El Ministerio de Salud Pública de Uruguay alista la segunda fase de la estrategia para la eliminación y prevención del embarazo infantil y adolescente, trascendió hoy.

Según la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la iniciativa “se fundamenta en el reconocimiento de que el embarazo en niñas y adolescentes es un problema relevante de salud, derechos humanos y justicia social”.

Al presentar el nuevo plan, indicó que resultará la continuación de la estrategia intersectorial y nacional implementada en el período 2016-2020, que consiguió bajar “notablemente” la tasa de fecundidad adolescente.

Dijo que ahora se suma el objetivo de prevenir el embarazo adolescente (de 15 a 19 años) y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos.

«Constituye una grave vulneración de derechos humanos» y «está directamente asociado a la violencia sexual, la pobreza y la desprotección social», remarcó.

En 2024 Uruguay registró un total de 29 899 nacimientos, de los cuales 37 fueron en niñas de 14 años o menos, mientras 2 353 fueron en adolescentes de 15 a 19.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) identificó entre 2021 y 2024 un total de 190 embarazos en niñas de 11 a 14 años, recordó La Diaria.

El 60% de esa cifra fueron embarazos producto de abuso sexual confirmado o sin posibilidad de descartarlo; 48% de las niñas tenían antecedentes de haber vivido violencia, según los registros de ASSE.

«Esta realidad visibiliza una situación compleja y multifactorial que requiere la articulación urgente de los distintos sectores: educación, salud, protección social, justicia, comunidad y comunicación», destacó Lustemberg.

14 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | Noticia

En reciente intervención, publicada en la web de la ONU, Türk enfatizó que la crisis climática es una crisis de derechos humanos, e instó a los Estados a adoptar medidas urgentes y equitativas para garantizar una transición justa hacia un modelo sostenible.

Así se expresó durante su participación este lunes en el panel anual del Consejo de Derechos Humanos, donde enumeró impactos devastadores del cambio climático que hoy sufre la humanidad y el planeta: olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales que afectan los derechos a la vida, la salud y un medio ambiente limpio y sostenible.

La ola de calor que estamos viviendo aquí en Ginebra, dijo Türk, es un recordatorio inmediato de la necesidad de medidas de adaptación. Sin ellas, los derechos humanos estarán gravemente amenazados”, aseveró en su discurso.

Se refirió también críticamente a los actuales patrones de producción y consumo, calificándolos de «insostenibles» y subrayando que las energías renovables son el camino del futuro.

Aunque reconoció avances en este sentido, advirtió que aún falta una hoja de ruta clara para lograr una transformación justa de nuestras sociedades, cambio que exige «el fin de la producción y el uso de combustibles fósiles» y la reestructuración de sectores clave como la energía, la agricultura, las finanzas y la construcción, dijo Türk.

Insistió en la necesidad de integrar plenamente la igualdad de género, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la rendición de cuentas de las empresas en el proceso de transición.

Y en este sentido, denunció que las corporaciones de combustibles fósiles siguen difundiendo desinformación y bloqueando el cambio mediante «soluciones falsas y greenwashing (lavado de imagen verde)».

Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos conminó a la acción, recalcando que el cambio climático no solo es una cuestión ambiental, sino un imperativo moral y de justicia global.

01 julio 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

Por tercer día consecutivo, los defensores del derecho al aborto se movilizaron para protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular lo que muchos consideraban un derecho adquirido desde hace casi 50 años.

Cientos de personas se reunieron para una vigilia con velas la noche del domingo frente al tribunal superior, cerca del Capitolio en Washington.

En un país fragmentado, entre estados que ya negaron o negarán próximamente el derecho al aborto, garantizado desde 1973, y los que lo mantendrán o incluso lo fortalecerán, las diferencias de opinión han dado lugar a choques durante las movilizaciones en su mayoría pacíficas del fin de semana, lo que provocó decenas de detenciones y algunos casos de vandalismo.

En pocas horas, ocho estados impusieron desde el viernes -con Misuri a la cabeza- prohibiciones inmediatas al aborto y un número similar hará lo mismo en cuestión de semanas.

En un primer vistazo a las batallas legales que se avecinan, la organización proveedora de servicios de aborto más grande del país, Planned Parenthood, presentó una demanda en Utah para bloquear la prohibición decidida en ese estado.

Los gobernadores demócratas de Michigan y Wisconsin intervinieron a su vez para tratar de mantener la legalidad del aborto en esos dos estados del Medio Oeste.

Kristi Noem, gobernadora republicana de Dakota del Sur, donde el aborto ya ha sido prohibido en todos los casos, incluso de violación e incesto, calificó el fallo de la corte de «maravillosa noticia en defensa de la vida».

Hablando en «This Week», de la cadena televisiva ABC, Noem también expresó su apoyo a la legislación que prohíbe los «abortos por telemedicina» en los que un médico prescribe píldoras para interrumpir un embarazo, algo que puede llegar a convertirse en un recurso para las mujeres que quieran abortar en estados donde ya es o será ilegal hacerlo.

El gobernador Asa Hutchinson, de Arkansas, argumentó por su lado que «obligar a alguien a llevar a término un embarazo» para salvar a un bebé por nacer constituye un empleo «apropiado» del poder del gobierno.

Los estados deberían ayudar a las madres y a los recién nacidos con más servicios, incluida la adopción, dijo en «Meet the Press», de NBC.

El republicano se opuso, no obstante, a reclamos de prohibición del aborto a nivel federal, un objetivo final de numerosos sectores de la derecha religiosa, o de imponer restricciones a la anticoncepción, algo que en Arkansas «no se va a tocar», según dijo.

El presidente Joe Biden condenó el fallo de la Corte Suprema como un «trágico error».

