En un comunicado, la organización ha precisado que, las fuerzas del ejército israelí asaltaron el cuartel general de HWC en Ramala, en Cisjordania.

«Derribaron la puerta, confiscaron computadoras y unidades de memoria y emitieron una orden militar que obligaba a cerrar la oficina durante seis meses», ha relatado Amnistía, que ha lamentado que esta organización ha sido atacada «en repetidas ocasiones».

Asimismo, ha denunciado que sus empleados han sido «objeto de hostigamiento y arresto por su presunta afiliación al Frente de Liberación Popular de Palestina, un partido político palestino con brazo armado».

«Los Comités de Trabajo de Salud es uno de los principales proveedores de servicios de salud en los Territorios Palestinos Ocupados, y administra hospitales y clínicas de salud que brindan atención médica a comunidades marginadas», ha explicado.

Por ello, el director adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional, Salé Higaziha, ha avisado de que el cierre de su sede por parte de Israel «tendrá consecuencias importantes para la prestación de servicios de salud esenciales a miles de palestinos», mientras un programa para la salud de la mujer que estaba en la sede ya se ha detenido.

«Como potencia ocupante, Israel tiene la clara obligación bajo el derecho internacional de proteger los derechos de todos los palestinos, incluido su derecho a la salud», ha agregado Higaziha, quien ha añadido que «hasta ahora, no han cumplido por completo con esta responsabilidad a lo largo de la pandemia mundial y han seguido una política de vacunación discriminatoria contra la COVID-19.

Igualmente, ha apelado a las autoridades israelíes a «rescindir de inmediato la orden de cierre» y «poner fin al hostigamiento de los trabajadores de la salud».

«El objetivo de HWC es parte de un ataque más amplio de Israel contra las organizaciones de la sociedad civil palestina», ha aseverado.

HCW ha estado «a la vanguardia de la respuesta al coronavirus en los Territorios Palestinos Ocupados, creando conciencia, ofreciendo orientación de salud pública y brindando atención médica a los pacientes», ha recordado Amnistía.

La oficina de HWC en Jerusalén fue ya cerrada por las autoridades israelíes en 2015. Su oficina de Ramala, cerrada este miércoles, fue allanada previamente en octubre de 2019, cuando su director financiero fue arrestado, y en marzo de 2021 cuando otros dos miembros del personal fueron arrestados.

junio 11/2021 (Europa Press) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

La Cámara de Diputados discute si se incluyen en una reforma del Código Penal de 1884 las tres causales en las que un aborto sería legal: cuando el embarazo es producto del incesto o violación, de riesgo de vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.

El texto actual prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que aborten, y de hasta 20 años para quienes los practiquen, aunque son raros los casos judiciales que se abren por esta causa.

Los legisladores contemplan también la posibilidad de abordar el asunto en una ley aparte.

«Estamos cansadas de esperar, estamos cansadas de que los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas se pongan en juego, se posterguen, se dilaten», dijo a la AFP Molina, que además de activista es abogada. «Decidimos que este es el momento en que ya no se puede esperar más, el Código Penal está en discusión ahora».

Una veintena de tiendas de campaña se alinean frente a la sede del Ejecutivo. Las activistas visten el verde característico del movimiento en Argentina, el mayor país de América Latina en permitir incondicionalmente el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

Es legal además en Cuba, Uruguay y Guyana.

«Una democracia moderna no puede condenar a muerte a mujeres que eligen vivir», dice una pancarta colocada en una verja. «Vida, salud y dignidad», se lee en otra.

A pocas cuadras, frente al Congreso Nacional, grupos católicos y evangélicos se concentran cada día para tratar de evitar la despenalización.

«Las mujeres merecen algo mejor que abortar a sus hijos», se lee en un cartel que un hombre sostiene junto a un gigantesco rosario. «Oramos por el fin del aborto», dice otro.

Cerca de 90 000 abortos se practican al año en el país «de forma clandestina y en la mayoría de ocasiones en condiciones insalubres», dijo Rafael Mena, presidente de la asociación de hospitales privados.

Y entre 10 y 12 pacientes son atendidas diariamente en la red de salud pública dominicana por abortos incompletos, cuyas complicaciones pueden derivar en la muerte, según cifras oficiales.

Pero el aborto ha sido la gran piedra de tranca para la reforma al Código, que se plantea desde 1990. En 2014, el entonces presidente Danilo Medina la vetó precisamente por no incluir estas tres causales.

El actual mandatario, Luis Abinader, se ha mostrado también favorable al cambio en la ley, aunque el camino es largo antes de llegar a su despacho.

Su ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo a la AFP que las tres causales es «lo mínimo que debe concederle un estado democrático y de derecho a las mujeres». «Representan también un tema de derechos y de dignidad».

Pero la mayoría en el Congreso ya parece estar en contra.

Jesús Ogando, del partido en el poder (PRM) y mayoría en la cámara, aseguró que 110 de los 190 diputados «están a favor de la vida» y no apoyarían una reforma del Código Penal que incluya las tres causales.

La Iglesia católica ha insistido en que la despenalización es «inaceptable», dijo a la AFP Fausto Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo, asegurando que la institución es «un referente moral para la sociedad».

«Penalizar el aborto, no salva ninguna vida», subrayó por su parte la ginecobstetra Lilliam Fondeur. «El feto o el embrión muere, la mujer muere… no estamos salvando vidas, estamos matando mujeres a la hora de penalizar el aborto».

El Estado dominicano enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Rosa Hernández, que perdió a su hija de 16 años luego que, según denuncia, le negaran el tratamiento para una leucemia porque estaba embarazada.

«No le daban medicamentos ni tratamientos», criticó. «Como si el embarazo se iba a salvar con ella muerta».

marzo 23/2021 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Según esta fuente, eso supone un 40 por ciento más que en 2016. Por primera vez, la entidad realizó una encuesta entre asociaciones de médicos que trabajan para las aseguradoras mutuas de salud en los estados federados para determinar la cifra de pacientes con mutilación genital.

Según el estudio, en casi 200 de los casos diagnosticados se trata de niñas menores de edad, la mitad de ellas de menos de 12 años. Según la asociación, se trata de niñas y mujeres que fueron asistidas de forma ambulatoria por médicos de la seguridad social.

Las mutilaciones genitales tratadas con ingresos en hospitales o en consultorios privados no fueron incluidas.

«Lo que vemos basándose en esta cifra es solo la punta del iceberg y supone quizá entre el dos y el cinco por ciento del número real de víctimas de mutilación que viven en nuestro país, porque no hay voluntad de parte de los responsables en el plano político para hacer un relevamiento de datos completo», comentó la fundadora de «Taskforce», Ines Laufer.

La asociación estima que hay más de 20 000 niñas en peligro que provienen de países de alto riesgo donde las tasas de mutilación genital superan el 75 por ciento, por ejemplo, Egipto, Etiopía, Eritrea, Sudán, Mali y Somalia.

«Reclamamos la aplicación de medidas de protección estatales, como por ejemplo controles médicos regulares de integridad física y la implementación de la obligación por parte de los médicos de denunciar mutilaciones genitales en menores de edad cuando las detecten», enfatizó Laufer.

febrero 06/2021 (Prensa Latina) Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.