La Cámara de Diputados discute si se incluyen en una reforma del Código Penal de 1884 las tres causales en las que un aborto sería legal: cuando el embarazo es producto del incesto o violación, de riesgo de vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.

El texto actual prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que aborten, y de hasta 20 años para quienes los practiquen, aunque son raros los casos judiciales que se abren por esta causa.

Los legisladores contemplan también la posibilidad de abordar el asunto en una ley aparte.

«Estamos cansadas de esperar, estamos cansadas de que los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas se pongan en juego, se posterguen, se dilaten», dijo a la AFP Molina, que además de activista es abogada. «Decidimos que este es el momento en que ya no se puede esperar más, el Código Penal está en discusión ahora».

Una veintena de tiendas de campaña se alinean frente a la sede del Ejecutivo. Las activistas visten el verde característico del movimiento en Argentina, el mayor país de América Latina en permitir incondicionalmente el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

Es legal además en Cuba, Uruguay y Guyana.

«Una democracia moderna no puede condenar a muerte a mujeres que eligen vivir», dice una pancarta colocada en una verja. «Vida, salud y dignidad», se lee en otra.

A pocas cuadras, frente al Congreso Nacional, grupos católicos y evangélicos se concentran cada día para tratar de evitar la despenalización.

«Las mujeres merecen algo mejor que abortar a sus hijos», se lee en un cartel que un hombre sostiene junto a un gigantesco rosario. «Oramos por el fin del aborto», dice otro.

Cerca de 90 000 abortos se practican al año en el país «de forma clandestina y en la mayoría de ocasiones en condiciones insalubres», dijo Rafael Mena, presidente de la asociación de hospitales privados.

Y entre 10 y 12 pacientes son atendidas diariamente en la red de salud pública dominicana por abortos incompletos, cuyas complicaciones pueden derivar en la muerte, según cifras oficiales.

Pero el aborto ha sido la gran piedra de tranca para la reforma al Código, que se plantea desde 1990. En 2014, el entonces presidente Danilo Medina la vetó precisamente por no incluir estas tres causales.

El actual mandatario, Luis Abinader, se ha mostrado también favorable al cambio en la ley, aunque el camino es largo antes de llegar a su despacho.

Su ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo a la AFP que las tres causales es «lo mínimo que debe concederle un estado democrático y de derecho a las mujeres». «Representan también un tema de derechos y de dignidad».

Pero la mayoría en el Congreso ya parece estar en contra.

Jesús Ogando, del partido en el poder (PRM) y mayoría en la cámara, aseguró que 110 de los 190 diputados «están a favor de la vida» y no apoyarían una reforma del Código Penal que incluya las tres causales.

La Iglesia católica ha insistido en que la despenalización es «inaceptable», dijo a la AFP Fausto Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo, asegurando que la institución es «un referente moral para la sociedad».

«Penalizar el aborto, no salva ninguna vida», subrayó por su parte la ginecobstetra Lilliam Fondeur. «El feto o el embrión muere, la mujer muere… no estamos salvando vidas, estamos matando mujeres a la hora de penalizar el aborto».

El Estado dominicano enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Rosa Hernández, que perdió a su hija de 16 años luego que, según denuncia, le negaran el tratamiento para una leucemia porque estaba embarazada.

«No le daban medicamentos ni tratamientos», criticó. «Como si el embarazo se iba a salvar con ella muerta».

marzo 23/2021 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Un año más tarde, y en el mismo lugar, arremetió contra otro derecho social a conquistar y dijo que promoverá el cultivo de cannabis con fines medicinales e industriales, aunque, en este caso, no lo hará por los cuerpos ni los derechos individuales.

«La industria mundial del cannabis triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años», aseguró Fernández.

El mandatario enviará en pocos días, y a ese mismo edificio, un proyecto de ley que aún no está terminado, pero que, estará orientado a la reconversión de áreas y productores que en este momento no tienen una explotación rentable.

Pero, sobre todo, al desarrollo tecnológico, investigación, innovación, y ciencia aplicada en colaboración con la industria farmacéutica local para, finalmente, exportar.

El contexto internacional no es el mejor para conquistar el mercado, dado que México -uno de los mayores productores del mundo- acaba de despenalizar toda la cadena productiva y de utilización del cannabis, tanto medicinal, como industrial y recreativo.