La mayor esperanza del presidente de que esa decisión se revierta es que los votantes defiendan el derecho al aborto en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Mientras tanto, los demócratas han prometido defender los derechos reproductivos de las mujeres de todas las formas posibles.

En Wisconsin, donde podría volver a entrar en vigor una ley de 1849 que prohíbe el aborto, excepto para salvar la vida de la madre, el gobernador Tony Evers dijo que ofrecerá clemencia a cualquier médico que se enfrente a un proceso judicial, según medios locales.

La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, prometió por su lado «luchar como el infierno» por defender el derecho al aborto y dijo que una orden judicial temporal ha sido presentada en ese sentido.

La candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, dijo a CNN que en los próximos días su estado prohibirá todos los abortos después de las seis semanas de embarazos. «Es espantoso, y si soy gobernadora, haré todo lo posible para revertirlo», anunció.

La congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez advirtió que escenarios de pesadilla pronto pueden volverse realidad, ya que las mujeres que se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados deberán viajar largas distancias a estados donde el aborto sigue siendo legal o someterse a abortos clandestinos.

«Obligar a las mujeres a tener embarazos en contra de su voluntad las matará. Las matará», clamó la legisladora en declaraciones a NBC, instando a Biden a explorar la apertura de clínicas de atención médica en tierras federales en estados conservadores para ayudar a acceder a los servicios de aborto.

Según una encuesta de CBS publicada el domingo, el 59 % de los estadounidenses y el 67 % de las mujeres desaprobaron el fallo de la corte.

junio 27/2022 (AFP) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

El TEDH emitió tal dictamen en respuesta a la demanda de un ciudadano de Rumanía, quien señaló que la cuarentena de 52 días a que le sometieron puede igualarse a la privación de libertad y también afirmó que él no estaba infectado con coronavirus ni había contactado con personas infectadas.

Debido a la pandemia de la covid-19, en todo el territorio de Rumanía se declaró la emergencia, se prohibió a los ciudadanos abandonar sus casas, excepto en casos concretos y con la condición de presentar un documento confirmante, estableciendo multas a los infractores.

La queja de este rumano llegó a ser la primera denuncia por la que el TEDH tuvo que evaluar en qué grado el punto 5 de la Convención de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la libertad y la inviolabilidad, concuerda con la declaración del confinamiento.

El TEDH dictaminó: «El grado de la intensidad de limitación de la libertad de desplazamiento del demandante no era tal que permita evaluar la cuarentena general como la privación de la libertad».

En el resumen, la Corte de Estrasburgo señala que la pandemia puede tener consecuencias muy serias tanto para la salud de la gente como para la vida de toda la sociedad, para la economía y el funcionamiento del Estado, por lo cual la situación que surgió puede caracterizarse como «un contexto excepcional e impredecible».

También aduce que la medida se extendió a todos los habitantes del Estado; el demandante podía salir de casa por alguno de los motivos justificados, especificados en la ley, no se sometió a la vigilancia por parte de las autoridades, no fue obligado a vivir en un espacio reducido ni estaba privado de todos los contactos sociales.

«Por consiguiente, las condiciones de la cuarentena no pueden calificarse como iguales al arresto domiciliario», resumió el TEDH.

noviembre 18/2021 (Sputnik) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

Sin apoyo o sensibilización sobre salud mental, hay familias o instituciones que encadenan a las personas en contra de su voluntad, a menudo debido a que creen que su condición se debe a que están embrujadas, poseídas o han pecado, y las dejan comiendo, durmiendo, orinando y defecando en un espacio pequeño, dijo el organismo de derechos humanos en un informe.

De cara al Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, el informe documenta casi 800 entrevistas que describen cómo las personas con discapacidades psicosociales en países como China, Indonesia, Nigeria y México pueden vivir encadenadas durante años, atadas a árboles, encerradas en jaulas o en cobertizos para animales.

«Hemos visto la práctica del encadenamiento en diferentes religiones, estratos sociales, clases económicas, culturas y grupos étnicos. Es una práctica que se encuentra en todo el mundo», dijo Kriti Sharma, investigadora principal sobre derechos de personas con discapacidad de Human Rights Watch, en una entrevista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el Ministerio de Salud de México no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios. El portavoz del Ministerio de Salud de Nigeria sostuvo que los ministros no habían visto el informe y que se negaron a comentar.

El gobierno de Indonesia prohibió el encadenamiento de personas con problemas de salud mental en 2019 y presenta cargos judiciales contra quienes lo hacen, indicó Harry Hikmat, un funcionario de alto rango del Ministerio de Asuntos Sociales.

El año pasado, las redadas de las autoridades de Nigeria a centros de rehabilitación islámicos hicieron noticia a nivel mundial después de que niños y hombres revelaron que eran encadenados y sufrían golpizas y abusos sexuales.

En centros estatales y privados y en instituciones tradicionales y religiosas de todo el mundo, los encargados le niegan alimentos a las personas, les obligan a tomar medicamentos y les aplican violencia física y sexual, acusó Human Rights Watch.

Estos servicios pueden ser «negocios muy rentables», afirmó Sharma.

El organismo dijo que las familias a menudo encadenan a sus seres queridos por temor a que escapen y se lastimen a sí mismos o a otros.

«Me quedo en una habitación pequeña con siete hombres», relató un hombre keniano llamado Paul a Human Rights Watch. «No me permiten usar ropa, solo ropa interior. Como avena cocida por la mañana y, si tengo suerte, encuentro pan por la noche (…) He estado encadenado durante cinco años». (Reporte de Paul Carsten en Abuya y Angela Ukomadu en Lagos; Reporte adicional de Anthony Expósito en Ciudad de México y Agustinus Beo Da Costa en Yakarta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

octubre 07/2020 (Reuters). Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.