Tal y como se apunta desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, esta disminución podría deberse a la situación excepcional causada por la pandemia provocada por la COVID; un descenso que se produjo en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos etarios.

Como indica, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 71,85 % de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que solo el 0,18 % se produjo más allá de la vigesimotercera semana.

En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31 % no utilizaban ninguno. Por otro lado, las 88 269 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51 % de los mismos centros derivados (concertados o no) y el 15,49 %, centros públicos.

El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Esta Estrategia incluye la prevención de embarazos no deseados y la promoción de la planificación familiar.

«El Departamento que dirige la ministra Carolina Darias tiene el firme propósito de seguir garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que valora el trabajo que desarrollan todas y todos los profesionales sanitarios dentro y fuera del Sistema a favor de la salud y la seguridad de las mujeres», advierte en una nota

septiembre 28/2021 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.