaló que es crítico que las autoridades de salud consigan acceso al medicamento lo antes posible.

«Esto es lo más cerca que puedes estar a una vacuna del VIH», dijo.

24 julio 2024|Fuente: AP |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

Hace apenas unos días la Agencia Europea del Medicamento recomendaba la autorización del primer fármaco para la COVID-19: el remdesivir. Se trata de un medicamento antiviral, que fue desarrollado hace años para luchar contra el virus del ébola y para el que la farmacéutica Gilead, que posee la patente, ya ha puesto precio comercial: 2 083 euros por paciente.

Es un precio claramente abusivo, sobre todo si tenemos en cuenta que dos cosas: por un lado, un estudio, llevado a cabo en la Universidad de Liverpool y publicado en abril en el Journal of Virus Erradication, estima que el costo mínimo de producción del remdesivir es de 0,93 dólares (0,83 euros) por dosis. La diferencia entre los 2 083 euros que va a suponer para las arcas de muchos países el tratamiento completo, frente a los casi 6 euros que costaría producirlo es, cuanto menos, significativa.

Solo el Gobierno de Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y otros institutos públicos, ha invertido al menos 70 millones de dólares (62,3 millones de euros) en el desarrollo de este antiviral. Por otro lado, este fármaco, como muchos otros, ha contado con una gran cantidad de inversión pública.  Y eso sin cifrar la cantidad de ensayos clínicos en los que han participado sistemas públicos de salud de muchos países en los últimos meses.

Además, a tenor de los datos clínicos de los que disponemos, el remdesivir no es, ni mucho menos, la cura definitiva para la COVID-19 y lo poco que sabemos, por el momento, es que el medicamento consigue reducir de 15 a 11 días la hospitalización de los casos más graves, y que no hay una reducción significativa de la mortalidad.

Argumentos comerciales

Mientras tanto, el presidente y CEO de Gilead, Daniel O’Day, anunciaba en una carta que, en un enorme ejercicio de responsabilidad, habían decidido poner el precio al remdesivir muy por debajo de su valor, explicando que el uso del fármaco podría ahorrar a los sistemas nacionales de salud unos 12 000 dólares (10 682 euros) por paciente. Lo cual supone un argumento comercial para fijar el precio de un producto bajo el peligroso modelo de ‘precio por valor’ que la industria farmacéutica trata de imponer y que nos ha llevado una escalada imparable en el precio de las tecnologías sanitarias.

El elevado y abusivo precio del remdesivir va a suponer una barrera de acceso para los países, sobre todo, los más pobres. Otros países como el nuestro, en caso de poder adquirirlo, van a tener que detraer recursos de otras partidas sanitarias igualmente o más necesarias.

El precio de los medicamentos debe ir relacionado directamente con lo que en realidad cuesta desarrollarlos y producirlos, más un beneficio justo y razonable, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo público que se ha invertido en toda la cadena de I+D.

Por su parte, Estados Unidos ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Gilead para que casi la totalidad de la producción del remdesivir para los próximos tres meses, unos 500 000 tratamientos,  se quede en el país. ¿Qué pasa con el resto de los países? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirma que la compañía les ha garantizado el suministro.

Sabemos que Gilead está realizando acuerdos de licencias voluntarias con empresas de genéricos en países como India, Egipto o Pakistán a las que se les permitirá fabricar y comercializar el fármaco en 127 países, previsiblemente de medios y bajos ingresos. Todos los detalles sobre los acuerdos, incluyendo las limitaciones que tendrían las empresas para comercializar el fármaco en países no incluidos en las licencias están por despejar, ya que los son confidenciales.

Problemas de suministro

Para el resto del mundo, no se tiene conocimiento sobre cómo podremos adquirir ese fármaco en un corto y medio plazo. Es decir, no solo nos encontramos ante un problema de precio abusivo, también de suministro.

Desde Salud por Derecho, llevamos años recordando a los gobiernos, y especialmente al Gobierno de España, que en casos como el de una crisis de salud pública como la actual, o ante los precios desorbitados de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades nacionales deben de hacer uso de las licencias obligatorias; una figura legal que permite al país que la aplica suspender temporalmente una patente de un fármaco para que una empresa pueda producirlo como genérico, pagando a la empresa titular de la patente royalties a modo de compensación económica.

En casos como el de una crisis de salud pública o ante los precios desorbitados de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades nacionales deben de hacer uso de las licencias obligatorias

De este modo, el precio que pagaríamos por el remdesivir bajaría significativamente y podríamos asegurar el abastecimiento. La licencia obligatoria forma parte de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, recogidos en la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial del Comercio de 2001, y está contemplada en la Ley Española de Patentes de 2015, aunque hasta la fecha el gobierno español no ha dado muestras de querer aplicarla.

Es esperable que en los próximos meses salgan nuevos medicamentos y vacunas para la COVID-19 y tenemos ahora la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y mejor.

Una de las formas de asegurar que los fármacos o vacunas que se desarrollen sean bienes públicos globales es que los gobiernos introduzcan cláusulas en los contratos de la I+D con grupos de investigación y con las compañías privadas

Una de las formas de asegurar que los fármacos o vacunas que se desarrollen sean bienes públicos globales es que los gobiernos, incluidos el español, que están actuando como inversores, introduzcan cláusulas en los contratos de la I+D con grupos de investigación y con las compañías privadas. Cláusulas que fijen un precio y un margen de beneficio máximo para que los productos resultantes sean asequibles, y que obliguen a que la transferencia de tecnología para producir y comercializar esos productos no sea en exclusiva; es decir, evitar el monopolio a través de licencias abiertas.

Precios justos y asequibles

Otra vía que podría haber seguido este fármaco, si Estados Unidos hubiera hecho valer el dinero público aportado por sus ciudadanos y ciudadanas, es depositar todas las patentes, la tecnología y los conocimientos necesarios para fabricar remdesivir en el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP),  una iniciativa impulsada por la OMS y Costa Rica en mitad de la crisis sanitaria para que todas las innovaciones médicas y conocimientos científicos sean compartidas con la comunidad científica internacional y así avanzar en la lucha contra el coronavirus.

Una opción que, al igual que la anterior, permitiría que los medicamentos y vacunas tengan precios justos y asequibles y que estén al alcance de todos los países y productores, asegurando su disponibilidad y el abastecimiento a todas las personas que los necesiten, sin dejar a nadie atrás y sin malgastar recursos económicos ni quebrar los sistemas nacionales de salud.

Esta historia de altos precios y barreras de acceso a medicamentos desarrollados gracias al dinero público, desgraciadamente, no es nueva, es la manera habitual en la que funciona el modelo de innovación biomédica. Las soluciones para que los medicamentos y vacunas sean bienes públicos globales existen; solo falta que los gobiernos vean con claridad la situación a la que nos enfrentamos y la voluntad política para aplicarlas.

julio 04/2020 (SINC)