Asimismo, Ecuador y Perú se han sumado a Colombia, incluso con mejores legislaciones, a un mercado que ya mueve 30 000 millones de dólares en forma legal y casi 170 000 millones clandestinamente.

Tampoco parece jugarle a favor el tiempo (aquí también entra su doble sentido, el clima), ya que Argentina ingresa algo tarde a un mercado en funcionamiento y que, por ejemplo, tiene a muchos compatriotas e inversores trabajando en otras partes del mundo, sobre todo en Uruguay.

El modo es también una intriga si se tiene en cuenta que aquellas naciones que han logrado un nombre en la industria, tarde o temprano, se han decidido por legislar también el uso recreativo, como son los casos de Uruguay, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y, en poco tiempo, tal vez México.

Una solución sanitaria que, además, abarata el costo en seguridad de las granjas que cultivan en masa y metería al país en un mercado, el recreativo, que según Euro monitor aumentará 376 por ciento a nivel global para 2025.

 Flor seca, esa es la cuestión

Los dichos de Fernández cayeron bien entre los productores locales.

«Es una apuesta importante y también una muestra de valentía por parte del presidente de tomar el riesgo de poner este tema al primer nivel», indicó a esta agencia Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis Medicinal (ArgenCann).

El organismo une a unos 90 empresarios del sector y viene trabajando desde enero del año pasado junto al Gobierno para construir esta agenda. Su presidente cree que «Argentina está bien posicionado para ser un jugador de relevancia en el mundo por tratarse de un país agro exportador».

Todo esto sucede mientras usuarios y cultivadores siguen solicitando ayuda legal a las organizaciones que desde hace años piden la modificación integral de la Ley de drogas 23-737.

«Hay una retórica del Gobierno favorable a la despenalización de las personas que consumen, pero la ley penal sigue vigente y así las fuerzas de seguridad siguen teniendo la excusa para seguir criminalizando conductas de tenencia y autocultivo», indicó a Sputnik Mariano Fusero de la organización no gubernamental Reset.

El abogado, no obstante, aclaró que «el Senado ha tomado la iniciativa en la articulación de consensos políticos necesarios respecto a la modificación legislativa dirigida a despenalizar».

«Entiendo que ya existe ese consenso en la actualidad, pero me preocupa la técnica legislativa que se iría a implementar», advirtió Fusero. «Sobre ello la sociedad civil debería estar alerta, ya que una mala técnica legislativa en materia de despenalización puede ser contraproducente con el objetivo que se pretende».

Fazio, por su parte, reconoce que también quisiera un proyecto que despenalice el uso lúdico de la planta, pero entiende que hay que concentrarse en aquello que los momentos políticos permiten.

«Si las oportunidades que tiene Argentina de capacidad instalada en términos farmacéuticos y al conocimiento que hay en la materia le sumamos toda una agenda de desarrollo económico hay un gran futuro», plantea.

Aunque aclara que «si la apuesta es que la industria este los próximos cinco años perdiendo plata eso va a hacer que fracase cualquier programa de industrialización respecto del cannabis o que los jugadores que puedan hacerlo sean contados con los dedos de una mano».

De momento el Gobierno mandó, lo que creen, es una clara señal de apoyo al abrirle a ArgenCann una cuenta en el Banco Nación para poder operar, en un contexto de pleno boicot a la industria por parte de la banca mundial.

Aplicación en alimentos, bebidas, productos veterinarios, fitopreparados o suplementos dietarios; también extracción de fibra para bioconstrucción, biocombustibles y para los sectores textil y de calzado serían algunos de los horizontes del proyecto argentino.

«Y si se permite exportar flor seca desde el mismo inicio de la puesta en marcha de esta industria, eso va a facilitar un montón de procesos», agrega el propietario de Pampa Hemp, firma que espera un permiso del ministerio de Salud para sembrar en la localidad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires (este).

Esa, la flor seca, será una de las claves del proyecto que llevará la firma de Fernández si lo que Argentina quiere es ganar tiempo perdido y ser competitivo con respecto a sus pares en la región.

marzo 11/2021 (Sputnik) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.